Trabajadores no docentes de Primaria denuncian que ANEP genera desigualdad económica y de derechos
El presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria (AFUPRIM), sindicato no docente, Fernando Prego, denunció que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en lugar de generar presupuesto para el ingreso de funcionarios públicos y lograr el principio de igual función igual remuneración, optó por contratar con otra modalidad y generar desigualdad económica y de derechos.
Prego cuestionó declaraciones del presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, quien días pasados dijo a El Observador que los “problemones” de ANEP son los “miles de auxiliares certificados y vacantes sin llenar”.
Ante tales afirmaciones de Silva, el sindicato que nuclea a los trabajadores no docentes de Primaria aclaró que “desde hace años, el gremio denuncia la falta de personal no docente, puntualmente auxiliares de servicios en los distintos centros educativos del país, ya sea por generarse la vacante por la causal que fuere (jubilación o fallecimiento) o por el no cubrimiento, porque se consideran imprescindibles en otra institución”.
Prego dijo que se necesitan crear como mínimo 600 cargos públicos en todo el país producto de: “el no cubrimiento de vacantes, inasistencias por enfermedad, y el número de trabajadoras con régimen de tareas disminuidas (la mayoría producto de las actividades diarias en los centros escolares)”.
“Este no es un tema nuevo sino que se repite año tras año, pero con mayor magnitud en estos últimos producto de la pandemia lo que implicó no sólo realizar las labores diarias, sino también cumplir con un ‘Protocolo de Limpieza’ pensado para un número muy mayor al que poseen las escuelas y jardines de infantes”, añadió.
El dirigente sindical expresó que hay instituciones con uno o dos funcionarios para realizar tareas de limpieza en todo un edificio y además cocinar en algunos casos en las tres instancias para cientos de escolares.
En cada bipartita y desde que asumieron las nuevas autoridades este tema es el primero en abordarse. “Pero lamentablemente no recibimos las respuestas que consideramos correctas y las autoridades optan por contratar funcionarios por contratos de partida para esa causal (desvirtuando el rol del director) y de 15 horas semanales (tres horas diarias), o por cooperativas sociales/empresas tercerizadas, algo que Silva define como ‘oro en polvo’ para resolver las carencias de auxiliares mediante esta modalidad, o por préstamos de otras dependencias públicas (intendencias)”.
El dirigente gremial dijo que “oro en polvo” sería incrementar el padrón de funcionarios públicos para así tener a todos con el mismo carácter de cargo, carga horaria y derechos.
Cuestionó, asimismo, que “estas soluciones” generan “precarización del trabajo, 8 horas diarias en el caso de las cooperativas con un ingreso muy inferior al funcionario público y sin derechos alguno”.
Desigualdad
Prego reclamó la generación de presupuesto para ingresar funcionarios públicos y lograr el principio de igual función igual remuneración lo que en el sector de los funcionarios no docentes de Primaria no existe.
“Se contrata con otra modalidad y genera desigualdad económica y de derechos”, remarcó.
Por otro lado, denunció la existencia de una problemática “con las extensiones horarias, es decir el pasaje de 5:30 a 6:30 horas diarias de trabajo del personal no docente que se solicitó de forma universal y que, sin embargo, desde la administración se niega”.
Ante la ausencia de funcionarios, es un “paliativo” a la situación, si bien no el ideal, la permanencia de los trabajadores una hora más hace un mejor servicio, lo cual también sería “oro en polvo”.
“No hemos avanzado en creaciones de cargos públicos como extender una hora más la labor de los funcionarios no docentes de los distintos escalafones y esperamos que en esta próxima Rendición de Cuentas se destine dinero para lo expresado”, indicó.
A su vez, denunció la “violación de convenios colectivos y negociación en cuanto a que existieron reestructuras en divisiones sin opinión ni intervención del sindicato (como lo prevé la Ley 18.508), y la paralización de expedientes relacionados a compensaciones legítimas que funcionarios de gestión deben percibir”.
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