DENUNCIA

FANCAP iniciará acciones legales contra el presidente del INAU, Pablo Abdala

La Federación ANCAP (FANCAP) denunció que el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, cometió una “acción de irresponsabilidad política grave” al denunciar el incumplimiento del sindicato respecto a un convenio con la institución, y el gremio iniciará acciones legales.

Presidente de INAU, Pablo Abdala.
Presidente de INAU, Pablo Abdala.

En las últimas horas, el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala denunció que la Federación ANCAP (FANCAP) “incumplió con sus responsabilidades” en un convenio de INAU con una sociedad civil perteneciente al sindicato”.

Remarcó que FANCAP se retiró de la gestión de ese centro, lo que obligó al INAU a realizar un llamado para que dicho centro de primera infancia continúe funcionando con una nueva organización.

Rechazo enérgico

Sin embargo, FANCAP emitió una declaración respecto a las afirmaciones de Abdala y en cuanto a la situación del Centro de Educación Inicial Capurro (CCEI Capurro).

En la declaración, FANCAP rechaza enérgicamente las declaraciones públicas del presidente del INAU, Pablo Abdala, “quien adjudicó responsabilidades graves” a la organización sindical respecto a la situación que atraviesa el Centro de Educación Inicial Capurro.

“Si bien en la cooperativa que se creó inicialmente, como en la asociación civil que se formó posteriori participaron trabajadores de ANCAP e, incluso FANCAP, la Federación ANCAP jamás tuvo ningún tipo de vínculo que genere obligaciones ni responsabilidades al respecto”, aclaró el sindicato del ente energético.

También expresa: “El único vínculo con el CCEI – Capurro ha sido de carácter solidario como lo hacemos con múltiples organizaciones del campo popular con las que nos sentimos especialmente comprometidos, desde ese punto de vista, siempre que se nos pidió una mano, FANCAP respondió”.

FANCAP asegura que Abdala, como representante del gobierno, lleva adelante, con sus declaraciones, “una acción de irresponsabilidad política grave”. Ante ello, el sindicato ha encomendado a su área jurídica que inicie las acciones legales correspondientes.

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