PIT-CNT rechazó "todo tipo de privatizaciones"

El PIT-CNT recordó que la investigación para conocer el destino de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar ha sido uno de los postulados históricos del movimiento sindical.

«Por supuesto que no podemos más que valorar positivamente que desde el gobierno se habilite para que se ingrese a esas dependencias militares en las que desde hace casi 20 años se ha estado denunciando que existen o existieron cementerios clandestinos de la dictadura.

Sin embargo nos parece que existen suficientes disposiciones en nuestra Constitución y en los Convenios y Tratados internacionales para fundamentar una voluntad investigadora del actual gobierno a las que el gobierno no acude y sí lo hace con respecto a un artículo –el 4to–, de una ley claramente cuestionada internacionalmente», señaló la oradora.

Agregó que la central obrera está de acuerdo con Vázquez cuando éste expresó que la desaparición de María Claudia García de Gelman y los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz no deben entrar en la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

«Las organizaciones de derechos humanos hemos expresado que Uruguay al adquirir compromisos internacionales, ha aceptado que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que como tal no prescribe, que por su naturaleza es permanente, por lo que se sigue cometiendo continuadamente hasta que aparezca la persona con vida, o, en su caso, hasta que aparezcan sus restos y pueda certificarse legalmente la fecha y causa de su muerte».

Sin embargo, se expresó desacuerdo en cuanto a que las víctimas de ambos bandos sean resarcidas económicamente de la misma manera.

«Permítanos señor Presidente, recordarle que ese punto de vista que equipara la situación de una víctima de violación de sus derechos humanos por parte del Estado, con la situación de un policía o un militar caído en un acto de servicio, es jurídicamente inaceptable. Los derechos humanos, según los fundamentos de los convenios y las leyes internacionales suscritas por Uruguay, fueron concebidos para proteger a las personas de los atropellos y las arbitrariedades de los Estados. Por esa razón nos resulta inaceptable que un agente del Estado sea equiparado a los que fueron víctimas de los atropellos y la acción criminal de ese mismo Estado», manifestó Marquizio.

 

No a las privatizaciones

La reactivación productiva, la garantía e implementación de programas sociales, la distribución equitativamente de la riqueza y contralor de la explotación y cuidado de los recursos naturales del país fueron reseñados como ejes medulares en la plataforma del PIT-CNT.

«Como protagonistas directos del quehacer estatal no estamos conformes con su funcionamiento. La burocracia, la corrupción, el clientelismo, la falta de transparencia en la forma de administrar, controlar y gestionar son elementos sustantivos, hoy, de la administración pública», señala el documento.

De forma categórica se expresó el rechazo a toda forma de privatización, haciendo especial hincapié en la defensa del patrimonio nacional.

«Es fundamental la generación de políticas que estimulen el desarrollo productivo y sustentable, fomenten la generación de empleo (fundamentalmente el empleo joven), y políticas tributarias que garanticen la distribución de la riqueza, creando el impuesto a la renta de las personas físicas, que den transparencia a la inversión pública», sostuvo la sindicalista.

También el derecho laboral fue abordado como uno de los principales ejes, en el entendido de que debe ser regulado por el Estado, el que además debe combatir la flexibilización y la desregulación.

«La tendencia de los últimos años es el desmantelamiento de los relativos factores de protección social a favor de los trabajadores.

El Estado debe tomar su papel protector y regulador en materia de trabajo, recordando que los trabajadores y patrones no se encuentran en un mismo plano de igualdad y es por lo tanto el Estado el que debe proporcionarlo».

En cuanto a la reforma agraria, el PIT-CNT se congratuló con la organización y sindicalización de los asalariados rurales.

«La Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales y Afines, que será la que represente a los asalariados rurales del país ante el Consejo Superior de Salarios Rurales, de reciente creación. Saludamos también la creación de este Consejo Superior, vieja reivindicación de los compañeros asalariados rurales, pero también de toda la clase trabajadora», sentenció Marquizio. *