FA no descarta acudir a la Corte Interamericana de DDHH por extensión de concesión a Katoen Natie

Este lunes 9 de mayo, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio recibió a la directora del Puerto en representación de la izquierda, Alejandra Koch, a afectos de dar seguimiento a la concesión a Katoen Natie de la operación de una parte de la terminal portuaria capitalina.

Una de las irregularidades constatadas es el Plan de Inversiones, “porque no existió oficio del buen administrador y gobernante, y hubo carencia de información a la oposición”, dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Añadió que todos los análisis económicos determinan que el negocio económico que realizó Uruguay significa que “el Estado deberá transferirle a la empresa multinacional unos 2.000 millones de dólares en 60 años”.

Pereira cuestionó que el acuerdo se realizó sin informes jurídicos, ni contables.

Manifestó, asimismo, que los representantes del Frente Amplio ante el Tribunal de Cuentas de la República han criticado la falta de observaciones a un acuerdo que “tiene fallas” y puede significar, para el Estado uruguayo, la pérdida de un juicio millonario con otra empresa”.

“No queremos permanecer en silencio, cuando se firmó un convenio por varias generaciones, inconsulto, ilegal, inconstitucional, que genera falta de soberanía y es abusivo para el Estado”, sentenció Pereira.

Demanda

Por su parte, el senador Charles Carrera dijo que a raíz de que no se hizo lugar al recurso de revocación que presentó el FA en su momento, los legisladores presentarán una demanda de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Se busca que se anule un acuerdo que fue realizado con la violación de todo el ordenamiento jurídico nacional y portuario”.

Aseguró que si no se hace lugar al planteo, el Frente Amplio recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, los diputados convocaron ante el Parlamento a los ministros José Luis Falero (Transporte) y Pablo Mieres (Trabajo), “porque se ha violentado el derecho a la participación política, el acuerdo se hizo en forma ilegal e inconstitucional y es inconveniente para los intereses nacionales”.

Carrera cuestionó que se trata de la mayor entrega de soberanía nacional de la historia del país. “Hay una limitación de las definiciones de políticas portuarias por 60 años, tendrá consecuencias sobre dos o tres generaciones de uruguayos, habrá consecuencias económicas sobre importadores, exportadores y sobre cada familia, además de las consecuencias sociales a raíz del despido de trabajadores».

Advirtió que Uruguay no puede modificar el Plan de Inversión que habla de dragar el puerto a más de 14 metros de profundidad, una obligación imposible que asumió el Estado uruguayo sin consultar con Argentina, porque el Rio de la Plata es administrado por la Comisión Binacional.