Fiscal Gilberto Rodríguez investigará la denuncia de filtración de información de documentos de Inteligencia

A mediados de semana se filtró a la prensa el Plan Nacional de Inteligencia 2022, que orienta a organismos y dependencias del estado como la Policía, Relaciones Exteriores, Defensa, Aduanas, Junta Nacional de Drogas (JND), y otros.

El documento consta de 14 páginas y 2 anexos, uno de ellos referidos al Plan de Recolección y el otro al Plan de Contrainteligencia.

También brinda herramientas a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), Banco Central del Uruguay (BCU), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) la Junta Nacional de Drogas y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).

La filtración de esta información, marcada como confidencial, generó molestia en el gobierno y la consiguiente denuncia ante la justicia del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado del gobierno de Luis Lacalle Pou, Álvaro Garcé.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, derivó la denuncia al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) que lo asignó a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez.

Piden que abran sus teléfonos

En la tarde de este jueves, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet, dirigieron una reunión con los coordinadores de las bancadas parlamentarias de todos los partidos, en la cual se debatió la filtración de la información mencionada.

Después de la reunión, Argimón pidió a los legisladores que estuvieron en la reunión de la

Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado a la que asistió Garcé, a concurrir a la Fiscalía que investiga lo ocurrido y que permitan acceder a sus celulares, a fin de “contribuir” a la investigación. 

La coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Liliam Kechichian, se mostró afín a la propuesta, “porque el objetivo final es conocer la verdad sobre este episodio tan triste”. Sin embargo, cree que fijar la atención en el Parlamento es incorrecto porque no son las únicas personas que tuvieron acceso al documento: “Nosotros pensamos que este documento ha circulado y han tenido acceso también el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Cancillería, el Ministerio de Economía y muchas de las agencias que coordinan con el Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado”, enfatizó.

La “trazabilidad, para nosotros, no estuvo garantizada por el director Garcé y, en ese sentido, nos parece que también ahí habría una puerta de cierta vulnerabilidad”, agregó Kechichian.

“Creemos que no debemos ser los únicos sino que deben haber otros organismos del Estado que deban también ser investigados”, prosiguió.