Asociación de Fiscales denunciaría ante la CIDH proyecto de Cabildo Abierto que criminaliza actividades de fiscales

Días pasados, Cabildo Abierto presentó ante el Parlamento un proyecto de Ley que prevé penas de penitenciaría para los fiscales que intencionalmente “persigan penalmente a un no culpable, oculten pruebas a alguna de las partes o no cumplan con la obligación de investigar”.

La iniciativa que se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, plantea penas para los jueces que “a sabiendas dictaran resolución injusta”. A través el proyecto se establece que “el fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable, o a persona a la cual no le corresponda sanción penal, será castigado con la pena de 18 meses de prisión a siete años de penitenciaría, multa de 60 UR a 12.000 UR e inhabilitación especial de tres a siete años”.

El lunes 11 de abril, el fiscal general de la Nación, Juan Gómez, calificó de “impresentable” el proyecto de Ley de Cabildo Abierto, porque “criminaliza la actividad de los fiscales”.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, expresó a Telemundo 12 que no se entiende la razón de ser de un proyecto que tiene un texto “sin sentido”.

“Si los fiscales actúan en un caso pueden ser sometidos a responsabilidad penal, y si no actúan también pueden ser sometidos a responsabilidad penal”, cuestionó.

“Hay una permanente afrenta a la tarea de los fiscales a partir de la creación de un ruido alrededor del trabajo y de estar permanentemente en el ojo de la tormenta por cuestiones que no refieren a cabalidad a lo que hacen los fiscales. Tomar un caso y decir que el fiscal actuó mal no refleja los miles y miles de casos que desarrollan los fiscales día a día”, sentenció.

Agregó que la Fiscalía está llevando adelante una tarea que impuso el legislador en el nuevo Código del Proceso Penal.

Explicó que ante una denuncia, los fiscales comienzan una investigación en ese momento no se sabe si el o los investigados son culpables o no y luego los jueces condenan porque así está establecido en la Ley; y si se equivocan hay mecanismos jurídicos establecidos para corregir esa situación, por ejemplo: a través de los tribunales de alzada o de la Suprema Corte de Justicia.

Se debe “analizar si la situación planteada para penar a jueces y fiscales puede ser vista o analizada por algún organismo internacional que tenga como finalidad la custodia de estas situaciones fundamentales para la democracia como la independencia de los ministerios públicos y de la judicatura”.

Rosa dijo a Telemundo 12 que no descartan presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.