Desvinculación del asesor Víctor Björgan por apoyo a Orsi: ¿un caso de discriminación laboral?

El pasado viernes, Víctor Björgan, ex asesor de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), hizo pública su decisión de respaldar la candidatura a la presidencia de Yamandú Orsi, del Frente Amplio, en el balotaje programado para el domingo 24 de noviembre. Su anuncio sorprendió a muchos, dada su trayectoria reciente como representante del Partido Nacional en un grupo multipartidario sobre seguridad durante el año 2022. La situación se complicó cuando, a raíz de su declaración, recibió la notificación de su desvinculación laboral.

La decisión del Poder Ejecutivo de desvincular a Björgan llegó a la tarde del martes, tan solo unos días después de que hizo pública su postura política. La notificación fue enviada a su correo electrónico oficial desde la SIEE, y concluyó con la firma de la secretaría, sin mayor explicación.

Fuentes cercanas a la Presidencia indicaron que se había perdido “la confianza personal y política” debido a la decisión de Björgan de manifestar su apoyo a un candidato que no formaba parte del oficialismo.

La postura de Björgan y su futuro profesional

Víctor Björgan no tardó en expresar su desacuerdo con la decisión del gobierno. En declaraciones a medios de comunicación, denunció que su despido representa un “castigo” por el ejercicio de su libertad de expresión. Ante esto, anunció su intención de presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para solicitar la anulación de su despido.

“Yo perdí mi trabajo por decir que quiero votar a Orsi, es discriminación”, subrayó Björgan, quien mantenía que su relación laboral no se basaba en un cargo de confianza política, sino en una contratación técnica.

El recién despedido asesor señaló que el vínculo que tenía con la SIEE era claro en cuanto a su naturaleza. Argumentó que había sido contratado para prestar servicios técnicos, lo cual debería hacerlo ajeno a las decisiones políticas que marcan los límites de los cargos de confianza. A su juicio, hay un vínculo directo entre su declaración pública en favor de Orsi y la decisión de rescindir su contrato.

Las reacciones oficiales y el contexto legal

La respuesta del director de la SIEE, Álvaro Garcé, a las acusaciones de Björgan, fue contundente. En una entrevista, Garcé negó la versión de los hechos, afirmando que no recibió indicaciones de desvincular a Björgan por parte de ningún superior. Según el director, la decisión de despedirlo fue estrictamente suya, argumentando que es incompatible que alguien trabaje en inteligencia y, al mismo tiempo, apoye abiertamente a un candidato de la oposición, lo que podría comprometer su labor profesional.

Garcé también hizo hincapié en que la Ley de Inteligencia prohíbe que los funcionarios de este ámbito realicen declaraciones públicas que puedan influir en la opinión pública o en la política nacional. Esta normativa busca preservar la imparcialidad y la integridad de los organismos de inteligencia en un entorno políticamente polarizado. Sin embargo, Björgan enmarca su situación como un claro caso de discriminación, citando su derecho a manifestar sus opiniones políticas.

El camino hacia el tribunal y el respaldo legal

Con la asesoría de su abogado, Hugo Barreto, Björgan se prepara para presentar un recurso administrativo que cuestiona la legalidad de su despido. Su estrategia legal se centrará en demostrar que su desvinculación no se sustentó en una base legal apropiada y que se violaron sus derechos laborales. Según él, la situación es emblemática de un entorno político donde la libertad de expresión es vulnerable.