Uruguay era el "Cóndor 5" y Gavazzo figura como "el jefe" de "CONDOROP"

Los documentos del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) ubicados en febrero de 2005 por la entonces ministra Azucena Berrutti en una dependencia militar, fueron mantenidos bajo análisis por la administración de Tabaré Vázquez durante casi cuatro años y recién semanas atrás iban a ser enviados al Poder Judicial, donde desde hace años se procesan varias causas relacionadas al Plan Cóndor.

Los archivos, a los que accedió LA REPUBLICA, contienen documentos esclarecedores sobre la llamada «Operación Cóndor», creada el 26 de noviembre de 1975 durante una reunión convocada por el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, en Santiago de Chile, donde Uruguay fue representado por el coronel José A. Fons, del SID.

Aquella reunión fue inaugurada por el propio Augusto Pinochet en la sede de la Academia de Guerra, donde el general Contreras recibió al capitán de navío Jorge Casas (Argentina), al mayor Carlos Mena (Bolivia), al coronel Benito Guanes Serrano (Paraguay) y al coronel Fons (Uruguay), quien propuso bautizar la operación con el nombre «Cóndor» en honor a los anfitriones.

 

«Cóndor 1″ a «Cóndor 5″

En la documentación se confirma que los cinco países miembros de la «Operación Cóndor» se numeraron por orden alfabético: Argentina era el «Cóndor 1″, Bolivia el «Cóndor 2″, Chile el «Cóndor 3″, Paraguay el «Cóndor 4″ y Uruguay el «Cóndor 5″. Brasil figuraba formalmente en la operación aunque colaboraría en la coordinación represiva con sus vecinos.

Uno de los documentos obtenidos por LA REPUBLICA está fechado en Buenos Aires el 9 de abril de 1976 (pocos días después del golpe de Estado en Argentina y antes del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz) y allí el «Cóndor 1″ (Argentina) le pide al «Cóndor 5″ (Uruguay) confirmar la documentación de un ciudadano salteño sobre quien preguntan si era «de interés para el servicio».

La documentación incluye fichas de intercambio de faxes con los demás integrantes de la Operación Cóndor, que se enviaban con un cifrado secreto que sólo era posible decodificar por personal especialmente entrenado. Los archivos ahora desclasificados incluyen los nombres de los oficiales uruguayos a cargo de esa tarea, cuyo testimonio será muy útil a la Justicia.

 

«El Jefe del Condorop»

Otro de los archivos es una carta oficial del Departamento III (Planes-Operaciones-Balance) del Servicio de Información y Defensa, que aparece firmado por «El Jefe de Condorop» (Operación Cóndor) y tiene la firma del entonces mayor José «Nino» Gavazzo, quien hasta la fecha había negado a la Justicia su participación en ese operativo represivo internacional.

El documento está fechado el 16 de agosto de 1976, es decir, luego del primero de los secuestros masivos que Gavazzo y la «patota» de la OCOA (Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas) realizaron en Buenos Aires para el traslado ilegal de 23 uruguayos que fueron torturados en el centro clandestino Automotores Orletti.

La carta confirma, a la vez, que Gavazzo era el «jefe de la Condorop» cuando en setiembre de 1976 se realizó otro masivo secuestro de 22 uruguayos, quienes luego de su captura y tortura en Orletti fueron trasladados ilegalmente en el llamado «segundo vuelo» a Montevideo, donde aún permanecen desaparecidos.

 

El «Decálogo» del Cóndor

Las investigaciones realizadas en los últimos años desde LA REPUBLICA y, en particular, el testimonio del informante que aportó los datos para hallar a Simón Riquelo y denunciar el «segundo vuelo» de Orletti en 2002, permiten sintetizar un «decálogo» con las «reglas» que tenía la «Operación Cóndor»: 1- Por la red de información se solicitaban datos y capturas o se informaba sobre la detención de sospechosos cuya identidad se buscaba confirmar. (Diversos casos fueron denunciados a lo largo de los años, pero ahora han aparecido facsímiles del intercambio de comunicación entre los miembros de la «Operación Cóndor», que son explícitos al respecto) 2- Si el detenido era «de interés» de los represores de su país de origen, se transformaba en «objetivo» y se enviaba a agentes para su interrogatorio. (Es claro el testimonio de Antonio Viana Acosta, secuestrado a principios de 1974. Del mismo modo ocurrió en 1976 con la detención policial de Gerardo Gatti en Buenos Aires, que motivó primero un intento de extorsión y llevó luego a los operativos desde Orletti) 3- El agente «visitante» era recibido por una división policial especializada («extranjería») ante quien debían reportar sus acciones en suelo extranjero. (En Argentina, era la División Extranjería de la Superintendencia de la Policía Federal, que comandaba el comisario Alberto Villar, uno de los jefes de la Triple A, quien había sido contacto de los represores uruguayos desde 1973). 4- Las operaciones de secuestro las realizaban las fuerzas locales en presencia del «visitante», quien no debía utilizar su arma si no había enfrentamiento. (Matilde Rodríguez Larreta identifica a argentinos al mando, pero oye voces uruguayas en el operativo de secuestro de Héctor Gutiérrez Ruiz en mayo de 1976. Lo mismo han testificado los sobrevivientes del primer vuelo de Orletti. Un uruguayo siempre se escuchaba entre las voces de la patota argentina) 5- Los represores locales llevaban al secuestrado a un centro clandestino de detención («pozo») donde el agente visitante lo torturaba por datos o dinero. (Hasta 1976, en Argentina se utilizaba la sede de «Coordinación» Federal o la Brigada de San Justo. Luego del golpe de Estado argentino se crearon los pozos de Orletti, ESMA Banfield y Olimpo. En todos ellos hubo víctimas uruguayas.) 6- El «botín de guerra» se repartía en tercios: uno para los «visitantes», otro para el «grupo de tareas» local y el otro para «extranjería», que despejaba el área. (El dinero robado a las víctimas de Orletti fue utilizado en el enriquecimiento propio o en la compra de otras bases de tortura en Argentina (en Coronel Díaz 2079 aún funciona la base antiterrorista) y Uruguay (la «Casona de Millán» y la «Base Valparaíso», desde la cual construyeron edificios que luego vendieron) 7- Ningún agente local debía liquidar a «extranjeros», salvo durante un tiroteo o con autorización expresa de las autoridades de su país de origen. (No fueron argentinos los asesinos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Toda muerte o desaparición era resuelta por el país de origen. Incumplimientos de esta regla generaron roces, como cuando fueron ejecutados Hugo Méndez Donadio y Francisco Candia como represalia por un atentado de los Montoneros). 8- «Cada cual se hace cargo de su propia basura», decían para justificar la repatriación ilegal de ciudadanos o evitar la ejecución de un extranjero. (Eso implicó el traslado de los secuestrados a su país de origen en todos los casos, salvo cuando ya habían muerto durante su captura o durante la tortura.

Luego debían ser ejecutados y difundir que habían regresado clandestinos o hacer desaparecer sus cuerpos) 9- La muerte, durante la detención, el interrogatorio o por ejecución para su desaparición, se conocía como pasar al «objetivo» a «disposición final». (La repatriación implicaba la disposición final de las víctimas. La existencia de sobrevivientes uruguayos en Orletti provocó una fuerte ruptura entre las patotas de Argentina, que no querían testigos vivos, y de Uruguay, que necesitaba mostrar guerrilleros operando en territorio nacional y fraguó la captura del «primer vuelo» en el chalet «Susy» del balneario Shangrilá) 10 ­ Los hijos de víctimas de desaparición también se repartían procurando que no quedaran en su país de origen para dificultar su recuperación. (Esta regla explica por qué los niños uruguayos desaparecidos fueron recuperados en manos de militares o policías argentinos. Macarena Gelman apareció en Uruguay, mientras Anatole y Victoria Julien terminaron abandonados en Chile. Aún hay en Uruguay niños desaparecidos).