Identificaron los restos del primer desaparecido en Uruguay tras una investigación promovida por Serpaj

 

El análisis de ADN sobre un cráneo que durante 28 años conservó en su consultorio de Tacuarembó un médico forense, permitió confirmar que un cuerpo hallado en el Lago del Rincón de Bonete en 1973 pertenecía al primer uruguayo desaparecido en democracia, Roberto Julio Gomensoro Josman.

Roberto Gomensoro había sido detenido en su domicilio de Montevideo el 12 de marzo del 73, a la 1.30 de la madrugada, por agentes vestidos de civil que se identificaron ante él y su esposa como miembros de las Fuerzas Conjuntas y lo llevaron en una camioneta «camello» del Ejército custodiada por un jeep.

El cuerpo, encontrado el 18 de marzo de 1973 por el propietario de un campo lindero al Batallón de Ingenieros Nº3 de Tacuarembó, estaba atado con alambres gruesos, rodeado con una malla de alambre nuevo y asegurado a tres pesadas piedras, con la intención de «fondearlo» en el lago.

Gomensoro nació el 30 de enero de 1949. Tenía 24 años cuando lo detuvieron. Estaba casado. Era estudiante y profesor con el grado de Ayudante de la Cátedra de Microgilogía de la Facultad de Agronomía. Era dirigente de la FEUU y militante del Movimiento de Independientes 26 de Marzo.

La confirmación de su identidad se logró luego de una gestión iniciada en diciembre del año 2000 por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que realizó trámites para la exhumación de los restos del cuerpo que había sido enterrado en 1973 en la tumba 10.936, cuadro 7, del cementerio de Paso de los Toros.

La tumba no fue encontrada y la Intendencia de Tacuarembó realizó denuncia penal del hecho. El caso implicó hasta una contienda de competencias entre los juzgados de Tacuarembó y Paso de los Toros, el que, a cargo de la doctora Adriana De los Santos, terminó por entender en la causa.

La jueza, que aún no dio por terminada su actuación, promovió la investigación que permitió recuperar el cráneo del consultorio del médico y ordenó realizar los exámenes de ADN. Al confirmar la identidad, presentó un informe de su descubrimiento a la Comisión para la Paz, que días atrás informó del caso a los familiares de Gomensoro Josman.

Un muerto en Rincón del Bonete

Aparicio Torres recorría su campo en la mañana del 18 de marzo de 1973, cuando junto a un alambrado que separa sus tierras y las del Batallón de Ingenieros Nº 3 vio lo que en un principio creyó que era un animal muerto. Al acercarse descubrió un cuerpo maniatado y en estado de descomposición.

Según consta en el expediente Nº 65/73 del Juzgado de Paso de los Toros, el dueño del campo y los peones Eduardo Cardozo y Ramón Rodríguez sacaron el cuerpo semitapado por las aguas del lago de Rincón del Bonete y dieron cuenta del hecho a la unidad militar.

Volvieron al sitio acompañados por el cabo Catalino Rosas, quien dio aviso a su superior Zenón L. Romero, que a su vez advirtió del caso a la policía local. El oficial Darci Ordeix y dos agentes concurrieron al lugar, del que se retiraron los efectivos militares.

La actuaria del Juzgado dispone el traslado del cadáver a la morgue del hospital departamental para realizar la autopsia y extraer huellas dactiloscópicas. El médico forense, Dr. Emilio Laca, realiza un completo informe con fecha 23 de marzo de 1973.

Era el cadáver de un hombre jóven de 1,75 de estatura y complexión delegada. Su estado no permitía obtener huellas identificatorias. Pese a las ataduras con alambre no tenía «lesiones traumáticas groseras» ni mutilaciones. Estaba literalmente «amortajado» con una malla de alambre, atada a tres piedras, dos pequeñas de 6 kilos de peso y otra más grande de unos 12 kilogramos.

En su informe, el Dr. Laca escribió que «la tarea» se realizó con tiempo suficiente, con la participación de varias personas (por lo menos dos), «alguna de las cuales con cierta capacitación demostrada por el hecho de haber envuelto el cuerpo en una malla como para evitar que emergiera alguna de las partes que pudiera desprenderse». También se buscó el lugar «solitario y resguardado de curiosos» y se contó con material y equipo apropiado, decía.

El 30 de marzo de 1995, en un informe firmado por Oscar D. Montaño, la publicación «Mate Amargo» informó sobre el caso y formuló la hipótesis de que aquel cuerpo fuera el de Roberto Gomensoro. Fundamentaba la presunción en el testimonio de presas políticas, detenidas entonces en Paso de los Toros, quienes escucharon a dos soldados de guardia decir: «El Rubio la quedó…»

La investigación realizada entonces por «Mate Amargo» confirmaba que el tipo de tejido de alambre utilizado sólo podía encontrarse en una unidad militar. También recordaba el informe periodístico que en el Batallón de Ingenieros Nº 3 fueron llevados detenidos los rehenes de la dictadura y que del lugar existen múltiples testimonios sobre torturas.

La segunda desaparición del cuerpo

El expediente iniciado en el Juzgado isabelino continuó su trámite durante algún tiempo en el que se solicitaron nuevas investigaciones y ampliaciones de testimonios. Cada cuatro o cinco meses hasta el 10 de abril de 1975 se pidieron informes a la Seccional 3ª de Policía de Paso de los Toros, sin obtenerse avances. El caso fue archivado con el Nº 294/75.

En diciembre de 2000, el Dr. Guillermo Payssé y Graciela Romero del Serpaj, se presentaron ante el intendente de Tacuarembó, Heber Da Rosa, a quien solicitaron la exhumación de los resto de aquel cuerpo encontrado en 1973 y enterrado como «NN» en la tumba 10.936 del cementerio de Paso de los Toros.

Se inició entonces el expediente administrativo 4024/00 del 14 de diciembre de ese año. Con fecha 24 de enero de 2001, el director de Higiene y Salubridad de la municipalidad, Dr. Juan A. Zilli, informó que en el libro de inhumaciones figuraba que el cuerpo habia sido sepultado el 20 de marzo del 73, pero no se había logrado identificar la fosa, no constaba que el cuerpo fuera inhumado, y se desconocía «el destino de los mencionados restos».

Por resolución del 9 de marzo de 2001, el informe del asesor letrado Dr Juan antonio Otegui reconoció que Serpaj estaba legitimada para su petición de exhumanción. El día 22 de ese mismo mes, los funcionarios de Serpaj inician una indagación en los cementerios de Tacuarembó y Paso de los Toros para encontrar la tumba desaparecida.

Encuentran entonces una serie de irregularidades. No aparecía la chapa 10.936 donde se había enterrado el cuerpo, pero aparecían otras chapas de cuerpos que constaban como exhumados el 14 de marzo de 1980. La situación fue denunciada a la Intendencia de Tacuarembó el 16 de abril, y el intendente Da Rosa dispuso una investigación administrativa pocos días después, en la que autorizó realizar excavaciones en el cementerio.

La instrucción realizada por los doctores Omar Estéves Barrios y Juan Angel Zilli, derivaron en un informe que llevó el 11 de julio de ese año al propio intendente Da Rosa a dar por concluida la investiagación administrativa y dar cuenta a la Justicia Penal competente de Tacuarembó y Paso de los Toros, el 9 y 10 de agosto respectivamente, a quienes se remitió los testimonios obtenidos.

Una jueza que manda investigar

En la denuncia de hechos firmada por el abogado Juan Antonio Otegui se incluía un numeral 5º donde se indicaba que «de las declaraciones testimoniales surge que el desconocido fue enterrado en el triángulo 5 (…) y que aproximadamente a la semana de enterrado fue exhumado y le sacaron la cabeza llevándosela y que el resto del cuerpo fue enterrado en el mismo lugar».

Con esa frase se encontró la jueza Adriana De los Santos cuando finalmente el caso quedó bajo la jurisdicción del J
uzgado Letrado de Paso de los Toros. Desde entonces comenzó una indagación en la que recabó testimonios que le permitieran identificar el paradero del cráneo del «NN» ya que no era posible encontrar el resto del cuerpo.

Las indagaciones sugerían que los restos de aquel cadáver encontrado en el lago de Rincón del Bonete en 1973 habían sido intencionalmente perdidos: o se había cambiado la chapa identificatoria de la tumba, o el cuerpo había sido removido sólo unos meses antes de que llegaran al cementerio de Paso de los Toros los funcionarios de Serpaj.

Según el testimonio del encargado del cementerio, Sr. Alvez, con 18 años de funcionario en el lugar, tres meses antes de que se presentara Serpaj (es decir, un mes después de que la organización de derechos humanos pidieran por la tumba NN a la Intendencia de Tacuarembó) se realizó la exhumación de un cuerpo en la misma zona, cuando Alvez se encontraba de licencia.

Fuentes judiciales consultadas por LA REPUBLICA explicaron que la jueza De los Santos había tenido singular protagonismo público en el verano del año 2000, cuando actuaba en el Juzgado de Maldonado y ordenó el procesamiento del futbolista argentino Diego Armando Maradona.

En particular silencio, logró saber que el cráneo de aquel cuerpo había quedado en manos del propio forense policial Emilio Laca, quien lo tenía expuesto en su consultorio. El médico aceptó entregar la prueba ósea y la jueza solicitó los exámenes identificatorios.

El antropólogo forense Horacio Solla, de reconocida actuación en los casos de Eugenio Berríos y en el caso del pescador Oliver Sena, fue quien realizó la primera prueba comparativa en la que se confirmó positivamente que la muestra ósea correspondía a la identidad de Gomensoro Josman.

La jueza De los Santos envió un informe con lo actuado a la Comisión para la Paz, que se encargó de informar a los familiares del desaparecido.

La familia espera ahora que se obtengan datos sobre la situación del hermano de Roberto, Hugo Gomensoro Josman, desaparecido en Buenos Aires el 13 de mayo de 1976. *