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Lacalle autorizó estaciones de servicio de suplente Javier García y de sobrino de intendente del Partido Nacional

A pesar de que el exministro Paganini estaba en desacuerdo de estas autorizaciones, el mandatario permitió que las estaciones de servicio de estas figuras cercanas al Partido Nacional funcionen.

Foto: Presidencia
Foto: Presidencia

La autorización presidencial para la reubicación de ciertas estaciones de servicio en Uruguay ha reavivado el debate en el sector energético del país. La medida da luz verde a establecimientos ligados a figuras políticas del Partido Nacional, desatando críticas por parte de opositores que cuestionan la legalidad y ética de este procedimiento.

 

Originalmente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), bajo la dirección del exministro Omar Paganini, había denegado la reubicación de algunas estaciones, a pesar de la aprobación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). En septiembre de 2023, la decisión del MIEM fue cuestionada por actores del sector.

Disputa legal por la autorización: el Partido Nacional en el medio

Sin embargo, al tomar las riendas del ministerio, Elisa Facio anunció la intención de autorizar estas reubicaciones, lo que causó malestar entre empresarios del área. El periodista Eduardo Preve expuso en su columna, “La Tapadita”, que algunas estaciones estaban siendo construidas “ilegalmente”, incluyendo aquellas vinculadas a figuras del Partido Nacional.

Los casos controvertidos incluyen una estación en Río Negro, vinculada a un sobrino del intendente Omar Lafluf, y otras en Canelones relacionadas con Adrián Silva, senador suplente de Javier García. A pesar del rechazo inicial del MIEM, las construcciones continuaron, lo que generó desconcierto entre los afectados.

En una rueda de prensa, Elisa Facio explicó que se planificaban nuevas autorizaciones para las estaciones en cuestión. Una solicitud notable es la de Ferbra S.R.L., donde Silva busca trasladar una estación desde Santa Rosa hacia la Ruta 11.

 

Críticas legales a la decisión presidencial

Pablo Donnángelo, abogado de algunas empresas afectadas, expresó en un medio local que “no existe fundamento legal alguno para aprobar este traslado”, criticando la decisión del MIEM de revertir el fallo de Paganini. Donnángelo sugirió que la resolución busca beneficiar a dirigentes políticos y considera acciones legales al respecto.

Este viernes, se reveló que el presidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución el 12 de septiembre, revocando la negativa previa del MIEM sobre las reubicaciones. Esto permite las nuevas localizaciones para las estaciones relacionadas con Adrián Silva y el sobrino del intendente Lafayette, generando inquietud en los sectores opositores.

 

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