Las 4 verdades que el gobierno de Lacalle no te contó sobre el proyecto de Reforma Jubilatoria

En la introducción de su análisis, el ex-Presidente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, Ernesto Murro, hace un repaso de las acciones y reformas sobre seguridad social que se hicieron previas al gobierno de Lacalle Pou, y enfatiza en que el Frente Amplio está de acuerdo en realizar una reforma integral de la seguridad social en el marco del sistema de protección social que se ha desarrollado durante los 15 años de gobierno de Frente Amplio (2005-2020), con sustentabilidad financiera y sustentabilidad social, con dialogo social y político, con estudios y proyecciones de sus impactos financieros y para la población. Asegura también que el FA ha realizado varias e importantes reformas de la seguridad social mientras gobernó el país, y las ha promovido cuando no le ha tocado gobernar.

“En muchas de esas importantes reformas, no se ha contado con los votos de quienes hoy integran la Coalición en el Gobierno. Hicimos reformas en Cajas Bancaria, Policial, Militar, Notarial y propuestas de mejora de gestión en Profesional; reformamos las jubilaciones y pensiones facilitando su acceso a unas 100 mil personas (subiendo de 93 a 98 % la cantidad de personas mayores de 65 años protegidas con jubilación o pensión), y mejoramos los montos a cobrar triplicando el valor real de las mínimas, además las mejoras de todas las pasividades en general; facilitamos acceso en casos de discapacidad, reformamos el seguro de paro y las asignaciones familiares (fundamentales en la pandemia, además), las licencias por enfermedad, maternidad y paternidad y creamos el medio horario para el cuidado de recién nacidos; incluímos total o parcialmente sectores olvidados como las trabajadoras domésticas, rurales, deportistas, trabajadores de la cultura, monotributistas, trabajadores de nuevas formas de trabajo y tecnologías, otorgamos derechos por primera vez a cuentapropistas y pymes”, aclaró Murro en su informe.

Más adelante, el maestro convertido en político y que fue también uno de los principales promotores del plebiscito de reforma jubilatoria en Uruguay en 1989, afirma en su reciente informe que “Tuvimos y tenemos como prioridad la protección social como derecho humano fundamental, pero también en esos 15 años (de gobierno del FA), mejoramos sensiblemente la recaudación (entre 2004 y 2020, mejora en términos reales 152 % sobre precios y 52 % sobre salarios), notablemente la formalidad (de unos 900 mil puestos cotizantes a BPS a casi 1 millon 500 mil) y la reducción de la evasión (baja del 40 al 18/24 % según BPS o INE), mejoramos la sustentabilidad financiera reduciendo la asistencia financiera neta (del 22 al 7,2 % de los ingresos entre 2004 y 2020), con reducción de los aportes patronales a la tasa histórica más baja (hoy 7,5 % pero real de 5,9 % por exoneraciones cuando llegó a 14,5 % en los 90 ̈s), reformamos el sistema tributario haciéndolo más justo, redujimos exoneraciones a la tercera parte; desarrollamos la inclusión financiera; asociamos el creado Sistema Nacional de Salud a la seguridad social”.

El ex-ministro de Trabajo y Seguridad Social recuerda en su informe que “han pasado 26 años de vigencia de la reforma de 1996 que creó el sistema mixto con Afaps: en 1995 se discutían pronósticos, hoy podemos discutir resultados y hechos.
El FA gobernó en 15 de esos 26 años: decidió mantener el sistema para BPS con AFAPs y lo mejoró, pero no lo extendió a otras cajas.”

El dirigente político continúa en su misiva lamentando que el gobierno de Lacalle Pou no haya tomado en cuenta las propuestas y recomendaciones que “propusimos y solicitamos” y que no se haya llevado a cabo un diálogo social y político más adecuado.

Murro afirma que han elaborado y publicado importantes informes sobre Diagnóstico, Recomendaciones, Anteproyecto y Proyecto y que en los mismos se definen opiniones y propuestas,“por ejemplo en Diagnóstico y Recomendaciones participamos activamente, contribuímos a mejorar los documentos aunque finalmente por diferencias sustantivas no los acompañamos. Respecto a Anteproyecto y Proyecto, no participamos, pero sin duda, que los informes que presentamos fueron estudiados por los miembros de la Coalición en el Gobierno, al tiempo que los partidos que la integran, analizaban el Anteproyecto de Presidencia de la República.”

El informe del ex-jerarca del MTSS resalta también que el FA es el único partido político que presentó y publicó documentos técnico – políticos de análisis integral que fueron producto de la elaboración colectiva de personas con experiencia y profesionalidad en la temática, y destaca los aportes de los representantes sociales, los colectivos de trabajadores y jubilados/pensionistas (PitCnt y Onaju).

Al respecto del Proyecto de Reforma Social que propone el gobierno de Lacalle, Murro manifiesta que algunos aspectos puntuales podrían compartirse, pero en el análisis global las diferencias son “sustanciales y fundamentales”.

En las conclusiones del elaborado informe presentado a la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, se enfatiza que el proceso de Proyecto de Reforma que propone el gobierno de Lacalle “se desarrolla en circunstancias donde en más de 30 meses de Gobierno de Coalición, se han recortado importantes inversiones o gasto en pasividades, que han sido, sin duda, una parte sustancial del pregonado ahorro del gasto público y disminución del déficit fiscal, en perjuicio no sólo de jubilados y pensionistas, sino también del comercio y productores nacionales”, remató el ex-presidente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social.

Los 4 principales aspectos del “Proyecto de Ley de Reforma Provisional de la Coalición en el Gobierno”, según el análisis presentado por Ernesto Murro a la Mesa Política Nacional del FA:

1.- Afapización obligatoria y universal

Se amplía el negocio de la capitalización individual a toda la población, universal y obligatoriamente: para todas las otras cajas no incluídas desde 1996, y cualquiera sea el salario de las personas. Se incluyen todos los nuevos trabajadores/as luego de 6 meses de vigencia de la ley, al tiempo que se derogan las posibilidades de desafiliación de Afaps establecidas por ley en los gobiernos del FA.

El sistema mixto con Afaps de 1996 es jurídicamente voluntario para el 80/85 % de las personas, y ahora se pasa a uno jurídicamente obligatorio: aportes personales que deben ir a cuenta individual administrado por sociedades anónimas. “La libertad de opciones, tan pregonada por esta Coalición en el Gobierno, acá se sustituye por la obligatoriedad universal”.

Asimismo, irán a cuentas individuales en AFAPs otros ingresos como los aportes personales por partidas salariales no mensuales (por ej por productividad, cumplimiento de metas, presentismo, antigüedad, igualdad de género y otros); los aportes voluntarios y complementarios que se promueven en el Proyecto de Ley; los descuentos de IVA por consumo por pago con tarjeta que reglamente el Poder Ejecutivo dentro del denominado Plan de Ahorro por Consumo Voluntario pero que se determinaría obligatorio; los aportes de actividad en los casos de compatibilidad de trabajo y jubilación.

Con ventajas legales que logran las Afaps propiedad de capital privado en el Proyecto, en desmedro de República AFAP: lo que no lograron en 26 años de competencia en el mercado, ahora se logrará por ley.

República Afap es propiedad del Estado, tiene el 40 % de los afiliados y el 55 % de los fondos; es la que cobra menos comisión (se vienen rebajando desde 2005) y ha tenido rentabilidades similares a las demás; sus afiliados tienen la mejor densidad de cotización; es la que más ha invertido en proyectos en el país y tiene atención en todos los departamentos. Eso se hizo por decisiones tomadas en estos años y en particular en los gobiernos del Frente Amplio.

Ahora, por medidas previstas en el Proyecto de Ley, se facilita que las afaps propiedad de capital privado puedan captar una mayor proporción del negocio, donde ingresan trabajadores/as con ingresos mas seguros y mayores al promedio en general (bancarios, militares, policias, profesionales) por nuevas medidas que se les otorgan y que no lograron en la competencia de mercado en 26 años.

Mientras tanto, las altas comisiones que cobran, pese a la rebaja que aplicó por ley el Frente Amplio cuando gobernaba el país, en general se mantendrán y además se propone que puedan ser también sobre el fondo acumulado en su cuenta individual (sobre saldos) y no sobre los aportes cuando el trabajador/a trabaja y cotiza.

Las ganancias de las AFAPs como empresas, como sociedades anónimas, resultado de las comisiones que cobran a los afiliados, hasta 2019, eran de las más altas en América Latina, oscilando según los años entre 30 y hasta casi 60 % sobre patrimonio y comisiones, muy por encima del promedio de rentabilidad de las actividades de la economía nacional. Por ejemplo en 2017 alcanzaron los 50 millones de dólares. Por la ley de tope de comisiones (incluída en Ley de Cincuentones) bajaron a 12 millones en 2021.

Con incertidumbres para la buscada sustentabilidad financiera que la Coalición en el Gobierno pregona: no hay estudios conocidos del Gobierno de los altos costos de transición que deberá pagar el conjunto de la sociedad, desde la situación actual, al peor régimen mixto con AFAP, obligatorio y universal, que se crea para todas las cajas. Se establece que la compensación por esta transición, tendrá un monto equivalente al de las transferencias realizadas por cada entidad al BPS por 30 años y se faculta al PE a extender este plazo por un máximo de 10 años. (art.291)

”Repasemos un resultado” expresa el informe al respecto: 26 años después de creado el actual régimen mixto con Afaps, el BPS paga unas 800 mil pasividades (entre ellas unas 450 mil jubilaciones) y las aseguradoras por Afaps, sólo unas 60 mil (con unas 35.000 jubilaciones). La transición demora y cuesta.

Los aportes de los trabajadores/as son el 63 % y los empresariales 37 %.

El monto promedio mensual de jubilación que paga BPS (unos $ 29.000) casi cuadruplica lo que se paga por renta vitalicia mensual por AFAPs (hoy unos $ 7.700 promedio). Esto no es lo que se había pronosticado por los promotores de la reforma del ´95.

2.- Priorización en la reducción del gastos/egresos y carencia de alternativas de financiamientos progresivos

”El anteproyecto solo se ocupa de la contención de egresos, pero nada contiene acerca del otro componente fundamental de la sostenibilidad financiera, como lo es el relativo a los ingresos” dice un Informe anterior que se presentó a la MPN el 29.8.22.
Y ya lo decía la Declaración de la Mesa Política del frente Amplio del 29.10.2021 por unanimidad: “Discrepamos con la concepción que inspira este borrador de Recomendaciones, donde poco y nada se dice de la justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza, la solidaridad, elemento central de la seguridad social, además de evitar la pobreza y sustituir los ingresos que las personas cobran en actividad. El documento sugiere que la única redistribución del ingreso deseable es aquella que sea estrictamente indispensable para garantizar ciertos mínimos vitales de subsistencia al tiempo que se promueve un autofinanciamiento injusto y se equipara la responsabilidad individual a la responsabilidad superior del Estado. Asimismo, la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, aparece fuertemente cuestionada en general”. En el Proyecto de Ley, se mantiene la vigencia de lo señalado.

El ex-ministro considera que “no se debería contraponer infancia con vejez, sino riqueza y pobreza. O las necesidades de otras reformas y políticas sociales en infancia, género, cuidados, con la situacion de jubilaciones y pensiones. Somos partidarios de un enfoque multidimensional del envejecimiento como lo plantean la OIT y Naciones Unidas. Considerando una reciente investigación de CINVE” la cual indica que “si retiramos todas las transferencias (previsionales) nos queda una pintura de pobreza radical, dejamos de ver un sesgo hacia la infantilización de las carencias para tener una muy elevada pobreza en los tramos de mayor edad”. (…) Porque “las transferencias actuales del sistema de seguridad social (jubilaciones y pensiones contributivas) juegan un rol bien importante a la hora de evitar la pobreza en la población adulta”.

A su vez, Murro destaca una “particularidad” que no estaba “prevista” antes de encarar la investigación, y es que al eliminar las transferencias vía jubilaciones “se incrementa la pobreza en todos los tramos etarios”, ya que ese ingreso también lo usan para subsistir otros miembros del hogar, no sólo el jubilado. Si se retiraran todas las transferencias (jubilaciones y pensiones contributivas) el Gini crece “en 3,6 puntos porcentuales”, desde 0,38 hasta 0,416, mostrando un cambio “sustantivo” hacia una menor redistribución. (Fuente: Observatorio de Seguridad Social de CINVE, 12/2021)

”No se buscan en el Proyecto alternativas y formas complementarias a los tradicionales aportes de trabajadores/as y empresas al financiamiento, y aún más, se exoneran de aportes patronales otras partidas como las no mensuales y también a algunas de las mencionadas anteriormente con destino a cuentas individuales en Afaps. Salvo la creación de comisiones de estudio, tampoco se avanza en las exoneraciones de algunos sectores empresariales de altas ganancias y bajos aportes a la seguridad social.”, apuntó categóricamente Ernesto Murro.

3.- Rebajas en derechos para la población

Aumento de edad de retiro a 65 años a personas hoy menores de 47 años, y rebaja del monto a percibir para la mayoría de dichas personas. Aumentan entre 1 y 5 años también los años de trabajo para las posibilidades de jubilación con más de 65 años de edad. Son aproximadamente un millón de personas que se estarán jubilando hacia 2043, con el nuevo sistema totalmente vigente.

El aumento de edades perjudica especialmente a las personas más pobres. Diversos estudios internacionales lo confirman. A los pobres, personas vulneradas, mujeres, precarios/as, les resultará más difícil llegar a los 65 años y cumplir los requisitos para jubilarse. Ej. estudios de SALURBAL para barrios de Santiago de Chile, donde se observa diferencia de 18 años de esperanza de vida en mujeres y 11 en los hombres, entre barrios pobres y no pobres.

En nota agregada el informe hace referencia a Estudios en Uruguay presentados en Comisión de Expertos y de CINVE, que muestran que aún a los 70 años, el 30 % de las personas no llegan a juntar 30 años de trabajo y que a los 65 años, el 45 % de los hombres y el 50 % de las mujeres tampoco logran esos 30 años. Luego se afirma que en el Proyecto de Reforma presentado por el gobierno, esto se agrava por la exigencia de 13 jornales para computar un mes de trabajo en el caso de trabajadores/as zafrales, temporales y a la orden. (art 249)

Y el Suplemento Solidario pregonado por el Gobierno, sólo se logra si la persona cumple los requisitos y se jubila.

Por otra parte, el atar la edad a la evolución de la esperanza de vida es riesgoso, se recalca en el análisis. También estudios internacionales recientes muestran caída de la esperanza de vida incluso en los países más desarrollados, por las condiciones de vida y la pandemia ( Informe de ONU sobre Desarrollo Humano 2022, estudios de Universidades de Oxford, Virginia). Además de los impactos en los cambios tecnológicos.

Los montos a percibir también bajan para la mayoría de las personas, por extender a 25 años el período a considerar para calcular la jubilación y por la aplicación de la nueva Tasa de Adquisición que se crea en lugar de la tradicional Tasa de Reemplazo.

También se reducen en general, los montos a percibir por jubilaciones por incapacidad para todo trabajo y el subsidio transitorio hasta por 3 años para el trabajo habitual, ademas de priorizarse en caso de cumplir las condiciones, el otorgamiento a estas personas de la jubilación común. Y esto se proyecta en tiempos en que en el mundo y el país,se verifican aumentos de las discapacidades, particularmente para las mujeres, las personas vulneradas, menos calificadas y con multiempleo.

Si bien se plantean transiciones a 10 o 20 años, según los casos, hay saltos bruscos en condiciones, derechos y montos a percibir.
Ejs. Nacidos en 1972 se podrán jubilar con 60 años y nacidos en 1973, con 65 y en general, menor monto; quienes cumplan requisitos en 2032 se jubilan por las leyes actuales y desde 2033, con las nuevas, que también en general, para la mayoría, empeoran en más años y menos montos.

La promocionada causal con 60 de edad y 30 años de servicios para construcción y rurales, tiene condiciones que la harán imposible de acceder para muchas personas, dado que se determinarán los puestos de trabajo a amparar a al misma por MTSS y BPS y se exigen 20 años en dicha actividad, y 8 de los últimos 10 también en la misma. Hoy el 55 % de los trabajadores de la construcción son no permanentes (Información FOCER 2022).

Entretanto, en Caja Militar, mientras se reduce algún aumento de edad para personal de tropa respecto al Anteproyecto, se prorroga la posibilidad de uso de las ventajosas “comparativas”, que establecen que un retirado del mismo grado, deba percibir lo mismo que otro anterior, lo cual generalmente deriva de disposiciones que toman las mismas jerarquías militares en actividad pero de importante impacto en el monto de retiro. Por nuestra ley de 2019, las comparativas se mantenían para quienes cumplieran requisitos a ese año o con determinados años de servicios. Ahora se prorroga hasta 2032.

Algo similar sucede con el también promocionado Suplemento Solidario, que ahora puede ser cero en algunos casos (en el Anteproyecto tenía un mínimo de $ 2.300) y que va a ir desapareciendo con el tiempo en la medida que mejoren los salarios, como debería ser. A su vez, se elimina a futuro, la compensación de hasta 50 % por la parte de jubilación por BPS que se otorga por art 28 de la ley de 1996, para las personas afiliadas a Afaps sin estar obligadas a ello.

En pensiones de viudez y sobrevivencia, si bien se han atenuado algunas de las exageradas restricciones planteadas en el Anteproyecto, subsisten recortes importantes desde la perspectiva de género. No obstante, se mejoran derechos a pensionistas en Caja Militar, como el aguinaldo.

4.- Excesivas facultades al Poder Ejecutivo y la Agencia Reguladora de todos los organismos de Seguridad Social que se crea

Más de un centenar de facultades, competencias, obligación de informes, controles, sanciones, intervenciones que se otorgan al Poder Ejecutivo y/o a la Agencia Reguladora de la Seguridad Social que se crea, en decenas de artículos. Con potestades para determinar acceso a derecho, condiciones, años, montos, aspectos que históricamente estuvieron y están dispuestos por leyes. Una Agencia Reguladora, con carácter de servicio descentralizado, dependiente del Poder Ejecutivo, sin participación social, con el cometido de evaluar y regular la actividad de todos los organismos públicos y privados de seguridad social y atribuciones para dictar reglamentos técnicos e imponer sanciones a las entidades del sistema y a algunos de sus funcionarios.

Estas excesivas facultades deberían analizarse más jurídicamente en relación a las potestades de los organismos como el BPS (algunas constitucionales) y las Cajas, y sus respectivas autonomías.