PIT-CNT acusa al gobierno de engañar al Parlamento: “Basta de narcogobierno”

Desde las 18:00 horas de este lunes, Montevideo fue testigo de una concentración convocada por el PIT-CNT y otras destacadas organizaciones civiles. Bajo la consigna “En defensa de la democracia y contra la corrupción”, miles de ciudadanos se congregaron en la emblemática Plaza Libertad para expresar su preocupación por diversos temas que aquejan a la sociedad.

La movilización no escatimó al abordar temas sensibles, entre ellos, las polémicas contrataciones en Salto Grande. Los manifestantes expresaron su descontento y exigieron transparencia en los procesos de contratación que han suscitado cuestionamientos en la opinión pública.

Otro punto central de la proclama fue todo lo derivado por el caso del exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés. Los participantes de la concentración demandaron justicia y señalaron la importancia de esclarecer este caso que ha generado inquietud entre la población.

La crisis en el gobierno también ocupó un lugar destacado en la manifestación, evidenciada por las recientes renuncias en la cúpula del Ministerio del Interior y Cancillería, por el caso del pasaporte dado al narco Sebastián Marset. Los ciudadanos expresaron su preocupación por la inestabilidad política y urgieron a encontrar soluciones efectivas para superar la crisis.

Lo que comenzó como una convocatoria del PIT-CNT y FUCVAM se transformó en un movimiento ciudadano de gran envergadura. A lo largo de los días previos a la concentración, diversos sectores, incluyendo al Frente Amplio, la FEUU y numerosas organizaciones sociales, se sumaron al llamado en defensa de la democracia y contra la corrupción, reflejando un amplio apoyo y unidad entre los ciudadanos.

Con la presencia de numerosos integrantes del Secretariado Ejecutivo como el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la secretaria general de la central sindical, Elbia Pereira, -que fue una de las lectoras de la proclama junto al secretario general de FUCVAM, Gustavo González- y con la participación de Daniel Diverio, Enrique Méndez, Fernando Gambera, Gabriel Molina, Emiliano Mandacen, así como de Amira Fagúndez, en representación de la FEUU, y numerosos dirigentes de organizaciones sociales, sindicatos y sectores políticos, la actividad contó con un mensaje a la población en el que se puso énfasis en la defensa de la democracia, de los derechos de las y los uruguayos, y del legado artiguista.

La proclama de la convocatoria contra la corrupción en el gobierno

“Estamos aquí porque nuestro país atraviesa una grave crisis política y un deterioro institucional por responsabilidad del gobierno. Hablamos del caso más escandaloso dentro de una larga sucesión de eventos de corrupción protagonizados por distintos estamentos del Poder Ejecutivo, ante el cual debemos decir con claridad que debe llegarse hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos, incluyendo las responsabilidades de todas las personas involucradas y del propio presidente de la República. En definitiva, estamos aquí para defender nuestro derecho a saber toda la verdad”.

El texto sostiene que “esta crisis extremadamente grave—que afecta, además, la credibilidad de nuestro país y su proyección en la región y en el mundo— está, como todos sabemos, vinculada a la INJUSTIFICABLE decisión del gobierno de entregar un pasaporte —en tiempo récord— a uno de los mayores narcotraficantes del continente, Sebastián Marset, que estaba preso en Dubái y ahora está libre y prófugo gracias a que el gobierno uruguayo le facilitó un pasaporte. A esto se suma una verdadera trama de mentiras y ocultamientos. El Poder Ejecutivo diseñó mecanismos para mentirle al Parlamento de la República, que es la expresión de la soberanía de la nación, y para ocultarle información al Poder Judicial. De esta manera, burló a los otros poderes del Estado en los cuales se organiza hoy la democracia. Luego de esto, el gobierno negó las mentiras o, como sucedió en la conferencia de prensa dada por el presidente Lacalle Pou, aceptó livianamente algunos de los hechos, negando sus implicancias, su trasfondo, la seriedad del problema planteado y su obligación de rendir cuentas con responsabilidad y rigurosidad a la ciudadanía”, señala.