Idea de Delgado de pagar a estudiantes por graduarse es “un disparate” y crea segregación, dicen expertos

El reciente anuncio del candidato nacionalista Álvaro Delgado de ofrecer una transferencia de 6.000 dólares a jóvenes que culminen sus estudios de secundaria ha generado un amplio debate en el ámbito educativo de Uruguay.

La polémica propuesta busca incentivar a los estudiantes de los quintiles más bajos a completar sus estudios secundarios como un medio para combatir la deserción escolar en la Educación Media Superior (EMS). Sin embargo, esta estrategia ha recibido tanto elogios como críticas por parte de expertos en educación y figuras políticas.

6.000 dólares para graduarse: ¿Solución o problema?

Robert Silva, candidato a vicepresidente del Partido Colorado y ex titular de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ha manifestado su oposición al plan, argumentando que “las transferencias directas no han funcionado en el pasado” en Uruguay.

Silva menciona un estudio realizado por Pablo Menese en 2019 que concluyó que este tipo de incentivos económicos tuvieron un efecto negativo en la tasa de aprobación del bachillerato.

Para Silva, la solución pasa por proporcionar un “acompañamiento más cercano” a los estudiantes, a través de iniciativas como la incorporación de profesores orientadores pedagógicos que apoyen y motiven a los jóvenes.

Por su parte, Juan Pedro Mir, exdirector de Educación, también fue consultado por el diario El País al respecto. El experto ha calificado la propuesta como un “disparate”, argumentando que no hay evidencia pedagógica que respalde la efectividad de inyectar dinero para mejorar las tasas de éxito académico.

Para Mir, este tipo de soluciones transfiere la responsabilidad del fracaso institucional al estudiante, sin abordar las causas estructurales de la exclusión educativa.

¿Podrán los incentivos financieros marcar la diferencia?

Héctor Florit, exconsejero de Primaria, también emitió críticas, señalando que los incentivos económicos premiarían a quienes ya tienen recursos, mientras que los estudiantes en situación de vulnerabilidad no pueden esperar un año para recibir dicho beneficio.

Propone, en cambio, un sistema de incentivos más equilibrado con pagos mensuales, complementado por un bono al finalizar cada año escolar.

Renato Opertti, experto en educación, sumó su voz al debate, cuestionando que un estímulo económico pueda realmente incidir sobre los aprendizajes a largo plazo. Opertti sugiere que lo más efectivo sería desarrollar una educación sociocomunitaria que aborde integralmente las necesidades y expectativas de los estudiantes desde un enfoque más holístico.

Finalmente, Pablo Cayota, también especialista en educación, aunque compartió la intención de la medida, discrepó con el método, citando la falta de evidencia sobre la efectividad de los incentivos económicos directos. Recordó un intento similar implementado por el expresidente estadounidense Barack Obama, calificado como “un fracaso rotundo”.

En medio de esta discusión, Virginia Cáceres, presidenta de la ANEP, ha sido cautelosa al no opinar sobre la propuesta específica, aunque reconoce los retos actuales en aumentar la tasa de egreso y ve viable considerar toda medida que contribuya a este fin.

El contexto financiero y educativo de Uruguay suma complejidad al anuncio. El futuro ministro de Economía, Diego Labat, explicó que el plan implicaría una inversión significativa de entre 30 y 35 millones de dólares anuales, orientada a los estudiantes de contextos más desfavorecidos. Labat defiende que la idea es motivar a aquellos jóvenes que no tienen las condiciones necesarias para completar su educación obligatoria en el tiempo adecuado.