Quedará sin castigo expedición del pasaporte al narcotraficante Marset

El fiscal Alejandro Machado tomó una decisión clave al descartar cualquier ilegalidad en el proceso de obtención del pasaporte uruguayo para Sebastián Marset. Tras haber hecho un análisis de cada etapa del procedimiento, Machado determinó que no hubo irregularidades en la expedición del documento, a pesar de las especulaciones en torno a potenciales actos ilícitos.

Cuando Sebastián Marset fue detenido en Emiratos Árabes Unidos por ingresar con un pasaporte paraguayo falso, su familia estaba decidida a que obtener un pasaporte uruguayo podría facilitar su liberación. En este contexto, se realizaron una serie de diligencias para conseguir el pasaporte a la mayor brevedad posible. Esto incluyó comunicaciones frecuentes con Fiorella Prado, la entonces cónsul uruguaya en Emiratos Árabes Unidos, y gestiones del abogado Alejandro Balbi en Uruguay.

La familia de Marset confiaba en que la credencial uruguaya podría servir como prueba ante el tribunal emiratí de que Marset no tenía necesidad de recurrir a un documento falsificado. Sin embargo, el fiscal Machado, en su dictamen, dejó claro que no fue el pasaporte ni la nota emitida lo que condujo a la liberación de Marset.

Por qué el caso Marset quedará en la nada

Machado revisó en detalle el proceso por el cual Marset obtuvo la autorización para tramitar su pasaporte uruguayo. El consulado uruguayo emitió una nota confirmando que Marset estaba en condiciones de gestionar el documento, lo cual se consideraba una pieza importante para defender su caso.

Inicialmente, había planes para que el pasaporte viajara en una valija diplomática que, según las expectativas, partiría el 25 de noviembre de 2021. Sin embargo, la valija salió el día 24, lo que alteró los planes originales. Finalmente, el pasaporte fue enviado a Uruguay, donde Carlos Balbi, hermano del abogado Alejandro Balbi, se lo entregó a Diego Marset, quien viajó a Montevideo para recogerlo.

Pese a las conclusiones exonerativas respecto a la legalidad del proceso, la Fiscalía decidió seguir investigando las alegaciones hechas por la ex vicecanciller Carolina Ache. Ache afirmó haber presentado conversaciones que se habían protocolizado en una investigación administrativa, pero acusó a Roberto Lafluf, asesor presidencial, de haber destruido estas pruebas.

El papel de la cónsul Prado fue revisado, confirmando que ella en todo momento informaba a la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación sobre cada paso tomado respecto a la obtención del pasaporte de Marset. Estas comunicaciones mostraban su intención de cumplir rigurosamente con sus deberes consulares.

Marset tenía derecho a pedir un pasaporte, dice el dictamen

De acuerdo con el decreto vigente en el momento del proceso (posteriormente modificado debido a este caso específico), Marset tenía derecho a tramitar su pasaporte. La causa abierta en Uruguay había sido cerrada por la jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian, eliminando así cualquier impedimento legal para la expedición del pasaporte.

Aunque existía una averiguación de paradero, el fiscal sostuvo que esto no era un obstáculo para obtener un Certificado de Antecedentes Judiciales que indicara que todas las causas previas estaban cerradas. Machado también reiteró que internacionalmente, un pasaporte uruguayo no podía negarse a un ciudadano, ya que actúa como un documento de identificación esencial.

El fiscal refutó la teoría de que el pasaporte fue crucial para la liberación de Marset, citando la sentencia del tribunal emiratí que exculpó a Marset basándose en la falta de pruebas de que él supiera que el pasaporte paraguayo era falso.

Otras fechas clave de los hechos del “pasaporte narco”

El fiscal determinó que la tramitación del pasaporte se realizó en una semana, entre el 18 y el 25 de noviembre de 2021. Aunque figuraba una fecha de emisión anterior, correspondiente al momento en que Prado tomó las huellas dactilares de Marset, esto no afectó la validez del procedimiento.

También se investigó el intento inicial de Prado para comenzar el trámite, que encontró un error debido a un proceso anterior iniciado en Bolivia.

Entre el 22 y el 23 de noviembre, Alejandro Balbi, abogado de Marset, se reunió con el entonces subdirector de Identificación Civil, solicitando la aceleración de la emisión del Certificado de Antecedentes Judiciales para facilitar la expedición del pasaporte. Sin embargo, debido a la logística del proceso de impresión de pasaportes