OPS y expertos del MSP alertan que flexibilización de ley antitabaco afectan la salud pública

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, admitió públicamente que la flexibilización en la normativa antitabaco, que data del gobierno de Tabaré Vázquez, se flexibilizó luego de un pedido de la empresa tabacalera Monte Paz al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

“Y otra cosa que les quiero decir: me preguntaban algunas personas en off, y algunas ridiculeces que también escuché: ‘¡esto es para favorecer a la empresa Monte Paz!’, No, si me lo pidió una empresa de chicles. ¡Obvio! Si quien se dedica a producir cigarros es Monte Paz. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? ¡Monte Paz!”, expresó Lacalle en rueda de prensa, pero negó que haya cedido a presiones.

Esta flexibilización se hizo contradiciendo a técnicos y asesores del Ministerio de Salud Pública quienes manifestaron en un documento interno que “las sustituciones de los artículos 7, 8 y 9, planteados por el Decreto 282/022 no son medidas para combatir el comercio ilícito y permite que los cigarrillos sean más atractivos a través de técnicas de diseño planteadas por la industria tabacalera, eliminando la uniformidad del empaquetado”.

Este documento fue revelado por la periodista Patricia Madrid en Twitter, y prosigue diciendo: “Se contraviene el Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco ratificado por la Ley 17.793, el Protocolo para la Eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, ratificado por la Ley 19.259, y la Ley 18.256 y sus modificativas, Ley 19.244, la Ley 19.723, como también la Ley 13.751. Por lo que se requiere la inmediata derogación del Decreto 282/022”.

Dicho documento fue firmado por la doctora Beatriz Goja, en representación de la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control del Tabaco, y por la doctora Elba Esteves, directora del Programa Nacional de Control de Tabaco, adscrito a la Dirección General de la Salud.

Intentos de debilitamiento de la legislación

Durante la pandemia del COVID-19, la industria tabacalera intentó debilitar las regulaciones y normativas antitabaco, según denunció un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizado entre julio de 2020 y junio de 2021.

El documento de 172 páginas remarca en uno de sus segmentos que el consumo de tabaco “ sigue siendo un importante problema de salud pública y es el principal factor de riesgo prevenible de las cuatro ENT principales: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas”.

Más adelante, relata que “la industria tabacalera aprovechó la oportunidad de la pandemia de COVID-19 para posicionarse como asociado en la respuesta a la pandemia, al mismo tiempo que intentaba debilitar los marcos regulatorios efectivos para abordar la epidemia de consumo de tabaco”.

Durante el 2021, prosigue el informe,  “se avanzó poco en la aplicación de las medidas del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), a pesar de la constatación de que el aumento de los impuestos para reducir el consumo de tabaco también daría lugar a un aumento inmediato de los ingresos que podrían usarse para los planes de recuperación de la COVID-19”.