Grupo de Trabajo de ONU alerta sobre potencial desaparición forzada de menores en la actualidad en Uruguay

El Grupo de trabajo de ONU ha llevado a cabo una visita oficial a Uruguay entre el 7 y 14 de julio de 2022, y ha centra su trabajo en “las desapariciones forzadas que comenzaron a ejecutarse durante el periodo 1968-1985 y las obligaciones estatales correspondientes”.

Asimismo, ha recibido información relacionada con “desapariciones que se están produciendo en la actualidad, en particular entre personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables (niños, niñas y adolescentes y mujeres)”.

El informe final de la visita oficial del Grupo de trabajo se presentará en la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en septiembre de 2023.

Desapariciones actuales

De acuerdo con la información recibida, el Grupo indica que “habría categorías de la población en mayor riesgo de sufrir desapariciones”. En tal sentido, indica que “ha observado con preocupación las modificaciones realizadas por la Ley de Urgente Consideración (LUC) en su artículo 43, que aumenta de 2 a 4 horas el plazo de aviso a Fiscalía sobre la detención; y las alegaciones de retrasos en el acceso a la asistencia letrada, aspecto ulteriormente dificultado por la aplicación del artículo 21 de la LUC, relativo a la facultad de la policía a realizar interrogatorios de forma autónoma a fin de obtener información para la investigación”.

Asimismo, el Grupo de trabajo ha recibido información relacionada con “desapariciones de niñas, niños y adolescentes tras su estadía en centros de protección estatales; así como las desapariciones de mujeres y niñas, posiblemente relacionadas con situaciones de explotación sexual y trata”.

En ese sentido, en el informe se asegura que “se ha podido observar la existencia de un clima de estigmatización, y la ausencia de medidas preventivas y mecanismos y políticas de búsqueda dirigidas específicamente a este grupo de personas (como por ejemplo la Alerta Amber y el Protocolo Alba) o de investigaciones eficaces sobre estos casos, lo cual no permite descartar una potencial desaparición forzada en algunos de estos”.

Además, el Grupo de trabajo ha sido informado de las “dificultades enfrentadas por los familiares de estas personas en acceder al patrocinio legal y al apoyo psico-social”. En este sentido, subraya la importancia de que se garantice el acceso al patrocinio legal gratuito y de que se fortalezca a la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación para que cuente con los recursos humanos, financieros y técnicos adecuados y con personal debidamente capacitado y sensibilizado.

Exhorta al Estado a actuar con “debida diligencia en la búsqueda y en la investigación de estas desapariciones, incluyendo con respecto a la posible comisión de delitos y la participación de autoridades en su comisión”.

Recuerda la obligación de llevar adelante “políticas públicas que garanticen la sensibilización y la formación permanente en derechos humanos del personal militar o civil encargado de la aplicación de la Ley.

Período 1968-1985

Por otro lado, el Grupo observado que, hasta la fecha, en Uruguay “no se ha dado un ejercicio amplio de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad con respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas en el período 1968-1985.

En este sentido, recuerda que el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar en el futuro que tales crímenes se repitan.

Por lo que concierne a la búsqueda de las personas desaparecidas, esta tarea se encuentra actualmente garantizada en Uruguay a través de la Ley 19.822 del 18 de septiembre de 2019, que encargó los esfuerzos de búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

Sin embargo, el Grupo de trabajo expresa su “preocupación por la información recibida acerca de los reiterados episodios tendientes al desprestigio y el cuestionamiento público de los integrantes de la institución, formulados por exponentes políticos y retomados por algunos medios de comunicación”.

“Estas instancias pueden dificultar el desempeño de sus funciones, incluyendo sus tareas de búsqueda”, se indica en el informe.

El Grupo de trabajo considera “inaceptable cualquier ataque, amenaza o intimidación que atente contra la integridad personal y profesional de sus integrantes, y vaya dirigida a cuestionar la labor de búsqueda de las personas desaparecidas y de protección de los derechos humanos”.

Otro aspecto con respecto a la búsqueda de las personas desaparecidas es la necesidad de “acceder a los archivos que pudieran contener información sobre su suerte o paradero”. Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida durante la visita, en Uruguay “no ha habido un esfuerzo coordinado y sistemático por parte de las autoridades para identificar, rescatar y conocer todo el universo de los archivos existentes”.

El Grupo de trabajo asegura que ha recibió información acerca de las denuncias presentadas en 2011 por parte de 28 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual mientras eran sometidas a desaparición forzada en centros clandestinos de detención a lo largo del país. “Las violaciones fueron perpetradas de manera generalizada a las mujeres secuestradas, y habían quedado invisibilizadas hasta la decisión de denunciar los hechos”.

También afirma que ha recibido con gran preocupación información sobre “los pocos avances que ha tenido el caso, a pesar de que se habían identificado inicialmente a más de 100 perpetradores, y sólo se ha llegado al procesamiento y condena de dos de los imputados”.

Lamenta que, al día de hoy, “no se haya dado seguimiento a ninguna de las medidas de reparación ordenadas por la Corte en la sentencia sobre el caso Maidanik y otros, convocado a familiares y sus representantes legales”, y alienta al Estado a conformar una mesa interinstitucional, con participación de las víctimas, para agilizar la ejecución de la sentencia.

Asimismo, el Grupo lamenta que no se haya dado cumplimiento integral a las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en el caso “Gelman y otros vs. Uruguay”.

Expresa su profunda preocupación por la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley sobre la sustitución de penas privativas de libertad por régimen de prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años, debido a que dicha legislación sería “contraria al derecho internacional de los derechos humanos, y en especial, a los límites impuestos al otorgamiento de amnistías, indultos, reducción o beneficios en la ejecución de la pena, u otras medidas análogas a acusados y condenados por graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales, incluyendo a las desapariciones forzadas”.

También preocupa la información que ha recibido sobre “obstáculos dentro del sistema educativo a los esfuerzos de algunos docentes tendientes a generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre los crímenes de la dictadura y otros temas relevantes de derechos humanos, así como la utilización del argumento de ‘laicidad’ para limitar la educación sobre temas que son de interés universal”.

La vandalización de sitios de memoria es un tema de inquietud, “agravado por el hecho de que estos incidentes en general no han sido investigados, ni las personas o grupos que los han cometido, han sido enjuiciadas y sancionadas”, asegura el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.

He aquí el texto íntegro: 

Observaciones Preliminares GDTFI Uruguay by Mauricio on Scribd