15 de abril: ¿El día en que se engendró la impunidad?

 

1 – El Uruguay de 1972

La herencia de Pacheco

La lucha política y electoral que caracterizaron 1971, luego del surgimiento del Frente Amplio que implicaba una ruptura del tradicional bipartidismo uruguayo, se cerraba con las denuncias de Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra de que el Partido Nacional había sido víctima de una «estafa electoral».

En complejas elecciones nacionales, el presidente colorado Jorge Pacheco Areco no había logrado imponer una reforma constitucional que permitiera su reelección y, luego de setenta y cinco días de «sórdido» escrutinio, los uruguayos se enteraron que tenían como nuevo mandatario al hasta entonces ministro de Ganadería y Agricultura, Juan María Bordaberry.

Al comenzar el nuevo año, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros proclamaba desde Paysandú el fin de la tregua unilateral declarada ante los comicios. Como contracara, el semanario ultraderechista «Azul y Blanco» afirmaba que «la dialéctica de las palabras, debe ceder su lugar a la dialéctica de las pistolas» y auguraba: «Si quieres paz, prepárate para la guerra».

El MLN mantenía secuestrados a Ulysses Pereyra Reverbel, Carlos Frick Davies y Ricardo Ferrés Terra, a quien liberaba el 28 de enero. Ese mismo día, eran secuestrados el fotógrafo técnico de la policía, Nelson Bardesio, y el redactor responsable de «Acción», diputado Homero Fariña. También se sucedían las acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales (FARO), la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) y el grupo «22 de Diciembre», disidente de los tupamaros.

La organizaciones políticas de izquierda habían logrado su mejor votación de la historia (5 senadores y 18 diputados) con un Frente Amplio al que se habían sumado destacadas figuras de los partidos tradicionales. La central única de trabajadores (CNT) estaba enfrentada a la política económica y los conflictos se multiplicaban. La gremial estudiantil (FEUU) evidenciaba su militancia en Universidades y liceos, donde chocaba con la ultraderechista Juventud Uruguaya de Pie (JUP) que anunciaba su «Plan Terremoto»: «1972 será un año decisivo; o salvamos al país o nos hundimos con el país», arengaban.

 

La asunción de Bordaberry

El 1º de marzo, Bordaberry asume el gobierno de un país con medidas prontas de seguridad vigentes, con más de un centenar de detenidos «a disposición» del Poder Ejecutivo, y en el que meses antes las Fuerzas Armadas habían sido llamadas a dirigir la lucha antisubversiva al frente de las llamadas fuerzas conjuntas.

El gabinete de Bordaberry queda integrado, entre otros, con el abogado Alejandro Rovira en el Ministerio del Interior, el general Enrique Magnani en Defensa Nacional, Francisco Forteza en Economía y Finanzas, y Julio María Sanguinetti en Educación y Cultura. También nombra como nuevo comandante en jefe del Ejército, al general Florencio Gravina y como nuevo jefe de Policía de Montevideo, al coronel Roberto Zubía.

Como primeras medidas, el nuevo gobierno resuelve una devaluación monetaria del cien por ciento y envía al Parlamento un proyecto de «Ley de Seguridad del Estado» que incrementa las penas a quienes atenten contra la Constitución. Se eliminan los reintegros para las exportaciones, se deroga el recargo a las importaciones, se legaliza el mercado paralelo de cambios, se duplican los precios de alcoholes y combustibles, aumentan un 90 % las tarifas de UTE, se impone una veda al consumo de carne y, antes de terminar Semana de Turismo, se aumentan unos cuatrocientos artículos de consumo en un 37 %, pero sólo se elevan los sueldos de la industria privada un 20%.

En los primeros cuatro meses del año se denuncian sesenta atentados en Montevideo. Locales partidarios del Frente Amplio, casas de militantes, defensores de presos políticos, familiares de detenidos, docentes de centros de enseñanza y librerías fueron víctimas de bombas incendiarias y balaceras. Estos ataques no llevan a la detención de ningún sospechoso.

El 12 de abril de 1972 se produce una nueva fuga del penal de Punta Carretas: 15 tupamaros y seis presos comunes protagonizan lo que se conoció como «el gallo». Salieron por un túnel de sesenta metros que comunicaba a la red cloacal. Reeditaban el escape («»el abuso»») que un año antes habían hecho 111 presos en el mismo lugar.

Los datos anteriores, extraídos de la cronología comparada «La Caída de la Democracia» (1967-1973) editada por la Fundación de Cultura Universitaria y el libro «Alto el Fuego» de Nelson Caula y Alberto Silva, resultan elocuentes: los primeros meses del año 1972 confirmaban las previsiones de una agudización del enfrentamiento y la violencia política en el país, aunque nadie sospechara que en aquel el mes de abril se produciría un quiebre histórico que determinaría el futuro del Uruguay por los siguientes treinta años.

 

2 – El mes de abril

El Escuadrón de la Muerte

En varias investigaciones históricas se relatan detalles de cómo se fueron constituyendo los grupos paramilitares que actuaron en Uruguay en la década del sesenta y a principios de los setenta, y cuyas ramificaciones y herencias metodológicas pueden llegar, con otros nombres, hasta nuestros días.

Las actividades de injerencia interna por parte de la CIA, el FBI y otros servicios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, se han detallado en diversos libros de «arrepentidos» y ex agentes cuyas denuncias han confirmado no pocos documentos «desclasificados» del gobierno norteamericano.

La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y la United States Information Services (USIS) fueron dos de las agencias que, en contacto con embajadas de países con dictaduras en la región (Paraguay, Brasil y Argentina), fueron cooptando elementos policiales y militares uruguayos para jugar de peones en el tablero de la «guerra fría».

El 2 de febrero de 1970, la Asociación de Magistrados Judiciales hace públicas sus denuncias contra el juez Púrpura, a quien se acusa de intentar integrar a la CIA a jueces y abogados. Púrpura, conectado con mandos policiales y militares, reconoce la creación de «grupos de choque anticomunistas» que entrenaban en Florida. El magistrado termina por renunciar el 7 de setiembre de ese año.

Los convulsionados años sesenta habían dejado «marcados» a muchos militantes de izquierda, víctimas de este tipo de organizaciones. Desde tiempos de Nardone actuaban grupos parapoliciales que tatuaban «svásticas» en estudiantes. Pero es a fines de la década que con asesoramiento norteamericano se aceitan grupos de acción que sobrepasan los juegos de vigilancia e inteligencia.

Las páginas secretas de los Escuadrones de la Muerte se abren cuando el MLN-Tupamaros secuestra al fotógrafo-agente Nelson Bardesio, quien confiesa cómo una serie de «comandos», que habían actuado en asesinatos y atentados políticos, eran coordinados y daban cuenta a las más altas estructuras del Estado. No había paramilitares, sino terrorismo de Estado.

Las «Actas de Bardesio» describen los atentados a los abogados Arturo Dubra, Alejandro Artuccio y Manuel Liberoff y a la periodista María Esther Gilio. La orden venía del propio Ministerio del Interior. También reconoce los asesinatos del Abel Ayala y Manuel Ramos Filippini en julio de 1971, y el de Héctor Castagnetto el 17 de agosto de ese año. El 28 de febrero del 72, con Bardesio secuestrado, un «Comando Caza Tupamaros» tortura y mata a Ibero Gutiérrez: «Vos también pediste perdón. Bala por bala, diente por diente», decía una esquela sobre su cuerpo.

 

La historia «oficial» del 14

En el libro «La Subversi