Sectores del FA rechazan el Proyecto Neptuno de OSE porque mercantiliza el agua
El Partido Socialista, el Partido Por la Victoria del Pueblo, Casa Grande y Movimiento Cambio Frenteamplista expresaron su más absoluta oposición al “proyecto Neptuno” ya que mercantiliza el agua, privatizando su captación y potabilización, y vulnera el artículo 47 de la Constitución de la República, donde se consagra el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental que no debe ser objeto de lucro por parte de privados.
OSE pretende llevar adelante el denominado “Proyecto Neptuno”, en el balneario Arazatí, el cual consiste en la construcción de una planta potabilizadora, una nueva estación de bombeo y una tubería aductora de 80 kilómetros, para aportar al abastecimiento de agua potable de Aguas Corrientes. La obra es una iniciativa privada presentada por un consorcio de cinco empresas constructoras.
Ante ello, los sectores frenteamplistas: Casa Grande, Movimiento Cambio Frenteamplista, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Socialista de Uruguay emitieron una declaración en la cual expresan su “absoluta oposición al ‘proyecto Neptuno’ ya que mercantiliza el agua, privatizando su captación y potabilización, y vulnera el artículo 47 de la Constitución de la República, donde se consagra el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental que no debe ser objeto de lucro por parte de privados”.
Rechazan, a su vez, “el manejo poco riguroso que realiza el gobierno de los costos del proyecto, aumentando sustancialmente lo ya previsto en una propuesta del gobierno anterior, avalada técnicamente y con el apoyo de sectores sociales y políticos de Florida”.
Los cuatro sectores sostienen que el Proyecto Neptuno “afecta la faja costera de Arazati, el acuífero Raigón, el área protegida del Santa Lucía, y a las comunidades involucradas las cuales se han manifestado en contra”.
Denuncian la “inacción” del Ministerio de Ambiente frente a la situación de contaminación y eutrofización grave de la Cuenca del Río Santa Lucía. Reiteran “la urgencia de poner límites efectivos a los contaminantes que llegan a los cursos de agua”.
Casa Grande, Movimiento Cambio Frenteamplista, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Socialista reclaman que las medidas que deben tomarse para limpiar la cuenca del río Santa Lucía están claras y han sido validadas por investigadores e instituciones nacionales e internacionales. “Entendemos que la decisión en esta materia es esencialmente política, y debe priorizarse la calidad del agua por sobre las ganancias de las empresas que generan la contaminación, aplicando el principio de que ‘el que contamina paga’. De esta forma se desestimulan las prácticas contaminantes y se promueven cambios técnicos”.
Manifiestan, en tal sentido, su preocupación por la calidad del agua del Río de la Plata que “no puede garantizarse únicamente con medidas de índole nacional, dado que depende de las acciones que tomen Argentina, Brasil y Paraguay, incrementándose los riesgos para Uruguay”.
Isla artificial
Por otro lado, Casa Grande, Movimiento Cambio Frenteamplista, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Socialista se manifestaron sobre la iniciativa de construir una isla artificial en la costa de Montevideo, a la altura de Punta Gorda.
En tal sentido, los sectores del FA indican que hacen suyas las declaraciones de FUCVAM y de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, en las que se detallan los efectos negativos que en materia urbanística y ambiental tendría la concreción del proyecto, y se denuncia la lógica “privatizadora y segregacionista” que el mismo supone.
Celebran la actitud del gobierno departamental de Montevideo al rechazar la iniciativa, “exponiendo con claridad y solidez los fundamentos de esa decisión”.
A su vez, expresan preocupación por la insistencia del gobierno nacional que, en alianza con poderosos intereses privados, cuestiona la decisión departamental y anuncia el posible desarrollo del proyecto en otra zona del país. “De este modo las autoridades de gobierno en lugar de ser garantes del bien común se convierten en promotoras y emisarias de negocios particulares”.
“Reafirmamos nuestra convicción de que sólo la participación ciudadana y la defensa de la primacía de los bienes sociales y derechos colectivos por sobre el capital y el lucro, pueden permitir la construcción de una sociedad en la que quepamos todos, garantizando la justicia ambiental y el acceso democrático al agua, la vivienda y el espacio público, amenazados en el mundo por la voracidad del mercado”, puntualizan los cuatro sectores del FA en la declaración común.
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