Amplias críticas al intento del gobierno de cambiar la Ley de Género: ¿Cómo afectaría a las víctimas?
El gobierno de Lacalle Pou apunta, una vez más, contra los derechos adquiridos: el mandatario derechista asegura que quieren evitar un supuesto fenómeno de “denuncias falsas”, pero expertas aseguran que pretende “beneficiar a los denunciados en detrimento de la protección de las víctimas”.
El precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, ha expresado duras críticas hacia lo que considera “oportunismo” y “liviandad” del gobierno al proponer modificaciones a la ley 19.580, referente a la violencia basada en género.
En particular, Orsi centró su discurso en la denuncia falsa realizada por la trabajadora sexual Paula Díaz, quien fue condenada por calumnia y simulación de delito.
Orsi Critica al Gobierno
En un acto conjunto de los precandidatos en San José, Orsi manifestó: “A veces el oportunismo o la liviandad con la que se analizan algunos temas llevan incluso a la sensación que en vez de corregir la situación salen corriendo para delante”. Con esto, señaló que el gobierno actúa de manera precipitada en lugar de abordar los problemas de fondo.
Orsi recordó su propia experiencia con una denuncia falsa y cómo algunos aprovecharon la situación para desacreditar la ley de género. “Cuando me ocurrió lo que me ocurrió ahí salieron a cantar ‘vieron como hay denuncias que son mentira. Y vieron como la ley de género…’. No tiene nada que ver. Por favor. Nuestra población vulnerable sigue siendo tanto o más vulnerable que antes y en realidad maniobras que son de carácter político no las manejemos para toda la sociedad. No todo el mundo es así”, expresó con firmeza.
El precandidato también criticó la propuesta de modificar la ley de género basándose en comentarios en redes sociales: “Ahora presentan un proyecto para cambiar la ley porque vieron en algunas redes ‘el Frente está comiendo de su propia medicina’. Nunca entendimos que eso fuera así. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque la violencia doméstica hace estragos y cada vez que pasa algo uno siente que arrancan para adelante. Ahora el problema son los fiscales, la Fiscalía. El problema es nuestro del sistema político o de algunos que no entienden cuál es el rol de cada uno”, añadió.
Orsi subrayó la importancia de fortalecer las instituciones y respetar las funciones de cada sector: “Fortalecer las instituciones es algo que viene de lejos y hay que respetarlo y mucho, entender que cada cual a su tarea, la oposición a ser oposición y a hacer planteos y el gobierno a gobernar. La Justicia a administrar la justicia y el ministerio público a investigar junto con la Policía como corresponde”.
Cosse También se Manifiesta en Contra
Carolina Cosse, también precandidata presidencial del Frente Amplio, se unió a las críticas hacia las modificaciones propuestas a la ley de género. En su intervención, Cosse cuestionó la focalización del gobierno en las denuncias falsas en lugar de los hechos de violencia.
“¿Acá el problema son las denuncias o los hechos? Acá los problemas son los hechos. En vez de preocuparse por las denuncias falsas, que encima más del 60% de los femicidios no tienen denuncia previa. Nadie investigó el subregistro. ¿Por qué nos estamos preocupando por eso y no por resolver el problema? Que es un problema esencialmente humano”, declaró en su discurso.
Propuesta de modificación de la ley
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, envió recientemente al Parlamento un proyecto de ley que busca modificar cuatro artículos de la Ley 19.580 sobre violencia basada en género. Esta iniciativa tiene como objetivo principal abordar el supuesto fenómeno de las “denuncias falsas” y garantizar una “defensa efectiva” para los acusados. Sin embargo, especialistas en la materia advierten que estos cambios podrían favorecer a los denunciados a expensas de la protección de las víctimas.
El proyecto de Lacalle Pou se suma a otras dos propuestas presentadas previamente: una por senadores de Cabildo Abierto en marzo y otra por el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía, en abril. Ambas están actualmente en estudio en las respectivas comisiones parlamentarias.
En la exposición de motivos, el presidente argumenta que la ley de violencia de género, en su origen, buscaba corregir una situación de vulnerabilidad de las mujeres debido al desequilibrio histórico de sus derechos en comparación con los hombres. No obstante, sostiene que «lamentablemente, ese fin perseguido por ley no se ha alcanzado», ya que continúan ocurriendo delitos de género. La propuesta, por tanto, pretende «mejorar el instrumento sin modificar la sustancia y los fines perseguidos», buscando una mayor atención del Estado y la sociedad a los problemas de violencia de género.
Análisis de los Cambios Propuestos
Artículo 3: Interpretación Favorable y Garantías del Debido Proceso
Uno de los artículos que el proyecto del Ejecutivo busca modificar es el tercero. Este artículo establece que, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. La nueva redacción agrega que esta disposición no deberá debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba. Esto introduce un equilibrio entre la protección de las víctimas y los derechos de los acusados.
Artículo 46: Valoración de las Pruebas
El artículo 46, que regula cómo deben valorarse las pruebas, también sufre modificaciones. Actualmente, este artículo señala que los testimonios de niñas, niños y adolescentes deben analizarse sin disminuir su credibilidad por argumentos técnicos. La propuesta de Lacalle Pou sugiere que cualquier defensa basada en argumentos técnicos debe estar respaldada por prueba pericial, para evitar la revictimización secundaria. Se menciona como ejemplo el «síndrome de alienación parental», un concepto desacreditado por la comunidad científica.
Artículo 59: Denuncias Falsas
El artículo 59, que aborda las denuncias, es otro de los objetivos del proyecto. Se propone eliminar la protección a quienes presenten denuncias verosímiles, introduciendo sanciones para quienes realicen denuncias falsas. Estas sanciones estarían alineadas con el Código Penal, aplicando penas por calumnia, simulación de delito y falso testimonio. Sin embargo, la exposición de motivos no ofrece datos concretos sobre la prevalencia de denuncias falsas en Uruguay, lo que ha sido criticado por la falta de sustento empírico.
Artículo 80: Reparación Patrimonial
El artículo 80 establece actualmente una reparación patrimonial para las víctimas, equivalente a 12 ingresos mensuales. El nuevo proyecto propone que la víctima, luego de la sentencia, pueda reclamar una reparación por daños y perjuicios a través del proceso judicial correspondiente.
Críticas de los Especialistas
Ana Lima: Errores Conceptuales y Falta de Recursos
La abogada y exjueza Ana Lima, coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, señala varias imprecisiones en el proyecto. Lima critica la conceptualización de las mujeres como «vulnerables» en lugar de reconocer que enfrentan una situación de desbalance de poder. Además, cuestiona la afirmación de que la ley no ha sido eficaz para detener los delitos de género, destacando que la violencia de género abarca múltiples formas y no se limita al ámbito penal.
Lima también resalta la necesidad de recursos adecuados para la correcta implementación de la ley, subrayando que mejorar su aplicación requiere garantizar dichos recursos.
Andrea Tuana: Beneficios a los Denunciados y Miedo a Denunciar
Andrea Tuana, trabajadora social y directora de la asociación civil El Paso, considera que las modificaciones propuestas buscan claramente beneficiar a los denunciados de violencia. Tuana critica que los fundamentos de estos cambios no están respaldados por datos empíricos ni investigaciones concretas. Además, advierte que castigar las denuncias falsas puede tener un efecto amedrentador, disuadiendo a las víctimas de denunciar por miedo a no poder probar sus acusaciones en contextos íntimos.
Tuana también señala que la presión para modificar la ley proviene en gran parte de abogados que defienden a denunciados y asociaciones de padres que enfrentan medidas cautelares por denuncias de violencia. Esto, según Tuana, distorsiona el debate y minimiza la gravedad de la violencia de género.
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