El gobierno busca gastar US$60 millones en 12 aviones militares que solo sirven para entrenamiento

El gobierno de Luis Lacalle Pou, por medio del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), busca gastar en 12 aviones de combate de fabricación estadounidense de la empresa Ravn Aero (antes conocida como AirUSA). En octubre de 2021, una delegación uruguaya realizó una visita a dicha compañía,para evaluar una partida de doce unidades de Bae Hawk Mk67.

Se trata de una aeronave de entrenamiento militar que ha sido ampliamente utilizada en todo el mundo. Esta potente máquina de alta performance ha sido especialmente diseñada para la formación de pilotos militares, tanto para la instrucción básica como para la instrucción avanzada en combate.

El Hawk Mk67 cuenta con un motor Rolls-Royce Adour, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 1.034 km/h y una altitud de vuelo de hasta 13.565 metros. Su estructura y sistemas han sido diseñados para resistir cargas de hasta 9G, lo que lo convierte en una aeronave ideal para maniobras acrobáticas y entrenamiento de combate. No se puede usar en misiones militares de combate pesado, pero sí en patrullajes.

La propuesta de la empresa AirUSA presentó al avión Bae Hawk Mk67 como una alternativa viable para la Fuerza Aérea Uruguaya, de acuerdo al portal especializado en temas militares Info Defensa. La evaluación del modelo fue positiva tanto en términos técnicos como de precio. Pero hay trabas al proceso.

Las leyes de derribos y las trabas para este gasto militar

El principal problema yace en la política de compras del gobierno uruguayo impone limitaciones para adquirir material de origen privado. Adicionalmente, las restricciones impuestas por Estados Unidos a la transferencia de aeronaves de combate a Uruguay dificultan la compra de aviones de fabricación norteamericana o con equipos de origen estadounidense.

Esta situación genera un veto para la gran mayoría de los aviones de combate occidentales, lo que limita significativamente las opciones de la FAU. Pero no solo eso, sino que tanto Estados como Uruguay tienen sus respectivas leyes de derribos.

La Ley de Derribos de Uruguay, también conocida como “Ley de derribo aéreo”, es una norma legal que establece las condiciones en las que las fuerzas militares uruguayas pueden derribar aeronaves civiles o militares que sobrevuelen el espacio aéreo uruguayo sin autorización. La ley fue aprobada en el año 2013 y ha generado controversia en el país por su aplicación y por las posibles implicaciones que tiene en términos de derechos humanos y seguridad.

Según esta ley, se pueden derribar aeronaves sospechosas de transportar drogas, armas o explosivos, así como aeronaves que no respondan a las órdenes de identificación o que se nieguen a aterrizar en el aeropuerto más cercano.

Para Estados Unidos, en la región latinoamericana, solamente Brasil y Chile tienen las capacidades de Inteligencia militar para identificar potenciales vuelos en infracción. Uruguay no, y por eso EE.UU. ve un problema en el traspaso de estas aeronaves.