Juristas internacionales consideran contraria al derecho internacional prisión domiciliaria para represores

La misiva dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue transmitida por vía diplomática a través de la Embajada de Uruguay en Francia.

Los firmantes se hacen eco de la carta enviada el 16 de noviembre de 2021 por cinco relatores de la ONU al gobierno uruguayo sobre el proyecto de ley presentado en el Senado y que prevé la prisión domiciliaria obligatoria para militares, policías y civiles mayores de 65 años responsables de crímenes de lesa Humanidad, a la cual el gobierno uruguayo aún no respondió.

El proyecto de Ley es “contrario al derecho internacional por su carácter general, automático y permanente; además, no es necesario ni proporcionado a la gravedad de los delitos”, aseguran los firmantes.

Factor de impunidad

De ser aprobada la Ley “será un factor de impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad”, agregan los expertos.

Los juristas destacan “el grito de alarma” de todas las organizaciones de derechos humanos uruguayas y la manifestación masiva del 9 de diciembre en Montevideo contra el proyecto, y “solicitan al presidente, a los senadores y diputados uruguayos que no apoyen la Ley de prisión domiciliaria obligatoria cuyo único objetivo es “excarcelar a los autores de crímenes horrendos como la tortura, la desaparición forzada y el robo de niños”, informó la Asociación ¿Dónde Están? de Francia.

Informe

El proyecto de ley de prisión domiciliaria para autores de crímenes de lesa Humanidad en Uruguay es contrario al derecho internacional Hemos tomado conocimiento de la carta enviada por cinco relatores de la ONU al gobierno uruguayo sobre el proyecto de ley que se está estudiando Senado y que prevé la prisión domiciliaria obligatoria para militares, policías y civiles mayores de 65 años responsables de crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones forzadas y robo de niños, y que ya hayan sido condenados a prisión o sean susceptibles de serlo. Este proyecto de ley fue rechazado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario uruguayo. Como se indica en la comunicación conjunta de los procedimientos especiales de la ONU del 16 de noviembre de 2021, es incompatible con las obligaciones internacionales de Uruguay en materia de derechos humanos. No tiene en cuenta los límites del derecho internacional para la concesión de amnistías, indultos, reducciones de condena, beneficios en la ejecución de la pena u otras medidas similares concedidas a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa Humanidad. Este proyecto de ley es contrario al derecho internacional por su carácter general, automático y permanente, pero también porque la medida no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos por los que estas personas han sido condenadas. Por estas razones, constituye un factor de impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa Humanidad. Presentado por el partido Cabildo Abierto, creado por ex militares que siguen reivindicando la dictadura, este proyecto ha provocado fuerte emoción entre las víctimas de la dictadura y las familias de los desaparecidos. Ante el grito de alarma de todas las organizaciones de derechos humanos uruguayas y la manifestación masiva del 9 de diciembre en Montevideo, pedimos al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, y a los senadores y diputados uruguayos que no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, en particular crímenes de lesa Humanidad, tortura, desaparición forzada y robo de niños.

 

Firmantes

Paulo Abrão, jurist and Profesor Visiting Scholar at Brown University, Executive Secretary of Inter-American Human Rights Commission (2016-2020), Executive Secretary Mercosur’s Human Rights Institute (2015-2016), Brazil’s National Secretary of Justice (2011-2014), Senior Advisor Washington Brazil Office and Article19. (Brazil).

Martín Almada, abogado. Descubridor de los archivos de la dictadura paraguaya y del Plan Cóndor. Premio Nobel Alternativo 2002 (Paraguay.

José L.Almánzar, abogado, especialista en Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Derecho Penal Internacional. Relator en el 46° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), (República Dominicana).

Magalie Besse, jurista, directora del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie – IFJD (Institut Louis Joinet) (Francia).

William Bourdon, abogado del Colegio de abogados de Paris y de la Corte Penal Internacional, ex secretario general de la Fedération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) (Francia).

Jo-Marie Burt, associate Professor, Schar School of Policy and Government, George Mason University. Senior Fellow, WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas (USA).

Elisenda Calvet Martínez, profesora de Derecho Internacional Público de la Universitat de Barcelona (España).

Gloria Cano Legua, abogada. Directora ejecutiva de la Asociacion Pro Derechos Humanos (Aprodeh) (Perú).

Pablo De Greiff, senior Fellow and Director, Prevention Project Director, Transitional Justice Program Center for Human Rights and Global Justice, School of Law, New York University and Rapporteur, UN HRC Experts’ Group on Prevention (2019-2020), former UN Special Rapporteur for the promotion of truth, justice, reparation and guarantees (Colombia).

Anderson Dirocie, abogado, especialista en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Exsecretario General del Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, capítulo República Dominicana (COLADIC-RD) (República Dominicana).

Mustapha El Manouzi, avocat, Président du Centre Marocain de Démocratie et Sécurité (Maroc).

Mireille Fanon-Mendes France, presidenta de la Fondation Frantz Fanon, EX UN Expert, Working group on People African Descent, Human Rights Council (Francia).

Gabriela Fried Amilivia, professor Department of Sociology and Latin American Studies Program- College of Natural and Social Sciences – California State University Los Angeles (CSULA) (USA).

Carlos G. Guerrero Orozco, abogado y defensor de derechos humanos. Cofundador de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM) (México).

Aziz Idamine, profesor de Ciencia Política, Secretario General del Centre International des droits et libertés , Zurich (Suisse).

Viviana Krsticevic, directora Ejecutiva | Executive Director/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional | Center for Justice and International Law | Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) (USA).

Jean-Pierre Massias, presidente del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie – IFJD (Institut Louis Joinet), Cofundador y Co-presidente de l’Association Francophone de Justice transitionnelle (Francia).

Juan Méndez, profesor en la Washington School of Law de l’American University et en el International Center for Transitional Justice, ex presidente de la Comision Interamericana de Derechos humanos y ex relator de la ONU contra la Tortura (Argentina).

Naomi Roht-Arriaza, distinguished Professor of Law (emeritus) , University of California, Hastings Law (USA).

Kim Reuflet Magistrada, consejera en el Tribunal de Apelaciones de Angers, presidenta del Syndicat de la Magistrature (Francia).

Malik Salemkour, jurista. Presidente de la Ligue des droits de l’Homme (Francia).

Adriana Schnyder, investigadora asociada al proyecto FNS Right to Truth, Truth(s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice- Universidad de Ginebra-Facultad de Derecho (Suiza).

Jeanne Solal, jurista en derecho internacional, coordinadora del secretariado de la FEMED (Fédération Euromediterranéenne contre les Disparitions Forcées) (Francia).

Philippe Texier Magistrado, ex integrante de la Corte de Casación francesa, miembro de la FIDH et del Tribunal Permanente de los Pueblos (Francia).

Sophie Thonon, abogada del Colegio de Abogados de París, Presidenta de France Amérique Latine (Francia).