condena y rechazo

El Frente Amplio rechaza ampliamente controversiales declaraciones de Topolansky y Mujica

Diferentes sectores del partido han expresado su preocupación, temiendo que estas declaraciones puedan llevar a una revisión de condenas de militares implicados en violaciones de derechos humanos, lo que dejaría libre a los criminales.

Lucía Topolansky encendió el debate con sus declaraciones
Lucía Topolansky encendió el debate con sus declaraciones

La reciente reunión de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio (FA), programada como última sesión del año 2024, se ha visto marcada por una controversia vinculada a las declaraciones de sus figuras históricas, José Mujica y Lucía Topolansky.

Este año, que celebró el regreso de la izquierda al poder tras cinco años en la oposición, se convierte así en un momento crítico en la historia del partido, a raíz de la indignación generada en su interior por comentarios sobre el pasado reciente del país.

Las declaraciones que provocaron una ola de reacciones fueron reveladas en el libro “Los indomables”, del periodista Pablo Cohen. En él, Topolansky sostiene que conocía a personas que “mintieron” ante la Justicia para lograr condenar a varios exmilitares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Esta afirmación, que fue respaldada por Mujica en una entrevista radial poco después, derivó en una rápida y contundente condena por parte de diversas organizaciones de víctimas y, en general, un distanciamiento de los líderes históricos por parte de las bases del FA.

Reacciones en cadena tras declaraciones poco afortunadas

La Mesa Política del FA, ante la creciente presión interna, decidió emitir una declaración crítica hacia los comentarios de Mujica y Topolansky. Según uno de los asistentes a la reunión, había “un acuerdo general en que había que salir rápida y contundentemente”. Sin embargo, se optó por omitir ciertos elementos más severos que inicialmente se habían discutido para el comunicado final.

Durante la reunión se abordó el hecho de que los comentarios de Topolansky habían cobrado relevancia justo en el momento en que las declaraciones fueron divulgadas. A pesar de que el libro había estado circulando desde principios de mes, se evidenció una falta de conocimiento acerca de su contenido entre muchos de los participantes. El Movimiento de Participación Popular (MPP), relevante dentro del FA, también se vio obligado a desmarcarse públicamente de las afirmaciones de sus líderes históricos. Ejemplo de ello es el comentario de Alejandro Sánchez, designado secretario de la Presidencia, quien expresó su desacuerdo al decir que “son infelices y no las comparto”.

Por su parte, Blanca Rodríguez, senadora electa por la Lista 609, manifestó su respaldo hacia los principios de memoria, verdad y justicia, difundiendo una foto con la imagen de un detenido desaparecido. “Hoy y siempre adhiero a esta declaración que nos define”, declaró, reafirmando el compromiso del FA con el pasado histórico de Uruguay y la lucha por los derechos humanos.

FA refuerza su compromiso con la justicia

El contexto interesa particularmente al Frente Amplio, dado que las Bases Programáticas que guían al gobierno de Yamandú Orsi hacen hincapié en la necesidad de avanzar en la justicia y el esclarecimiento relacionados con los delitos de lesa humanidad de la dictadura. “A 40 años de la recuperación democrática, se sigue sin saber el destino de los casi 200 desaparecidos”, se expresa en el documento.

En la misma línea, se espera que la fecha del 20 de mayo, tradicionalmente conocida como la Marca del Silencio, sea reconocida oficialmente como el “Día de la Memoria”, convirtiéndose en un día no laborable a nivel público y privado, con el fin de honrar la memoria de aquellos que sufrieron durante el régimen dictatorial.

En el libro “Los indomables”, Topolansky también abordó las características particulares de las dictaduras en Uruguay y Argentina, sugiriendo que la experiencia de las víctimas en ambos países fue notablemente diferente. Afirmó que mientras en Argentina se optó por una política de desaparición forzada, en Uruguay se buscaba, en cambio, despojar a las víctimas de su dignidad a través del sufrimiento y la tortura.

Esta diferenciación se extendió a aspectos sociales de los militares de ambos países, indicando una percepción de “clases sociales” en la estructura de las fuerzas armadas uruguayas en comparación con las argentinas.

 

 

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