El Estado pagará reparaciones económicas a militares y civiles víctimas de ciertos grupos armados entre 1962 y 1976

De una forma inusualmente rápida, y al filo del final de año, el Senado aprobó un proyecto de ley de reparación histórica y social a víctimas de ciertos grupos armados entre 1962 y 1976, que se cuajó desde una minuta de comisión al Poder Ejecutivo, y fue elaborado a pedido del senador Guido Manini Ríos, del partido pro-militar y ultraconservador Cabildo Abierto (CA).

Guillermo Domenech, también de CA, dijo que “las víctimas de la violencia política eran personas que en general no tenían ninguna militancia política, no estaban alineados a ninguna corriente política, no tenían ningún sesgo ideológico que los hubiera presentado como figuras de notoriedad”. “Eran personas de origen muy humilde, que dejaron a sus familias desvalidas”, insistió Domenech y agregó: “hay una numerosa serie de personas asesinadas, secuestradas, objeto de rapiñas, que el Uruguay se debió haber ahorrado, visto quizás con el diario del lunes, pero todas estas personas que fueron violentadas en sus derechos humanos, como bien lo reconoció en una entrevista televisiva al general Líber Seregni, fueron violentadas en sus derechos humanos y no obtuvieron en estos 50 o 60 años de ocurridos los hechos ningún tipo de reparación”.

“Creemos que la historia tiene que escribirse entera y tenemos que recordar el sacrificio de estas personas, que no puede ser recordado como un sacrificio inútil o estéril, sino para que estos hechos tampoco vuelvan a repetirse”, redondeó el legislador ultraderechista.

Por el Partido Nacional habló Carmen Asiaín, quien afirmó que el proyecto de ley otorga “el derecho a las reparaciones a aquellas personas que hayan sufrido ataques a su persona o bienes por integrantes de grupos armados de carácter ideológico”.

No se sabe exactamente cuántas personas son posibles beneficiarias de estas nuevas reparaciones económicas. En un proyecto anterior, también presentado por Cabildo Abierto, pero que no llegó a término, se hablaba de unos 80 casos. Si bien no se había alusión a ningún grupo armado o guerrilla específica, pero medida apuntaba particularmente a las víctimas de grupos armados de izquierda, como el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros o la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, a pesar de que a lo largo de la historia moderna del Uruguay ha habido incluso grupos de extrema derecha que han dejado víctimas.

Rechazo desde el Frente Amplio

Desde la oposición hubo un rechazo unánime a esta idea, porque solamente se apunta contra ciertos grupos armados. Para la senadora Silvia Nane, se instala la idea de “los dos demonios”.

“La coalición de gobierno votó hoy en el Senado de manera exprés un proyecto de ley para reparar a víctimas de «grupos armados», que abona la teoría de los dos demonios. Nos vamos enterando cuánto valen los votos de Cabildo Abierto para una nefasta reforma de la Seguridad Social”, comentó Nane en Twitter.

Para el senador Óscar Andrade, el proyecto genera “un montón de dudas”, entre ellas la selección de fechas desde 1962 a 1976, cuando a su entender hay evidencia de otras víctimas de la violencia política desde el año 1956 inclusive.

“¿Vamos a una discusión de muertes por violencia en el Uruguay? No empezaron en el 62, no entiendo la fecha, tendría que ser mucho más amplio, y para un tratamiento serio tendríamos que medir a cuántos impacta”, explicó el legislador izquierdista.

Y agregó: “hay una historia que falta enriquecerse, que tiene que contarse mucho más, examinarse con profundidad en tiempos distintos a los que ha tenido de tratamiento este proyecto de ley. Si lo que queremos hacer es un examen riguroso, que encuentre después una respuesta jurídica que intente incorporar toda la historia, nos debemos ese debate, pero claramente no es lo que este proyecto de ley coloca sobre la mesa”.

Por su parte, Charles Carrera denunció que no se permitió que los equipos jurídicos que asesoran a la comisión pertinente leyeran y estudiaran el proyecto para determinar si hay alguna inconstitucionalidad, y que no queda claro el alcance del proyecto.