Madres y Familiares rechaza que INDDHH acepte a organización que niega el terrorismo de Estado
La Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresó su máximo rechazo y preocupación por la decisión de la mayoría del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) de inscribir en su registro de organizaciones al Centro de Estudios sobre los Derechos Humanos del Uruguay (CEDDHHU), presidido por Sergio Hugo Molaguero Brescia, que niega el terrorismo de Estado y defiende a violadores de los derechos humanos.
Días pasados, el Consejo Directivo de la INDDHH aceptó en su registro de organizaciones sociales al Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay. El único director reelecto de la INDDHH, Wilder Tayler, (quien votó en contra de la aceptación de la organización) dijo que “no se debe admitir la cooptación de entidades que toleren la negación de los derechos humanos”, y remarcó que “hay límites que no se deben pasar”.
El 19 de septiembre, la organización de ex presos políticos del Uruguay – Crysol, consideró inadmisible que la INDDHH haya aceptado, por mayoría, incluir en su registro de organizaciones sociales al Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, que defiende a represores durante la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985), y reivindica a quienes fueron víctimas de la guerrilla.
En el mismo sentido, este miércoles 21 de septiembre, Madres y Familiares de Detenidos desaparecidos emitió un comunicado a través del cual expresó su máximo rechazo y preocupación por la decisión de la INDDHH de inscribir en su registro al Centro de Estudios sobre los Derechos Humanos del Uruguay (CEDDHHU), que niega el terrorismo de Estado.
“Es esta una organización que promueve una visión negacionista del terrorismo de Estado, avalando el pacto de silencio y vulnera la memoria de los hechos ocurridos en el pasado reciente, al calificar también de prisioneros políticos a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad”, expresó la asociación en un comunicado.
Asimismo, Madres y Familiares señaló que el Centro de Estudios sobre los Derechos Humanos del Uruguay está integrado por personas de “cuestionable trayectoria, no reúne las condiciones mínimas para ser aceptada como integrante de la INDDHH y, por el contrario, va en contra de la normativa que dio origen a la Institución y los principios que de ella emanan, que debe proteger, promover y defender los derechos humanos”.
“Con esta inscripción se hace carne aquello sobre lo que diferentes organizaciones sociales hemos venido alertando: las intenciones de desprestigio a la Institución continúan, ahora procurando que esta tome un giro en su orientación de trabajo al dar lugar a un falso revisionismo del pasado reciente”, expresó Madres y Familiares de Desaparecidos.
197 detenidos desaparecidos
Agregó: “La INDDHH no puede permitirse tener en su seno a organizaciones que nieguen a nuestros 197 familiares detenidos desaparecidos y que defiendan abiertamente a los violadores de los derechos humanos, civiles y militares, que actuaron bajo el amparo del Estado”.
“Continuamos defendiendo a la Institución y su cometido original como logro del pueblo organizado: la INDDHH no puede ser neutral en esta materia ni basarse en una supuesta pluralidad para admitir organizaciones que en su discurso vulneran a los derechos humanos. Por verdad, memoria y justicia. Nunca más terrorismo de Estado”, sentenció la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Datos
El centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay es presidido por Sergio Hugo Molaguero Brescia, y la vicepresidencia la ocupa Graciela Rompani (viuda de Jorge Pacheco Areco, del Partido Colorado, presidente de la República entre el 6 de diciembre de 1967 y el 1º de marzo de 1972).
Molaguero, hijo del dueño de la ex fábrica del calzado “Seral”, fue secuestrado por el grupo izquierdista OPR33 en 1972.
Es un ex empresario de la industria del calzado y ex dirigente del Partido Colorado, fue propuesto para integrar el Directorio de la Institución de Derechos Humanos por el diputado del Partido Colorado Omar Estévez quien en mayo de 2021, en plena pandemia de Covid-19, fue denunciado por la bancada de diputados del Frente Amplio por “presuntos hechos delictivos vinculados con a la salud de trabajadores de su empresa y daño a la salud pública”. Tras una serie de inspecciones que realizó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la empresa del rubro cítrico perteneciente a Estévez, finalmente la secretaría de Estado decidió archivar el caso.
Para integrar la INDDHH contaba con el apoyo del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, el Instituto Uruguayo de Cultura y la Fundación Rioplatense de estudios.
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