FFOSE denuncia que “Proyecto Neptuno” es inconstitucional y privatizador

Días pasados, el presidente de OSE, Raúl Montero, y el director general, Arturo Castagnino, asistieron a la Junta Departamental de San José con el fin de exponer sobre el “Proyecto Neptuno”, en el balneario Arazatí, el cual consiste en la construcción de una planta potabilizadora, una nueva estación de bombeo y una tubería aductora de 80 kilómetros.

Se refirieron a los desafíos y los riesgos que representa en la actualidad contar con una sola fuente de abastecimiento de agua potable (Aguas Corrientes) para el área metropolitana, y las soluciones que generaría la concreción de la obra. La futura obra es una iniciativa privada presentada por un consorcio de cinco empresas constructoras.

Sin embargo, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) manifestó su rechazo a la “mercantilización, privatización y la gestión poco sustentable de los recursos naturales y del agua en particular, porque este tipo de acciones dificultan el acceso a bienes y servicios públicos a las grandes mayorías en beneficio de poderosas empresas, por lo que se aleja cada vez más de una perspectiva de derechos para la satisfacción de las necesidades de la gente”.

Privatización

A través de un comunicado, FFOSE expresó su rechazo al “Proyecto Neptuno”, ya que es un claro intento de privatizar la producción de agua potable.

“No ponemos en duda la necesidad de aumentar el agua potable disponible para la zona metropolitana; pero rechazamos que sea mediante un negocio para que lucre un privado a costa del dinero del Estado, con plazos de décadas, cuyos costos se trasladaran a la tarifa, y por ende, a la población”, advirtió el sindicato del ente autónomo.

El gremio manifestó también que el proyecto implica una “cesión a privados del manejo de recursos genuinos del organismo público, dado que como una posible forma de financiamiento se maneja que el consorcio de empresas privadas construya y opere la nueva planta por un lapso de 30 años, donde OSE se compromete a comprarle el agua, asegurando un canon mínimo anual por disponibilidad de la misma, independientemente de la demanda real de agua potable”.

Violación de la Constitución

FFOSE remarca su posición política y económica y denuncia la “violación del artículo 47 de la Constitución”, y además elementos técnicos y ambientales.

“Por un lado, la calidad del agua en la zona de ubicación de la toma (balneario Arazatí, San José) es muy variable, sobre todo por el ingreso de agua de mar cuando la marea lo favorece. Si bien proponen un reservorio de agua de buena calidad para cuando pase esto, eso funcionaría si los episodios de alta salinidad se dieran en días aislados. La realidad dice que hay períodos en que puede estar más de un mes con agua en esas condiciones. La potabilización de ese tipo de agua encarece mucho el proceso”, considera el sindicato.

Aseguran que lo alarmante es que las áreas técnicas de OSE y del Ministerio de Ambiente, no han sido consultadas, sino que se ha tenido una aprobación “exprés” por parte de las autoridades de cada organismo; lo cual muestra un apresuramiento preocupante por este proyecto”.

Deterioro y desmantelamiento

Indican que OSE asiste también a un “progresivo deterioro y desmantelamiento” como organismo público. Debido a la tercerización de sus principales servicios, los que progresivamente están quedando en manos de personal no debidamente capacitado, para cumplir con sus roles específicos.

En este marco de “vaciamiento de los recursos humanos del ente, antiguos roles y responsabilidades de trabajo han dejado de designarse”.

FFOSE denuncia que empeorando esta situación, “en OSE hace cuatro años que no se realizan llamados externos, habiendo perdido ya 800 puestos genuinos de trabajo”.

“Todos estos recortes están afectando la calidad de los servicios, lo que a su vez es luego utilizado como argumento para justificar su privatización”.

Por ello, el gremio exige inversiones genuinas de OSE y del Estado en la infraestructura para el agua potable y saneamiento.