MEF no encuentra conflicto de interés en exoneración impositiva a esposo de la ministra Arbeleche

Una resolución firmada por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el año pasado, que habilitó la exoneración de impuestos a la empresa donde trabaja su esposo, ha generado polémica política en torno a si la secretaria de Estado actuó ajustada a la ley o si violó la normativa.

El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), Ricardo Gil Iribarne, afirmó que la exoneración es correcta y eso no está en cuestión, pero que la ministra no debió poner su firma en la resolución y debió permitir que otro jerarca lo hiciera.

«Lo que sí está claro es que ella no podía firmarlo, hay una prohibición absoluta, la ministra no podía firmar eso, debía haberse excusado, y al firmarlo viola la ley», expresó Gil Iribarne.

Gil Iribarne afirmó que lo que hizo la ministra «no es un delito, sino una falta administrativa» y que en este caso «su superior jerárquico debe analizar» qué corresponde hacer con la secretaria de Estado, y que eso le corresponde al presidente de la República.

“Que un ministro viole la ley, no es bueno”, insistió el expresidente de la JUTEP.

Desde el gobierno se han negado a hacer declaraciones, pero desde el Ministerio de Economía han transmitido la convicción de que la situación está ajustada a derecho.

Lanafil S.A., empresa que vende productos fitosanitarios, presentó ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) una solicitud para acceder a beneficios tributarios por una inversión de más de 38 millones de pesos en obras civiles, compra de equipos y vehículos eléctricos.

El gerente general de Lanafil es el ingeniero químico Juan Alzugaray, esposo de la ministra Arbeleche.

La COMAP recomendó al Poder Ejecutivo aprobar el beneficio de inversión dado que cumple con lo establecido en la ley de inversiones, lo que derivó en una resolución firmada por Arbeleche el pasado 3 de agosto declarando promovida la inversión.

De acuerdo con la ley, esto permite exonerar impuestos de importación, un porcentaje de IRAE a la inversión elegida y otorga crédito de IVA por la compra de bienes y servicios para la inversión.

Ante los cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses, fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Subrayado que la decisión de Arbeleche se ajustó a derecho, no hubo un uso indebido de la función pública y no se otorgaron beneficios indebidos, cumpliendo con los artículos del Código de Ética Pública, en particular el artículo 31 de la Ley 19.823.

Desde el Ministerio, indicaron que los informes de la COMAP, en los cuales participan representantes de varios ministerios, son vinculantes. Por ese motivo, la ministra o el ministro de turno no puede apartarse de dicho informe y no tiene margen de decisión.