FENAPES denuncia que el Parlamento está al frente de un proceso de persecución antisindical

El martes 25 de abril, la Comisión Investigadora con el cometido de indagar las licencias irregulares a integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) por parte del Consejo Educación Secundaria en el período 2015-2019 consideró, por mayoría, que existieron “omisiones y conductas con apariencia delictiva” por parte de exautoridades de Secundaria y dirigentes del gremio. Por su parte, legisladores del FA entienden que se montó un “circo político”.

En las últimas horas, FENAPES realizó una conferencia de prensa para referirse al pronunciamiento mayoritario de la Investigadora parlamentaria.

El sindicato de profesores denunció una “operación montada por algunos operadores bajo la apariencia de una investigación”, y  anunciaron que el tema se llevará hasta sus últimas consecuencias incluso a nivel internacional.

“De manera evidente y sin tapujos, el gobierno uruguayo se ha lanzado a criminalizar la protesta social y, particularmente, ha enfocado sus políticas persecutorias contra los sindicatos. Bajo el discurso de la libertad, las autoridades desataron una feroz campaña de estigmatización y desprestigio primero contra un grupo de docentes de San José por sacarse una foto. No conformes con ello, los ataques continuaron y ahora se ha difundido en modo ‘escrache’ público distintos nombres de docentes como un grotesco intento de linchamiento que arrasa con todas la garantías del debido proceso”, denunció FENAPES.

Olivera dijo que “algunos actores montaron un juzgado dentro de la Comisión Investigadora parlamentaria, algo que violenta el principio de separación de poderes y las competencias específicas de Fiscalía y el Poder Judicial”.

Ampliación de queja

El dirigente sindical denunció que la Investigadora actuó “contrario a derecho y fue “ilegítima, ya que violenta convenios de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo”.

Olivera añadió que FENAPES “ampliará la queja ante el Comité de Libertad Sindical basándose en el accionar ilegal de la Comisión”.

“Es muy grave que un Parlamento al que la Constitución le otorga la responsabilidad de crear instrumentos que promuevan la actividad sindical esté al frente de un proceso de persecución antisindical, de criminalización y persecución política”, denunció.