Un clima laboral hostil en el Mides derivó en una denuncia y un proceso en el TCA

La situación de acoso laboral en el área de Gestión Humana del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), durante la gestión de Martín Lema, ha cobrado notoriedad tras las denuncias de una funcionaria que decidió realizar un traslado por las circunstancias adversas que enfrentaba.

“Pedí traslado porque en el 2020 vivimos situaciones de acoso a varios compañeros”, manifestó la funcionaria, refiriéndose al ambiente hostil que predominaba en su lugar de trabajo, un ministerio que deber velar por el bienestar de las personas más vulnerables.

Los relatos de la funcionaria ilustran un contexto grave, donde se emitieron insultos y comentarios despectivos entre colegas. “Lo último que escuché fue un insulto de la psicóloga a (una funcionaria) de sueldos, la llamaron de ‘gorda cerda’ por un problema con un expediente”, afirmó. Esto expone la presencia de un clima tenso en la oficina que afectaba a su entorno laboral.

Investigaciones y sanciones administrativas

La denuncia llevó a que en diciembre de 2020 se iniciara una investigación administrativa para “constatar la veracidad de los hechos denunciados”. El proceso concluyó con un juicio ante el Tribunal de Cuentas de la República (TCA), que determinó la validez de la sanción impuesta por el Mides a la funcionaria denunciada por acoso, según la sentencia a la que tuvo acceso El Observador y que publicó este jueves.

Entre las sanciones, se encontraba la suspensión de cinco días con retención de la mitad de los haberes para la psicóloga Verónica Bogliacino. Esta decisión fue tomada el 1 de abril de 2022. Posteriormente, Bogliacino recurrió la decisión, argumentando que el proceso administrativo fue un “sumario encubierto” y que se vulneraron sus derechos durante la investigación.

Argumentos y defensa ante el TCA

Bogliacino argumentó que la tardanza de 16 meses de la investigación no le permitió ejercer su defensa adecuadamente. El Mides desestimó estas afirmaciones, justificando que se le brindó la oportunidad de presentar su caso. La investigación arrojó pruebas que confirmaban la conducta inapropiada y discriminatoria de la funcionaria.

La conducta de Bogliacino fue calificada como “propia de violencia y acoso moral injuriantes”, resaltando que las expresiones utilizadas eran denigrantes e inaceptables. Este pronunciamiento del TCA se fundamentó en la necesidad de que el Estado garantice un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, en línea con las responsabilidades del empleador.

Comentarios ofensivos y dinámica de trabajo

La indagación también indicó la existencia de un “mal relacionamiento” y “conflictos interpersonales” entre el personal. Aunque no se constató acoso laboral, se identificó un grupo de funcionarios que cuestionaron el ambiente crítico de su división. Las investigadoras recomendaban sancionar a Bogliacino y Laurentano por su tolerancia ante comportamientos inapropiados.

Los testimonios recolectados durante la investigación revelaron que estos comportamientos no eran aislados. Se registraron comentarios como “sacame a los bicharracos” y referencias despectivas hacia sus compañeros, reforzando la percepción de un entorno hostil.