Colisiona el interés público con  el privado en la Estación Central

Resulta muy difícil saber hasta cuándo los uruguayos deberán continuar pagando los costos de gobiernos que apelaron a la imprevisión, la falta de un proyecto país, los «gobiernos divertidos».

Actualmente está entrando en una fase de decisiones uno de los peores negocios realizados durante la administración Sanguinetti. El propagandeado Plan Fénix lanzado por el gobierno de Sanguinetti se basaba en impulsar a inversores inmobiliarios a transformar la costanera junto al puerto en la zona de la Estación Central. Previamente el entonces presidente había decidido borrar del mapa al tren en una de las decisiones político-administrativas más erróneas, con mayor desconocimiento del presente y futuro del ferrocarril en el mundo y dejando en claro la falta de una estrategia de desarrollo para Uruguay.

 

El Plan Fénix

Para llevar adelante la iniciativa el BHU creó una sociedad anónima, Saduf. Una de las grandes coincidencias fue que la empresa que licitó con éxito, Glenby SA, era propiedad del empresario que fue más beneficiado por las administraciones del BHU con la adjudicación de más del 35% de las licitaciones para construir soluciones habitacionales. Pero un día comenzaron a llegar los juicios debido a complejos habitacionales que nunca construyó y/o a edificaciones con serias fallas de construcción, todo ello sazonado con otro mecanismo basado en la aprobación de proyectos que luego no se cumplían y que daban lugar a demandas por parte del Banco, pero también de Barboni, que alegaba incumplimiento de contrato.

En setiembre de 2001, durante la administración Batlle, la empresa Saduf y la constructora Glenby firmaron un contrato para desarrollar un moderno proyecto urbanístico. La inversión del BHU en este negocio incluyó, entre otras cosas, la compra del predio a AFE (7.800.000 dólares), la remodelación de techos y fachada (2.100.000 dólares) y la construcción de la nueva terminal de trenes y playa de maniobras (5.246.054 dólares), da cuenta una nota de «La Diaria».

La demora en el traspaso de los predios, adjudicada a AFE, terminó en que el acuerdo entre Saduf y Glenby cayera en febrero de 2003 por mora, luego de que la firma de Barboni se negara a ocupar el inmueble porque todavía había trenes y otros materiales adentro (se demoró 15 días pasada la fecha acordada para finalizar la desocupación).

Seguidamente el BHU demandó a Glenby por incumplimiento y solicitó la rescisión del contrato y ésta, en respuesta, inició un juicio por incumplimiento del convenio, a lo que agregó «daños y perjuicios».

La Justicia civil desestimó las acciones de rescisión y disolución de contratos planteadas por Saduf. Lo curioso es que para la Justicia ha resultado sin ningún valor que el BHU invirtiera 10 millones de dólares, mientras que Glenby SA pagó una primera cuota de U$S 250.000 que según informaron a LA REPUBLICA fuentes oficiales, anteriormente había recibido como préstamo por parte del BHU por la adquisición de los terrenos de la ex playa de maniobras.

Pero el actual Ministerio de Transporte y Obras Públicas inició trámite de expropiación en 2008 a los terrenos que funcionaron como playa de operaciones de la ex terminal ferroviaria, con el fin de ampliar la capacidad operativa del Puerto de Montevideo ­asfixiado por la ciudad y la Torre de Antel­. Se pretendió desarrollar a pleno la ampliación de muelles, en particular el Muelle C, cuya construcción se realizará durante 2010, por lo que se niega a entregarlos a pesar de una decisión judicial favorable a Glenby, lo cual motivó que el abogado de la empresa, Daniel Hugo Martins, ex ministro de Defensa durante la presidencia del doctor Luis Alberto Lacalle, anunciara que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia entendiendo que el proceso expropiatorio es «inconstitucional».

Desde el gobierno se entiende que una vez que eso suceda el máximo organismo de Justicia deberá dilucidar y sopesar no solamente los argumentos jurídicos que esgrimirán las partes en litigio sino que también tendrán que tomar posición y definir si favorecerá a una empresa que desde hace muchos años viene siendo objeto de juicios y litigios y últimamente fue analizada por una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que entre otras cosas concluyó: «catorce programas habitaciones tuvo a cargo Barboni. Por las obras que hoy (año 2006) están detenidas y otras sin ocupar y todas emprendidas por Barboni, el BHU tuvo sólo el año pasado una pérdida de casi 11 millones de dólares», u optar por entender que las razones esgrimidas por el Poder Ejecutivo responden a un bien mayor de carácter nacional. En efecto, o Barboni impone su interés privado o el país logra que el Puerto de Montevideo trabaje en esa zona, que le es tan necesaria para el desarrollo de este enclave que ha sido definido como imprescindible para posicionar a nuestro país como un centro logístico regional.