PIT-CNT plantea 10 propuestas al gobierno financiadas con impuestos transitorios a grandes empresas

Este miércoles 4 de mayo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió en la Torre Ejecutiva a una delegación del PIT-CNT, encabezada por su presidente, Marcelo Abdala, e integrada por: José Lorenzo López (vicepresidente), Elbia Pereira (secretaria general) y Milton Castellanos (director del Instituto Cuesta – Duarte).

En el diagnóstico que realiza el PIT-CNT se indica que el 42% de los ocupados ganan menos de 25.000 pesos por mes, se trata de 650.000 ocupados. De estos, 413.000 son asalariados: 225.000 asalariados ganan menos de 15.000 pesos mensuales. En contraposición, los sectores que se han enriquecido han depositado en los últimos dos años un volumen por encima de 9.000 millones de dólares, un 80% de los cuales están concentrados en cuentas por encima de los 100.000 dólares.

La cúpula de la central sindical presentó al mandatario, diez propuestas para los sectores más afectados por la carestía, ellas son: Duplicar el monto de las Asignaciones Familiares y la Tarjeta Uruguay Social por el plazo de un año, aumento del salario mínimo nacional, extensión del plazo de vigencia de los jornales solidarios, aumento de la inversión pública de la administración central y las empresas públicas, impulsar un Plan de vivienda con más inversión en la resolución del problema habitacional y generador de puestos de trabajo, un plan de compras públicas para el armado de proveedores nacionales que generen trabajo para los y las uruguayas, abrir un proceso de recuperación del salario real, generar un proceso de diálogo social tripartito para lograr un Plan de creación de puestos de trabajo, y generar un proceso de diálogo social por la seguridad social.

El PIT-CNT asegura que el desembolso de estas medidas es plausible de ser financiado a partir de ajustes tributarios transitorios. La central sindical propone: incrementar el impuesto al patrimonio en 10% para todas aquellas personas y empresas que pagaron impuesto al patrimonio los años anteriores y no tuvieron resultados negativos, subir el IRAE (de 25% a 35%) para todas las empresas que tengan una renta neta superior al 1.000.000 de dólares anuales, que declaren ganancias un 25% superiores a las declaradas el año anterior, por el adicional correspondiente (superior al millón de dólares); crear un impuesto transitorio a las empresas exportadoras cuyos precios de destino se hayan incrementado al menos un 20% con respecto al año anterior, por ejemplo de la carne, la soja, el arroz, el trigo, e imponer un 2% de impuesto a los depósitos de uruguayos en el exterior.

Las propuestas del PIT-CNT

Diagnóstico

El PBI del 2º semestre de 2021 fue un 1,5 % superior al PBI del segundo semestre de 2020.

Este año se prevé un crecimiento del PBI de un 3,8 %.

Sin embargo el salario real promedio se ubicó 4,4 % por debajo de sus niveles prepandemia.

El 42 % de los ocupados ganan menos de 25.000 $ por mes, se trata de 650.000 ocupados. De estos, 413.000 son asalariados: 225.000 asalariados ganan menos de 15.000 $ mensuales. Estos son los sectores más castigados por el alza inflacionaria, que es superior en los precios alimentarios y estos compatriotas destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a la alimentación.

En el año 2020 fueron arrojados a la pobreza 100.000 compatriotas.

En este momento hay 66.000 pobres más que en el año 2019. Un tercio de estos son menores de 18 años.

La desocupación es de un 7,4 %, correspondiendo a 132.000 compatriotas. Los empleos nuevos que se están creando son en niveles salariales más bajos que los de antes de la pandemia. Un 37 % de los empleos nuevos se corresponden a los jornales solidarios.

El salario se deteriora. Si tomamos el período que va desde marzo de 2020 a febrero de 2022, los salarios se ajustaron en un 13.6 %, pero la inflación fue de un 18,8 %. Esta brecha implica un deterioro del salario real promedio de un 4,4 %. Este comportamiento del salario impacta en las jubilaciones, que se han deteriorado un 4 %. Esto hace que el consumo privado haya caído un 3,4 % por debajo de los niveles prepandemia. Los salarios y las jubilaciones pierden participación en la riqueza nacional.

La inflación desde marzo de 2020 a marzo de 2021 fue de un 6,6 %. Sin embargo, desde esa fecha a marzo de 2022 la misma trepó a 9,4 %. Los alimentos subieron un 13 % el último año y un 23 % si tomamos los 2 últimos años. El promedio que destinan los uruguayos a alimentarse es de un 26 % de sus ingresos. Sin embargo, si miramos al tercio más pobre de la población, debe destinar un 35 % de sus ingresos a la alimentación. Estos son los sectores más castigados por la carestía.

La concepción macroeconómica dominante ha tomado unilateralmente como prioridad abatir el déficit fiscal, por tanto en el presupuesto nacional y las rendiciones de cuentas se rebajan salarios de los trabajadores y se achica la inversión social. En particular en la educación -3% y en la vivienda -12 %.

Pero no a todos les fue tan mal como a las grandes mayorías de nuestro pueblo: Las exportaciones han aumentado tanto en volumen como en precio internacional. La carne un 40 %, la soja un 15 %, el maíz y el trigo un 20% y los lácteos un 30%. Las exportaciones están un 17,5 % por arriba con respecto al año 2019. Para estos sectores los impuestos cobrados han bajado con respecto al año 2019. De las 1.700 empresas que exportan, solamente 25 de ellas exportan la mitad. Hay una altísima concentración del capital y la riqueza.

Los sectores que se han enriquecido en esta situación han depositado en los últimos 2 años un volumen por encima de 9.000 millones de U$S, un 80% de los cuales están concentrados en cuentas por encima de los 100.000 U$S.

Por eso estamos bajo un proceso de crecimiento excluyente, con más desigualdad y concentración de la riqueza. Se viene procesando un ajuste del gran capital contra la vida de las grandes mayorías. Cuando entran en contradicción los objetivos económicos con los fines sociales de las políticas públicas, hay que cambiar la política económica.

Propuestas para la reactivación económica y salida de la crisis

1. Duplicar el monto de las Asignaciones Familiares (AFAM – PE) y la Tarjeta Uruguay Social (TUS) por el plazo de un año. La crisis económica y social a la que dio paso la pandemia en 2020 y la escasa mejoría registrada en este plano en 2021, provocaron que haya en el país actualmente unas 66.000 personas pobres más que en 2019, con una fuerte incidencia entre los niños, niñas y adolescentes. La recuperación de la actividad económica y del empleo son insuficientes para alcanzar rápidamente a estos colectivos para los que es necesario desplegar políticas específicas. El costo estimado de esta propuesta ronda los 300 millones de dólares, cifra que se podría cubrir a partir del ahorro o sobrecumplimiento de metas fiscales de 2021, el que ascendió a 350 millones de dólares.

2. Aumento del salario mínimo nacional. Aunque la mayoría de los asalariados formales se rigen por los laudos establecidos en los Consejos de Salarios en el marco de la negociación colectiva, el Salario Mínimo Nacional sigue cumpliendo un rol importante, de guía, en el mercado de trabajo informal. Estos trabajadores, que mostraron ser los más desprotegidos en la pandemia, también deben ser abarcados por las medidas que se implementen para combatir la carestía que está atravesando el país.
3. Extensión del plazo de vigencia de los jornales solidarios. Los jornales solidarios fueron sin dudas un paraguas importante en materia de recuperación del empleo durante 2021. Aun tratándose de puestos de trabajos precarios en cuanto a horario y sostenibilidad, fueron una solución relevante para quienes no contaban con otros ingresos. En este sentido, y dada la fragilidad que todavía muestra la recuperación del empleo, es preciso extender su vigencia, apostando a atender además algunas de sus principales debilidades. Para esto, es fundamental incrementar la cantidad de jornales de referencia (comenzaron en 12 jornales mensuales y hoy se ubican en 6), lo que incrementaría los ingresos de estos trabajadores. Además, es necesario pensar en posibilidades de capacitación para estos trabajadores de manera de mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo formal una vez finalizados estos programas.
4. Aumento de la inversión pública de la administración central y las empresas públicas. La inversión pública es promotora de desarrollo, no solamente por su impacto en el empleo y en las mejoras en materia de infraestructura a nivel nacional, sino por su efecto positivo sobre la inversión privada.
5. Plan de vivienda con más inversión en la resolución del problema habitacional y generador de puestos de trabajo. Reforzar las inversiones previstas para este año y adelantar las proyectadas para los próximos. Tanto la inversión en infraestructura como la que se destina a la vivienda, no solamente son altamente generadoras de empleo sino que también producen encadenamientos hacia otros sectores de la economía.
6. Plan de compras públicas para el armado de proveedores nacionales que generen trabajo para los y las uruguayas. No solamente en este contexto, sino como política de desarrollo nacional, es preciso avanzar en un sistema de compras públicas que favorezca en mayor medida la producción nacional. Esto tiene efectos positivos no solamente sobre el empleo y en consecuencia, sobre los ingresos de los hogares, sino también en la recaudación del Estado y en el mayor consumo al que este incremento de ingresos da lugar, entre otros aspectos. A partir de la experiencia debería ser revisada la normativa vigente de compras públicas, de manera de apoyar la producción nacional y particularmente los sectores más intensivos en empleo.
7. Abrir proceso de recuperación del salario real. Durante la octava ronda de Consejos de Salarios, la mayor parte de los trabajadores del sector privado tuvo una caída de salario real de 4,2%; la que se tradujo en una disminución del Índice Medio de Salarios Reales durante 2020 y 2021. Los lineamientos del Poder Ejecutivo para la novena propusieron recuperar solamente entre 1 y 1,6 puntos de los 4,2 perdidos en dos años. Si bien en algunos grupos, la negociación permitió incrementar estos porcentajes, en muchos otros no fue así. También los trabajadores del sector público verificaron en este período una importante caída de su poder de compra. Es necesario acelerar el proceso de recuperación salarial de manera que los trabajadores no sigan percibiendo salarios por debajo del nivel de partida y por tanto, perpetuando el período de perdida, en particular en el caso de los salarios más sumergidos.

8. Generar un proceso de diálogo social tripartito para lograr un Plan de creación de puestos de trabajo. Como se hizo durante los peores meses de pandemia, es necesario nuevamente generar un proceso de diálogo social tripartito con todos los actores involucrados, para promover la creación de más y mejores puestos de trabajo.
9. Generar un proceso de diálogo social con todos los involucrados, sistema político, trabajadores jubilados y empresarios sobre los fines, la financiación y las formas de construir seguridad social adecuada para nuestro pueblo.
10. El desembolso de estas medidas es plausible de ser financiado a partir de ajustes tributarios transitorios como los que se propone a continuación, de manera de que aquellos sectores que no se vieron afectados por la crisis o lograron una rápida recuperación, contribuyan en mayor medida con la salida.

Dentro de estas modificaciones se propone: incrementar el impuesto al patrimonio en 10% para todas aquellas personas y empresas que pagaron impuesto al patrimonio los años anteriores y no tuvieron resultados negativos; subir el IRAE (de 25% a 35%) para todas aquellas empresas que tengan una renta neta superior al 1.000.000 de dólares anuales,  que declaren ganancias un 25% superiores a las declaradas el año anterior, por el adicional correspondiente (superior al millón de dólares); crear un impuesto transitorio a las empresas exportadoras cuyos precios de destino se hayan incrementado al menos un 20% con respecto al año anterior, por ejemplo de la carne, la soja, el arroz, el trigo, e imponer un 2% de impuesto a los depósitos de uruguayos en el exterior.

Antes de terminar queremos manifestar:

1- Dejamos constancia de la defensa de las libertades sindicales y que en ese sentido no compartimos distintos proyectos de legisladores de la coalición de gobierno, que proponen en el Parlamento reglamentación antisindical.

2- En el marco de nuestra defensa de memoria verdad y justica y nunca más terrorismo de estado, expresamos nuestra diferencia frontal con el proyecto de ley que propone prisión domiciliaria para quienes hayan participado en el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad que se cometieron.