ATSS: Nadie debería trabajar más allá de los 60 años, que ya parece un número elevado

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, definió el anteproyecto de Ley de reforma de la seguridad social como “sostenible, y solidario”, remarcó que abarca a todos los subsistemas, incluso a la Caja Militar, y dijo que es “muy gradual porque la transición es de 20 años”.

Sin embargo, la secretaria de Prensa y Propaganda de ATSS, Karina Sosa, manifestó que “no es un proyecto sostenible, solidario ni gradual, desde el momento en que no se dice, en números, cuál sería el ahorro, ni cuál sería el beneficio para los trabajadores”.

Sosa indicó, en referencia a la sostenibilidad que argumenta el gobierno, que el punto de partida para definir las cosas son las leyes y en este caso la Constitución de la República, en la cual se expresa la forma de financiación de la seguridad social. “No podemos medir en términos de sostenibilidad o insostenibilidad algo que por deber y compromiso, y porque es un derecho humano fundamental, los gobiernos tienen obligación de cumplir”.

Dijo que hablar de “sostenibilidad” no es correcto, cuando se habla de un derecho humano fundamental.

En referencia a que el gobierno definió la iniciativa como “solidaria”, cuestionó que “justamente ese es el pilar que el proyecto ataca de forma más regresiva”.

Agregó: “Ser solidario significa que lo que tengo lo comparto con el resto; sin embargo, este proyecto demuestra que la profundización de las AFAPS, que a nuestro criterio es el peor problema que tiene la seguridad social uruguaya en términos de financiación, es algo que le quita ese pilar solidario, dado que aplica la teoría del ‘sálvese quien pueda’ y ‘cobre más el que paga más’. Están condenando a los trabajadores a estar afiliados a una AFAP sea cual sea el régimen de aportación que este tenga ya sea caja estatal o para estatal”.

La dirigente sindical expresó a LARED21 que, “además se lo hace desde una base de cálculo muy superior, antes el punto de partida era 71 mil pesos a valores de enero de 2022; sin embargo, ahora es desde cero hasta 134 mil pesos. Entonces, la AFAP se llevaría la mitad del aporte obrero directamente desde cero peso”.

La representante de ATSS señaló que tampoco “no es una reforma ideal, porque al trabajador más vulnerable no se le mejora su ingreso real en términos concretos”.

“Si bien entendemos que la reforma es gradual, también consideramos que es un mecanismos muy perverso a los efectos de planteárselo a la opinión pública, porque las cuestiones más graves que tienen los temas de seguridad social son su complejidad para el entendimiento de la población en general”, dijo.

Indicó que al expresar que es “muy gradual” es cierto, pero gradual porque se aplica desde 1967. “El problema radica en que todas las reformas son graduales, porque ninguna reforma de seguridad social se aplica y genera inmediatamente resultados hay que aguardar que generen causal jubilatoria quienes están aún activos, en el mercado de trabajo”.

“El concepto de que es una reforma ‘gradual’ es muy idealizado por el Poder Ejecutivo, para dar la sensación de que no es una política de impacto inmediato y, en realidad, los peores problemas de impacto inmediato se verán cuando la Ley se promulgue y se reglamente”, advirtió.

“No estamos de acuerdo con la iniciativa, porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, debería cumplir sus promesas de campaña, cuando dijo que no se le cambiarían las reglas de juego a aquellas personas que ya estaban inmersas en el campo laboral. Por tanto, no solo debería cumplir y respetar lo que dijo, sino que sería una muestra de buena fe para la población que no se hicieran diferenciaciones entre trabajadores”, manifestó.

En tal sentido, cuestionó que en el proyecto solo se nombran dos grupos de trabajadores que podrán jubilarse a los 60 años, es decir aquellos que desempeñan trabajos de riesgo por su naturaleza e impacto en las condiciones físicas de la salud humana. Además, no se tiene en cuenta otras actividades las que deberían solicitar acceder a ese beneficio por medio de un mecanismo más complejo.

“Nadie debería trabajar más allá de los 60 años, que ya parece un número elevado, porque los trabajadores deben tener tiempo para el goce de su vida y no pasar del ámbito laboral a la jubilación o al retiro, ya con problemas de salud, sin poder tener la posibilidad de expandirse como personas, sin restricciones en los planos culturales, de descanso y de disfrute”, remarcó.

Con la propuesta de aumento de la edad jubilatoria “no está de acuerdo el 80% del país, porque la Comisión de Expertos realizó una encuesta y el ciudadano uruguayo dijo que no quería trabajar más allá de los 60 años”.

El proyecto incluye también un capítulo referido a la “causal jubilatoria anticipada por extensa carrera laboral”. En referencia a aquellas personas nacidas después de 1970, que al cumplir 60 años tengan 40 años de trabajo efectivos o más, dijo que se refiere a los “no dependientes”, es decir patrones o cuentapropistas que pueden ejemplificarse en propietarios de pequeños y medianos comercios (quiosco o carnicería), “por lo general no son quienes manejan más capital, sino aquellos que trabajan más horas a diario y generan menos ganancia, esas personas tendrán que estar al día con sus aportes, porque si debieran algún año de aportes, ya no gozarían del beneficio de poder retirarse con 60 años a pesar de haberlos trabajado”.

Recordó que, según los diagnósticos de la Comisión de Expertos, tres de cada cuatro uruguayos no iban a poder completar su historia laboral nominada, ello significa que “solo la cuarte parte de la población podría llegar a tener el beneficio de jubilarse con 60 años, si tiene 40 años de aporte; por lo tanto, el 75% no estaría incluido dentro de este colectivo”.

Añadió que si existe una historia laboral incompleta esas personas pudieron haber estado trabajando fuera del sistema, como se dice comúnmente “en negro”, situación que en ocasiones se acepta por parte del trabajador para poder subsistir, no caer en la pobreza o la indigencia, “aunque el trabajo también es un derecho humano y que cualquier gobierno tiene la obligación de generar puestos de empleo”.

“Si bien hay una diferenciación entre quienes generen 40 años de trabajo y 60 años de edad, siempre van a ser los menos, porque además han tenido una vida de trabajo de seguridad e ingresos constantes que han hecho que su vida haya sido más ordenada, menos estresante y hayan pasado menos necesidades que aquellas personas que han tendido que vivir con lo que han podido”, puntualizó Sosa.

No hay urgencia real

Por su parte, el vicepresidente de ATSS, Rodrigo Núñez, manifestó que “no hay urgencia real de realizar una reforma y menos una que sea restrictiva de algunos beneficios y vaya en detrimento de una mejor calidad de vida, en edades tan particulares cuando se ronda los 60 años con 30 de trabajo”.

Recordó que ATSS, a través de su Comisión de Seguridad Social, planteó un proyecto alternativo a la Comisión de Expertos.

En tal sentido, ATSS propone “diferencias sustanciales en el sentido de un sistema que sea sustentable, porque la seguridad social no es un gasto, es un derecho humano fundamental, que vaya en sintonía en cómo se generan las fuentes de financiación, y no caiga el peso sobre los trabajadores, los cuentapropistas y pequeños empresarios, y sí vaya hacia el gran capital, y otras fuentes innovadoras en donde se puede aplicar una mayor carga hacia la seguridad social”.

Agregó que de ese modo, se podría ir hacia una seguridad social “expresada de mejor forma, más abarcativa, más profunda y que no deje por el camino una contribución del BPS que tiene una canasta de beneficios tan amplia que va desde la salud, enfermedades, maternidad, lactancia y todas las prestaciones que tienen que ver con las contingencias de vida como pérdida de empleo o incapacidad, entre otras”. Agregó que es importante tener esa visión y realizar una reforma que sea “sostenible no solo económicamente, sino también socialmente y de cara a la población”.

Ingreso de personal

Por otro lado, Núñez remarcó que en los últimos dos años, el BPS ha perdido más de 500 trabajadores y también se han reducido drásticamente los contratos de becarios y pasantes. “Partiendo de una plantilla que superaba las 5.100 personas, ahora estamos en 3.100 funcionarios atendiendo todo el país en todas las áreas que engloba el BPS”.

El dirigente sindical señaló que dicha falta de personal genera un problema muy grande ya que en algunos lugares se está comprometiendo el funcionamiento básico.

“Hay agencias del interior del país en las cuales solo hay una persona para atender y si esa persona quiere hacer uso de su licencia reglamentaria, se enferma, o tiene alguna problemática, no puede ausentarse porque la oficina tendría que cerrar”, ejemplificó.

Agregó que en algunas dependencias de Montevideo ocurre una situación similar. “En todas las áreas del BPS, la falta personal es un elemento fundamental, porque está relacionado con las condiciones de trabajo que están siendo cada vez menos beneficiosas, e indirectamente se relaciona con que haya más demoras en los distintos trámites”.

“Se planteó por parte del Directorio del BPS, que ha hecho muchos esfuerzo para el ingreso de personal, pero que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía están cerrando la posibilidad de que ingrese personal, sobre todo para lugares del interior y poder ocupar las vacantes”, aclaró.

Núñez recordó que desde 2015, por cada tres personas que se retiraban, ingresaban dos; mientras que en la actualidad la relación es de tres a uno.

“Ello se agrava por la situación de que de 2019 a 2020 se planteó por parte de OPP retirar 600 vacantes de una sola vez, y este año tan solo podrían entrar a trabajar 39 personas, en un concurso que está vigente. Esto nos lleva a plantear que no alcanza y además tenemos una lista de prelación con personas que hicieron un concurso muy exigente, cuando el BPS podría dar una solución a una situación problemática de desempleo”, planteó.