Frente Amplio advierte: Ley de Medios aprobada es un “negocio redondo” para grandes grupos privados

 

El reciente debate sobre la Regulación de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, conocida como la ley de medios, ha generado tensiones en la arena política uruguaya.

La Cámara de Diputados aprobó esta ley con una votación de 50 a favor y 41 en contra, en una sesión extraordinaria que se extendió desde la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves.

Sin embargo, la coalición de gobierno se encuentra a la expectativa de un posible veto parcial por parte del presidente Luis Lacalle Pou debido a las divisiones generadas por un artículo específico introducido por Cabildo Abierto.

Lacalle Pou en dilema: posible veto presidencial en el aire

El polémico artículo 72 exige que los servicios de difusión proporcionen información y análisis de manera “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”. Esta medida ha sido objeto de controversia, especialmente para sus socios de la coalición. El Partido Colorado, aunque votó a favor, manifestó su desacuerdo y dejó clara la posibilidad de una eliminación del artículo si Lacalle Pou no lo veta.

En contraste, el Frente Amplio se ha manifestado abiertamente en contra de la nueva ley, sosteniendo que esta beneficia a grandes corporaciones mediáticas en detrimento de los intereses nacionales. El diputado Gabriel Tinaglini fue enfático en su crítica, señalando que la ley representa “un negocio redondo” para los principales medios de comunicación, citando el acceso a la infraestructura de fibra óptica de Antel como una de las razones principales.

Tinaglini argumentó que las nuevas regulaciones podrían incrementar la extranjerización de los medios y contribuir al aumento de la concentración mediática en Uruguay. Además, expresó su preocupación por el impacto en los cableoperadores del interior, afirmando que “lo que está en juego es revalorizar el negocio del cable, lo que está en juego es el acceso a la fibra óptica de Antel”.

Según el diputado, esto acentúa un problema estructural que favorece a ciertos conglomerados mediáticos a expensas de la competencia justa y la mejora del sector de telecomunicaciones.

La posición del Frente Amplio ha sido clara desde el inicio de estas discusiones: mantener la ley 19.307 vigente. Consideran la nueva ley como una concesión más en la agenda del gobierno de Lacalle Pou, que podría tener implicaciones negativas en la diversidad y pluralidad informativa del país.

Mientras el país espera la decisión de Lacalle Pou sobre el veto, persisten las preocupaciones sobre cómo esta ley podría remodelar el panorama mediático uruguayo, afectando tanto a los actores actuales como a los consumidores de información. La búsqueda de equilibrio entre intereses políticos y económicos seguirá siendo un desafío crucial para los legisladores del país.