Empleada doméstica que recibió casa de Irene Moreira había sido despedida por legislador del Partido Nacional

La exministra de Vivienda, Irene Moreira, se defendió públicamente de las críticas por las varias asignaciones directas de vivienda que fueron realizadas durante su mandato al frente de la cartera. En la interna de su partido, la política ha rechazado cualquier acusación de irregularidad y ha afirmado que las asignaciones sin sorteo han sido una práctica común durante todas las administraciones anteriores, independientemente del partido político en el poder.

Fuentes políticas consultadas por VTV Noticias han informado que Moreira admitió haber otorgado cuatro viviendas mediante adjudicaciones directas. La más reciente de ellas fue dada a conocer por el diario El País el miércoles pasado. En el caso en particular, la exjerarca argumentó que la destinataria era una mujer que trabajaba para un legislador del Partido Nacional cuando quedó embarazada y fue despedida. Debido a la difícil situación en la que se encontraba, la contrató como empleada doméstica y, años después, le otorgó la vivienda en cuestión.

En cuanto a la asignación anterior, que fue el origen de la polémica y del pedido de renuncia, Moreira sostuvo que la mujer no ganaba $42.000 y que tampoco era cierto que alquilaba una casa en la zona costera de la capital.

La exministra no ha tenido contacto con el presidente Luis Lacalle Pou desde que se le solicitó su renuncia por las controvertidas adjudicaciones. Además, indicó que actualmente no tiene intención de comunicarse con él en un futuro cercano.

Moreira y la polémica por el otorgamiento de viviendas “a dedo”

En la actualidad, el otorgamiento de viviendas mediante asignaciones directas sin sorteo es un tema polémico en la sociedad uruguaya. Aunque la exministra Moreira defiende que esta práctica ha sido utilizada desde hace años, muchos ciudadanos consideran que la misma es ilegal e inmoral.

Según los expertos en la materia, la asignación directa de viviendas sin sorteo está permitida por la normativa vigente, siempre y cuando se respeten ciertos requisitos. Uno de ellos es que el adjudicatario sea una persona en situación de vulnerabilidad o que no pueda acceder a una vivienda mediante los mecanismos habituales.

En este sentido, la exministra Moreira ha argumentado que las asignaciones directas que realizó cumplían con estos requisitos y que, por lo tanto, eran completamente legales. No obstante, la controversia en torno a este tema sigue latente y ha generado una fuerte discusión en la sociedad uruguaya.