Cabildo Abierto amenaza con “criminalizar el trabajo de jueces y fiscales”, alertan los gremios

El partido Cabildo Abierto presentó en el Senado un proyecto de ley que sancionaría con fortísimas consecuencias penales y económicas a fiscales y jueces por sus funciones, algo que despertó la alerta en los gremios alcanzados.

Según dice el texto del proyecto, se ampliaría el prevaricado para llegar hasta aquellos magistrados que “intencionalmente persigan penalmente a un no culpable o a una persona a la cual no le corresponda sanción penal”. Ante este escenario, serían imputables con entre 18 meses y 7 años de prisión, al tiempo que se les inhabilitaría por tres años para ejercer sus funciones y deberían pagar una multa de 60 a 12.000 unidades reajustables (UR12.000=$63.967,2 al cambio de la fecha).

Todas estas penas aplicarían para magistrados que oculten pruebas tanto a la defensa como a la víctima, que provengan de una investigación preliminar.

Los jueces serían pasibles de todos estos castigos económicos y penales, según el documento de Cabildo Abierto, según explicó el senador Guillermo Domenech, que es uno de los firmantes junto con Guido Manini Ríos y Raúl Lozano.

Rechazo de los gremios

Desde la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) se manifestaron en contra de la propuesta del partido ultraderechista, y en un comunicado hecho público el jueves manifestaron que “amenaza con criminalizar el trabajo cotidiano de jueces y fiscales”.

“Los jueces y las juezas de Uruguay ya se encuentran sometidos a responsabilidad por los actos que realizan en el desempeño de su función. El artículo 23 de la Constitución de la República hace responsable a los magistrados de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder establecido legalmente”, agregaron.

“La ley 15.750 en sus artículos 109 a 116 regula la responsabilidad administrativa, civil y penal de los jueces. Asimismo, como funcionarios públicos, les son aplicables los delitos contra la administración pública previstos en el Código Penal. Por último, cualquier decisión que sea considerada injusta por una parte sometida a proceso, puede ser atacada a través de los medios de impugnación legalmente previstos”, prosigue el comunicado.

“En este sentido, la Asociación nuevamente rechaza cualquier propuesta que implique limitar la independencia e imparcialidad de los jueces”, concretaron los jueces agremiados.

La Asociación de Fiscales del Uruguay también reaccionó. Su presidente, William Rosa, declaró que pidieron a la Federación Latinoamericana de Fiscales tratar el tema que ven como amenazante para sus labores.

“Esto a mi entender atenta contra todo el sistema de justicia nacional, es decir x ejemplo la carrera fiscal tiene los medios de supervisión del actuar fiscal y prevee las sanciones penales administrativas correspondientes o en su caso las normas penales aplicables”, publicó en Twitter Rosa citando palabras de un colega guatemalteco. Otro fiscal brasileño le dijo que es un “directo atentado contra la independencia de los fiscales, no hay otro modo de entenderlo”.

Iguales pareceres tuvieron fiscales de Argentina, Chile, Perú y otros países del continente consultados por Rosa.