Gobierno busca derogar totalmente la Ley de Medios, que evita los monopolios privados y promueve la producción nacional

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presentó ante el Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas, en el cual contempla la derogación total de la Ley de Medios, N°19.307, aprobada en diciembre de 2014, que instauraba una serie de medidas para evitar, entre otras cosas, concentración de monopolios y oligopolios al tiempo que promocionaba la producción nacional de productos televisivos.

Para el Ejecutivo de Lacalle, esta ley tiene “varias inconstitucionalidades” y, bajo esa premisa, fue que habilitó que los cableoperadores privados usen la infraestructura de ANTEL para competirle a la misma en servicios de internet. 

Según publica el semanario Búsqueda, afirmando haber accedido al texto de la Rendición de Cuentas, el gobierno quiere promover en el Parlamento el avance de la nueva Ley de Medios, que está durmiendo sin mucho movimiento hace más de dos años, y la cual ha generado dudas, críticas y rechazo entre voces expertas.

El nuevo texto solamente mantendría los artículos 35, 36 y 37 de la ley vigente:

• El artículo 35 garantiza el derecho a la accesibilidad a los servicios de comunicación audiovisual a personas con discapacidad, para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información en igualdad de oportunidades.
• El artículo 36 establece que las distintas señales de televisión deberán brindar parte de su programación acompañada de sistemas de subtitulado, lengua de señas o audiodescripción, en especial los contenidos de interés general como informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes.
• El artículo 37 reza que el Poder Ejecutivo facilitará y promoverá el desarrollo de tecnologías apropiadas, la producción de contenidos nacionales, la formación de profesionales y la investigación en accesibilidad audiovisual para apoyar el cumplimiento de estas obligaciones.

 

En favor de las empresas productoras de contenidos deportivos, el gobierno quiere que se pueda bloquear toda transmisión ilegal o no autorizada de eventos deportivos, ya sea por YouTube, por Facebook o por páginas web como la conocida Rojadirecta. Esto lo controlaría la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (URSEC).

Qué garantiza la ley actual

La ley N°19.307 fue aprobada al final del gobierno de José Mujica, y fue diseñada para comprender a los servicios de radio y televisión y otros de comunicación audiovisual, a los que define como aquellos que proporcionan “una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión”.

No regula a aquellos que funcionen por internet, proveedores de telecomunicaciones ni a los de comercio electrónico a los que se acceda a través de servicios de comunicación audiovisual.

Dice que los servicios de comunicación audiovisual podrán ser brindados por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, estatales y no estatales, en los regímenes de autorización o de licencia.

Limita la posibilidad de que se conformen monopolios y oligopolios, o sea, la concentración en pocas manos de muchos medios audiovisuales a fin de promover la diversidad de opciones para las y los consumidores.

En este sentido, limita a no más de tres por persona física o jurídica el número de autorizaciones para prestar servicios de difusión de radio y televisión, y a no más de dos para transmitir en la misma banda de frecuencia, ya sea radio FM o AM, o televisión.

En cuanto a las empresas de cable, una misma persona no podrá obtener más de seis autorizaciones o licencias para vender servicios de televisión paga o de abonados a nivel nacional, y no más de una licencia o autorización a nivel local. En el caso de Montevideo, el máximo nacional para una empresa o persona será de tres licencias.

Pone un techo a la cantidad de abonados que pueden tener los cableoperadores: no podrá superar el 25% del total de hogares con televisor en todo el país, ni el 35% del total de hogares con televisión en lo local.

Otro de los hitos de esta ley es el incentivo a la producción nacional, ya que se obliga a las emisoras de radio y televisión a emiir al menos un 60% de su tiempo al aire con programas de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad o la autopromoción, de la cual un 30% tiene que ser realizada por productores independientes, no pudiendo concentrar un mismo productor independiente más del 40% de ese porcentaje en un mismo servicio de radiodifusión de televisión.

Como mínimo, dos horas de cada semana deberán emitir esrenos de ficción televisiva nacional o bien películas cinematográficas: de esta franja, al menos un 50% deberá ser de producción independiente, en un horario que va desde las 19 hasta las 21 horas. Dentro de dicha programación, se deberá programar al año como mínimo dos películas cinematográficas de producción nacional.

También se prevé que un mínimo de 2 horas por semana de la programación emitida deberá estar destinada a programas de agenda cultural.

Alertan de retroceso en derechos

Desde hace dos años, que llegó al Parlamento el texto de la ley de medios que quiere aprobar el gobierno actual, empezaron a surgir dudas y críticas, con advertencias de que está diseñada para favorecer a los grandes empresarios.

Para Nicolás Centurión, licenciado en Psicología de la UDELAR y miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP), y analista del CLAE, “el mapa medios audiovisuales en Uruguay representa una hegemonía abrumadora de los medios privados”, y explica: “Dicho canales (Canal 4, 10 y 12) cuentan con más del 90% del público. Estudios como el de Gustavo Buquet y Edison Lanza -“La televisión privada comercial en Uruguay. Caracterización de la concentración de la propiedad, las audiencias y la facturación”- dan cuenta del panorama poco plural de los medios en Uruguay”. 

Cuando era legislador, Lacalle Pou había dicho que le preocupaba “el espíritu de la ley”, señalando “por lo menos diez” supuestas inconstitucionalidades. Vale aclarar que, de los 202 artículos del texto vigente, solamente dos fueron declarados inconstitucionales, analiza Centurión. 

Y prosigue diciendo: “la nueva ley permite la apertura a capitales extranjeros y la renovación de licencias en algunos casos casi in eternum. El proyecto descarta al fondo de promoción de la producción nacional de contenidos y el aporte económico que los medios privados debían hacer para conformarlo. La producción nacional seguirá rezagada con esta disposición”. 

El 8 de junio de 2021, el Consejo Directivo Central de la UDELAR aprobó una resolución en la cual toman posición en esta discusión: advierten que la nueva ley de medios que orbita en el Parlamento no cumplen con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación.

La nueva ley que quiere Lacalle Pou aumentaría la cantidad de licencias que cada persona o empresa puede tener hasta poder aglomerar seis (que se bajó desde ocho). “Asimismo el proyecto cuando fue creado eliminaba todo límite en la cantidad de licencias de televisión para abonados por un mismo titular y en la versión reciente se incorporó un límite de 8 licencias por titular para todo el país (la ley de medios vigente en el artículo 54 establecía este límite en tres para Montevideo y seis para el interior)”, entiende la periodista e investigadora sobre comunicaciones, Natalia Uval. 

Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Medios y Convergencia (OBSERVACOM, tiene una posición parecida planteando varias preguntas. “Los puros y duros de la Coalición quieren derogar la Ley de Medios, salvo un par de artículos (…) ¿Ninguna regulación? ¿Licencias a dedo? ¿Sin protección a la niñez? ¿Ningún límite a los monopolios mediáticos? ¡Todo el poder a los malla oro!”, escribió en su cuenta de Twitter.