Hace 25 años se vaciaban las cárceles de la dictadura

Ese día, hace 25 años, cesaba la aplicación del mecanismo principal de represión aplicado por la dictadura uruguaya: la prisión política prolongada, acompañada en todos los casos por la tortura. Se han documentado casi 6 mil casos de prisión política, pero las denuncias de organizaciones políticas y sociales que resistieron la dictadura elevan la cifra a más de 10 mil.

La prisión y su acompañamiento infaltable, la tortura, fueron la amenaza permanente para todo aquel que decidiera participar de la resistencia y luchar por la democracia y la libertad. Afectó directamente a decenas de miles de uruguayas y uruguayos, los presos y sus familiares; pero fue también una forma de presión y amenaza hacia el conjunto de la sociedad.

El terrorismo de Estado encarceló y torturó sin pausa durante los 12 años de dictadura e incluso antes, durante la vigencia de las medidas prontas de seguridad. No es un detalle recordar que el último muerto en tortura fue el 16 de abril de 1984, Vladimir Roslik, siete meses antes de las elecciones y trece meses antes de la liberación de todos los presos políticos.

Todo eso se expresaba y conjugaba el 14 de marzo de 1985 cuando los últimos 47 hombres y mujeres dejaban las cárceles y eran recibidos por una multitud.

 

La prisión como instrumento privilegiado de represión

Más allá de las discusiones que aún perduran, tanto en el terreno académico como en el político, las investigaciones en diversas ramas de las ciencias sociales realizadas durante todo este tiempo, pero llevadas a un nuevo nivel en este último lustro, demuestran que la dictadura fue un proyecto estructurado, que aplicó masivamente el control social y el terrorismo de Estado y que su objetivo fue toda la sociedad.

El terrorismo de Estado tuvo varias dimensiones.

Se vigiló y se reprimió, en distintos niveles a la sociedad entera. Se ha logrado documentar que en Inteligencia de la Policía había 300 mil fichas individuales de ciudadanos y ciudadanas que fueron vigilados.

La Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985) publicada por la Universidad de la República, documentó 116 muertes, 172 desapariciones y 5.925 presos y presas políticas, entre ellos 69 niños y niñas que o nacieron en prisión o fueron secuestrados junto con sus padres y permanecieron presos, ellos también, durante meses o años.

La propia investigación de la Udelar reconoce el carácter incompleto aún de la misma, la necesidad de acceder a más documentación e información. El número de desaparecidos, por ejemplo, es menor al que denuncian Madres y Familiares de Desaparecidos, esta organización lo sitúa en más de 180.

Algo similar ocurre con el número de presos y presas políticas. Las organizaciones clandestinas de resistencia a la dictadura, políticas y sociales, denunciaron en los años 80 que entre 10.000 y 11.000 uruguayas y uruguayos, durante diferentes períodos de tiempo, con diferentes modalidades de detención y en diferentes lugares (establecimientos de las Fuerzas Armadas, dependencias policiales, centros clandestinos de detención), fueron prisioneros políticos.

Estas cifras, las documentadas y las denunciadas, le dan sustento a la definición que la investigación de la Udelar realiza: «La detención masiva de personas y su encierro carcelario prolongado fue el mecanismo represivo principal aplicado por la dictadura uruguaya».

 

Características de la prisión

Todas y todos los presos políticos pasaron por un período de tortura, ya sea en establecimientos clandestinos o en unidades militares y policiales utilizadas masivamente al efecto. Algunos de ellos permanecieron períodos variables de tiempo detenidos y no fueron procesados por la Justicia Militar, pero además de las consecuencias físicas y psicológicas, quedaron fichados y con serias dificultades para continuar con su trabajo o sus estudios. Otros miles, fueron procesados, en juicios sin ninguna garantía, y condenados por la Justicia Militar. En las prisiones de la dictadura, enfrentaron condiciones de reclusión que eran en sí mismas una forma permanente de tortura; hubo dos establecimientos emblemáticos: el Penal de Libertad, para los hombres, y Punta de Rieles, para las mujeres, pero también se utilizaron unidades militares e incluso dependencias del entonces Consejo del Niño. Aislamiento, regímenes de castigo, visita limitada y controlada, hostigamiento, negación de asistencia, censura e incluso traslados a interrogatorios y tortura directa.

Ese fue el infierno cotidiano de miles de uruguayas y uruguayos, durante años.

Inclusive la vejación se prolongaba luego de la liberación. Tenían un régimen de libertad vigilada que los obligaba a reportarse periódicamente a una unidad militar y dar cuenta de todos sus movimientos. En una de las muestras más increíbles de la infamia, la dictadura les cobraba a los presos políticos luego de su liberación lo que se denominaba «expensas carcelarias» y se especificaba como «gastos de alojamiento (sic), vestimenta y alimentación». Para decirlo más claro, la dictadura abría cuentas en el BROU para que los presos políticos liberados pagaran por haber estado secuestrados y torturados.

 

La libertad

Todo este aparato estatal pervertido ­ya que la dictadura transformó la función del Estado de estar al servicio de los ciudadanos, y pasó, en todos sus niveles, a estar para perseguirlos y reprimirlos­ tuvo como respuesta la organización, la resistencia y la solidaridad. Nunca los presos estuvieron solos, nunca se dejó de denunciar la caída de un militante. Se organizaron redes solidarias para enviar paquetes a los presos que no tenían familias, se rodeó a los niños y niñas, especialmente a los que tenían a sus dos padres presos o muertos o desaparecidos. Se rodeó a los liberados, los entonces llamados «cabecitas peladas», porque en el Penal de Libertad eran sistemáticamente rapados a cero. Las cárceles fueron, en sí mismas, por la conducta ejemplar de la inmensa mayoría de los presos, centros de resistencia a la represión fascista.

Cada liberación era motivo de reunión y de solidaridad.

Por eso, cuando la dictadura empezó a tambalear y la lucha popular se hizo incontenible, el reclamo de libertad para los presos políticos estuvo siempre: en los 1º de mayo de 1983 y 1984, en las marchas estudiantiles, en el Obeliscazo, en las movilizaciones políticas.

Pero obviamente 1985 fue un año especial, luego de asumir el primer gobierno democrático, se votó el 8 de marzo de 1985 en el Parlamento la denominada Ley de Pacificación Nacional, que establecía como plazo para la liberación de los presos el 14 marzo. Quedaban 255 presos: 228 en el Penal de Libertad y 27 mujeres en la Jefatura de Policía.

El domingo 10 de marzo, en medio de una inmensa movilización popular que rodeó el Penal de Libertad, fueron liberados 173 hombres y 20 mujeres de la Jefatura. Entre ellos el actual Presidente de la República, entonces rehén de la dictadura, José Mujica.

El martes 12 de marzo fueron liberados otros 15 presos políticos, 13 hombres y 2 mujeres.

Finalmente, a las 20.00 horas del jueves 14 de marzo, cuatro horas antes del vencimiento del plazo legal, fueron liberados los últimos 47 presos políticos. Otra vez una multitud los recibió.

 

25 años después

Mucho ha cambiado. Quizá una de las imágenes más expresivas de ese cambio sea que hoy, el Presidente de la República, es uno de los presos que recuperaba la libertad hace 25 años.

Pero la sociedad uruguaya recién comienza a asumir la dimensión del impacto de la prisión política en su seno.

Miles de uruguayos la sufrieron y hoy enfrentan las consecuencias. Las más obvias en la salud, psíquica y física. Cientos de ex presos y ex presas han muerto de enfermedades, particularmente de cáncer y cardiovasculares, como consecuencia de la injusta prisión prolongada y las torturas.

Otras no son tan obvias. Las dificultades de reinserción laboral, la reconstrucción del núcleo familiar. Todas ellas graves y complejas.

Pero la más grave, ya no en el plano individual, sino como sociedad, fue y es la falta de justicia. Se ha avanzado mucho. Hay una ley de reparación que hay que perfeccionar, se avanza en el reconocimiento de su lucha y en la reconstrucción de la memoria histórica.

Pero ninguno de los responsables de la prisión y la tortura de miles de uruguayas y uruguayos ha respondido por ello. Se ha avanzado en la búsqueda de los desaparecidos, aún falta mucho y también en el juzgamiento por los asesinatos políticos.

Falta actuar sobre lo que fue la principal modalidad represiva de la dictadura; lo impide la vigencia de la Ley de Caducidad.

No se trata de venganza, ni de odio, se trata de un objetivo clave para la convivencia democrática plena: justicia.

ternura» de Alberto Silva, con consentimiento de su autor, fue tomada por el fotógrafo Jorge Vidart.