Uruguay quiere imitar el sistema carcelario de Texas, acusado de repetidas violaciones a los derechos humanos

Una delegación del gobierno de Luis Lacalle Pou viajará al estado estadounidense de Texas para ver de cerca su sistema carcelario, que se implementó en 2007 y que ha dejado resultados tanto positivos como negativos, e incluso ha sido señalado por violar derechos humanos.

La delegación estará comprendida por representantes Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, la oficina del comisionado parlamentario y dos legisladores miembros de la comisión especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria.

Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles, también ha hablado de este sistema de prisiones y cree que “antes de construir más cárceles, probemos con las medidas que han funcionado en otras partes del mundo”.

En 2007, cuando el estado sureño decidió cambiar al actual sistema, había un déficit de unos 17.000 cupos que debían agregarse antes de 2012, lo que conllevaría un gasto de US$2.000 millones. Aunque supuestamente se han agregado servicios de salud mental y rehabilitación para las adicciones a las drogas, el sistema no hay estado exento de gran cantidad de informes, casos judiciales e investigaciones que relatan repetidas violaciones a los derechos humanos.

Muertes por calor extremo

En 2014, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas elaboró un informe en el cual constataron que las condiciones extremas de las prisiones del estado violan los derechos humanos de los reclusos, según publicaba el diario Texas Tribune en abril de ese año.

El documento de 40 paginas incluye, por ejemplo, afirmaciones hechas en demandas por la muerte de ocho personas privadas de libertad, presentada por el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRJ, por sus siglas en inglés) contra el Departamento de Justicia Criminal de Texas, en nombre de las familias de los fallecidos. En el texto de la demanda, de 2013, dice que cuatro reclusos fueron expuestos en 2011 a una intensa ola de calor que superó por mucho los 40°C durante semanas.

Los reclusos Douglas Hudson, Kenneth Wayne James y Rodney Adams estaban alojados en las instalaciones de Gurney cerca de Tennessee Colony, y Robert Allen Webb estaba en las instalaciones de Hodge cerca de Rusk cuando murieron. La demanda alegaba que estos individuos cumplían penas por delitos no violentos, padecían afecciones médicas , y los funcionarios no los protegieron.

A Webb y Adams, según la demanda, se les recetaron medicamentos psicotrópicos que hicieron que la deshidratación fuera una amenaza mayor, y que la prisión sabía que “poner a hombres con estas condiciones médicas en temperaturas tan altas podría matarlos, pero lo hicieron de todos modos”. 

El director del TCRP, Scott Medlock, aseguró por entonces que las cárceles de Gurney (condado de Anderson) y Hodge (condado de Rusk) son «trampas mortales».

El problema, relatan, es que los guardias y demás funcionarios también estaban expuestos a las condiciones Sidney Webb, hermana de uno de los fallecidos, cuando visitó a su hermano una semana antes de la muerte. “No era raro que los presos se desnudaran hasta quedar en ropa interior y se acostaran en el piso de concreto para mantenerse frescos”, dijo que le dijeron los funcionarios de la prisión. “Ahí es donde encontraron a mi hermano”.

“En cierto modo, las cárceles son un sector olvidado de la sociedad”, dijo Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos. “Creemos que es importante dar visibilidad a algunos de los problemas que enfrentan”. En algunos lugares, afirma, se han reportado temperaturas superiores a los 149°F, equivalente a 65°C, una de las condiciones considerada violatoria de los derechos humanos y de la Constitución de los Estados Unidos que prohíbe los castigos considerados crueles o inhumanos.

Lance Lowry, presidente del sindicato de oficiales penitenciarios de Texas, dijo en aquel informe que los trabajadores penitenciarios han estado presentando quejas sobre el calor desde finales de los 90 sin éxito.

Según publicó el diario británico The Guardian, al menos 14 personas murieron por exposición al calor extremo desde 2007, y la mayoría de las instalaciones no tenían hasta 2014 aire acondicionado, a excepción de los edificios médicos, psiquiátricos y geriátricos.

Años después, las violaciones siguen

A finales de 2021, el Poder Judicial de Escocia rechazó lo que parecía ser una extradición rutinaria, la del escocés Daniel Magee, quien está acusado de haber disparado supuestamente contra un guardia de seguridad en Austin, Texas en 2016, antes de escapar hacia su país natal.

Las razones para rechazar la extradición no tiene precedentes en el país: el juez del tribunal de Edimburgo decidió negarla porque entiende que se ha constatado que el sistema carcelario texano tiene condiciones pésimas para sus reclusos, por lo que se violan instancias internacionales de derechos humanos.

Abandono médico

En 2018 hubo otra demanda por violaciones a los DDHH: un recluso presentó un caso contra el sistema penitenciario texano porque, supuestamente, no lo trataron adecuadamente cuando sufrió una fuerte infección bacteriana carnívora durante una semana. De acuerdo al denunciante, no lo llevaron a un hospital porque no había suficiente personal para el traslado y para mantener la guardia habitual.

En la demanda, presentada en diciembre de 2018 en un tribunal federal de estado, Harold Millican acusa al Departamento de Justicia Criminal de Texas y al director de la Cárcel Estatal de Gist de “insensible indiferencia”, alegando que no le ofrecerían la “atención adecuada” ni lo llevarían al hospital por su maloliente infección en el brazo hasta que entró en estado de shock y cayó inconsciente. Pide un resarcimiento económico de US$200.000, que el sistema intensifique las capacitaciones para que el personal sepa atender estas situaciones de mejor forma y aumentar el número de uniformados.

Comida ininteligible

En noviembre de 2020, en el cenit de la pandemia del COVID_19, la ya poco vistosa comida de las prisiones texanas empeoró visiblemente, según denunciaron organizaciones de derechos humanos y reclusos que presentaron demandas.

Por ese entonces, las cárceles estaban cerradas para las visitas y los privados de libertad no podían interactuar mucho entre ellos para evitar contagios. Lo que pocos saben explicar es por qué la calidad de los alimentos bajó tanto: la comida llega en bolsas de papel empapadas, y les servían platillos fríos con panes mojados y blandos (o secos y duros de añejos). En la mayoría de las ocasiones, describe The Marshall Project, les sirvieron rebanadas de pan cuadrado lactal -conocido en inglés como ‘wonderbread’- untadas de una dudosa carne con una salsa fría.

Esta comida, agregan, no cumple con el manual del sistema carcelario que pide que las comidas sean saludables y nutritivas, al tiempo que oredna que se incluyan distintos elementos para darle buen sabor.

“Las condiciones son tan malas aquí, parece del tercer mundo”, le escribió un recluso a su pareja en una visita. “La nutrición está lejos de ser adecuada, especialmente para los reclusos con COVID positivo. Uno pensaría que al menos nos darían verduras y proteínas abundantes, algo con un contenido vitamínico”.

Un portavoz de la prisión se negó a emitir comentarios, pero en el pasado han negado las acusaciones y defienden la alimentación que se brinda.

Plantando evidencia

Otras de las violaciones a la dignidad de las personas privadas de libertad tiene que ver con la plantación de evidencia falsa para interponer acusaciones, como sucedió en el año 2018 cuando tres oficiales de la Unidad Penitenciaria Ramsey, en el condado de Brazoria, fueron acusados por supuestamente colocar destornilladores en una celda.

Los guardias enfrentan cargos de delito grave de manipulación de registros gubernamentales y de delito menor de opresión y abuso de autoridad. Un gran jurado votó en julio de ese año aprobando las acusaciones y se ordenaron arrestos contra los tres sujetos, según narró el Houston Chronicle.

“Hemos estado luchando por una supervisión independiente durante años y no hemos podido lograr nada”, dijo Jennifer Erschabek de la Asociación de Familias de Reclusos de Texas. «Siempre dicen que está el ombudsman, el Comité Correccional de la Cámara, el Comité de Justicia Penal del Senado, la junta, pero eso nunca ha sido efectivo para nosotros porque nunca obtuvimos la transparencia o la responsabilidad que necesitamos sobre estos temas. Se necesitan los medios de comunicación para obtener llegar al fondo de esto y llegar a los hechos».

La lista de otras denuncias y violaciones es larga, y van desde la dotación de agua contaminada a los reclusos, la negativa a proveer desinfectante de manos durante la pandemia, la ausencia de salud dental y, uno de los más graves de todos, la historia de Dennis Wayne Hope, que lleva más de 30 años en confinamiento solitario, algo que es considerado tortura por organizaciones de derechos humanos y carcelarios.