Para Abdala, el discurso de Lacalle contra el plebiscito fue “falaz” y “manipulador”
Oposición y propuestas: intenso debate sobre el plebiscito de seguridad social en Uruguay enfrenta al gobierno y a la central sindical PIT-CNT. Ambos exponen un panorama oscuro si la posición opaca triunfa.
El PIT-CNT, junto a otras organizaciones, presentó su férrea defensa del plebiscito de seguridad social que promovieron y lograron convocar, con una conferencia de prensa un día después de la oposición declarada por el presidente Luis Lacalle Pou hacia dicha propuesta. En un tono de crítica, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó el discurso presidencial como “falaz” y “manipulador”.
Abdala aludió a la reforma de 1996 como un “fracaso estrepitoso» para la ciudadanía. Manifestó que el presidente Lacalle Pou es insensible hacia los jubilados y acusó al oficialismo de usar el miedo como un medio para influir en la opinión pública.
El líder sindical interpretó el discurso presidencial como “amenazante”, argumentando que la certeza jurídica defendida favorece al capital y no a la ciudadanía. Según Abdala, apelar al miedo apunta más al temor y la debilidad política del mandatario.
Abdala criticó a las AFAP y sus números
Abdala resaltó una “diferencia” entre las rentas vitalicias actuales de las AFAP y las que habrían sido administradas por el BPS. Esta diferencia representa una pérdida anual de US$216 millones para los beneficiarios, involucrando a 75.205 personas con un promedio mensual perdido de $10.000.
Asimismo, señaló que el 90% de estas personas reciben en promedio $5.053 mensuales, recordando que las AFAP prometieron en su origen una duplicación en las jubilaciones, promesa que en la práctica no se refleja.
Otro punto destacado por Abdala fue la transferencia de US$1.467 millones a las AFAP en 2023, una cantidad que espera continuará en 2024 con $924 millones. Según él, el corte en estas transferencias alivianaría el déficit cubierto por Rentas Generales.
Argumentaciones y posturas alternativas
Durante la conferencia, se discutió también el tema polémico de la presunta “confiscación” de recursos. Sergio Somaruga, representante de los sindicatos de la enseñanza privada, respondió a estas preocupaciones respecto a cómo el plebiscito afectaría las finanzas de los trabajadores.
Somaruga argumentó que, bajo el modelo propuesto, los trabajadores no perderían ingresos al migrar sus fondos a BPS, ya que se garantizaría que el monto recibido no sería inferior al pagado por el régimen mixto.
Él dice: “¿Dónde está el daño? ¿Dónde está la confiscación?”, sugiriendo que el cambio sugerido no resultaría en pérdidas tangibles para los ahorros de los individuos en el sistema de seguridad social.
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