El Salvador: Parlamento afín al presidente Bukele prohíbe las manifestaciones y protestas

Primero, el presidente Nayib Bukele invadió el Parlamento para presionar a los legisladores para que aprueben leyes que él quería. Luego, se hizo llamar a sí mismo “dictador de El Salvador”. Más adelante, hizo que el bitcoin fuera una moneda de curso legal en un plan que deja más dudas que certezas a los economistas, y ahora, él sus diputados han aprobado una nueva ley que prohíbe las concentraciones y marchas que se han multiplicado en los últimos meses contra su administración y sus cuestionadas políticas.

Las más recientes protestas tuvieron lugar el 15 y el 17 de setiembre, cuando decenas de miles de salvadoreños y salvadoreñas se tomaron las calles para mostrar su descontento con el presidente ultraderechista que es mirado con recelo por otros gobierno de Centroamérica por los tintes autocráticos de su estilo, y ni siquiera la Policía Nacional Civil (PNC) pudo detener a los cientos de autobuses que traían gente de diversas localidades del país.

El presidente de la Asamblea Legislativa y exsecretario privado de Bukele, Ernesto Castro, presentó un decreto para prohibir las concentraciones de personas. Fue sometido a votación en el pleno del Parlamento unicameral y recibió el voto positivo de 63 oficialistas y 17 opositores votaron en contra.

El nuevo decreto ya vigente, titulado “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos y privados” es distinta a otro aprobado en julio pasado -que solamente regulaba las concentraciones en conciertos, mítines, fiestas patronales y eventos deportivos- porque afecta a las aglomeraciones de personas y se enfoca casi específicamente en las marchas y protestas antigubernamentales.

No aplica para los partidos de la Selección Nacional de El Salvador, que el gobierno de Bukele permitió con el aforo al 100% a pesar de las advertencias de expertos y médicos.

Las multitudinarias protestas ya tuvieron sus resultados: Bukele se vio forzado a dar marcha atrás con la presentación de una reforma al sistema jubilatorio. El fin de semana pasado, cuando fueron convocadas nuevas marchas, el gobierno desplegó decenas de retenes policiales en las carreteras para interrumpir el flujo de personas que venían del interior. Organizaciones civiles y medios salvadoreños denunciaron que a cientos de personas que venían en vehículos se les quitaron las llaves para impedir que siguieran avanzando hacia la capital San Salvador.

Decreto inconstitucional

El decreto aprobado choca de frente contra el Artículo 6 de la Constitución Política de El Salvador, que establece que es parte de los derechos fundamentales y garantías de las personas expresarse libremente y difundir sus pensamientos sin ser pasible de censura.

Asimismo, es derecho de los y las salvadoreñas asociarse libremente y reunirse pacíficamente, sin que esto configure un ilícito. Violar estos dos artículos sería inconstitucional, y solamente puede limitarse por medio de una modificación a la Constitución en sí.

Más adelante, en el Artículo 29 de la misma Carta Magna indica que solamente podrán limitarse estos y otros derechos con la declaratoria de un Régimen de Excepción, que no puede durar más de 30 días.

El polémico decreto reza que se suspenden “hasta el 8 de diciembre, a partir de la vigencia del presente decreto, toda concentración de personas en actos de carácter público o privado que impliquen concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen persona sin esquema completo de vacunación y en donde no se respeten los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno de El Salvador”.