Manini Ríos expuso en el Senado sobre la declaración del estado de guerra interno de abril de 1972

Este miércoles 6 de abril, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, realizó una exposición en el Parlamento referida a los 50 años de la declaración de guerra interna por el Parlamento, que generó un fuerte debate entre los parlamentarios.

“Las palabras que a continuación voy a decir no buscan profundizar diferencias entre uruguayos, no buscan acusar a nadie, medio siglo después de producidos los acontecimientos, no buscan culpar ni absolver a ninguna persona, organización o partido. Por el contrario, su finalidad es que hechos de profundo significado histórico no pasen desapercibidos”, dijo Manini Ríos.

Manifestó que el Senado “no debe ignorar tales hechos y debe buscar contribuir a la “pacificación de los espíritus de los uruguayos como único cimiento sobre el cual construir una sociedad libre y fuerte, capaz de enfrentar desafíos que el mundo actual presenta”.

Se refirió a dos acontecimientos históricos, relevantes, separados entre sí por un siglo, que deben ser vistos en su conjunto para extraer de los mismos su real dimensión histórica.

El próximo 15 de abril se cumplirán 50 años del día en que la Asamblea General votó que el país estaba en estado de guerra interno. “Mucho se ha hablado de la llamada ‘historia reciente’, a la que prácticamente se circunscribe, a partir de la disolución de las cámaras de 1973 y a los excesos cometidos por la dictadura a partir de entonces y prácticamente se ha hecho silencio sobre lo ocurrido en los años previos”, dijo Manini Ríos.

“Sin dudas, para tener una idea clara de este pasado, para nosotros no tan reciente, es necesario ver los hechos ocurridos en su conjunto, es necesario conocer el proceso que llevó a la ruptura institucional. Antes que nada, es necesario tener la honestidad intelectual de aceptar los hechos como ocurrieron, sin pretender darle un sesgo para favorecer posiciones políticas del presente. La historia debe basarse en los hechos reales y no en relatos funcionales, a organizaciones y partidos que actúan, medio siglo después, y sobre todo, la historia no puede escribirse a pedido de quienes buscando eternizar la fractura en nuestra sociedad hacen correr generosamente los recursos para mantener encendido siempre el fuego que ardió hace medio siglo”, agregó.

El legislador de Cabildo Abierto manifestó que para comprender dicho período de la historia hay que remontarse al comienzo de la década del 1960 cuando el entonces ministro de Cuba Ernesto “Che” Guevara visitó nuestro país y el 17 de agosto de 1961 dijo que en Uruguay “no estaban dadas las condiciones de una revolución” debido a la fortaleza democrática de nuestro país. Sin embargo, el “influjo de la revolución cubana, triunfante en enero de 1959, atraía a muchos jóvenes que creían posible replicar el proceso revolucionario en Uruguay”.

“Y es así como se organizan militarmente pensando en tomar el poder por las armas y comienzan a realizar acciones violentas: asalto al Club de Tiro Suizo en 1962, estamos hablando de una década antes de los hechos que hoy recordamos, el atentado al bowling de Carrasco, asaltos a bancos y privados, secuestros, asesinatos y amenazas, anunciando la justicia popular ante el accionar de una oligarquía insensible que se anunciaba. Estos son solo algunos de los hechos que jalonaron esa década, en la que los uruguayos vivieron sorprendidos, temerosos y amenazados por una escalada sangrienta”, opinó Manini Ríos.

Dijo que “las fuerzas policiales debieron enfrentar ese accionar delictivo con su histórica escasez de recursos materiales y humanos, a lo que se sumaba el desconocimiento de algo nuevo en nuestro país. Una organización delictiva, formada para la toma del poder”.

Recordó que en 1967, la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), conformada por representantes de distintos grupos armados del continente y partidos autodefinidos como revolucionarios, y donde la delegación uruguaya contó con representantes de los partidos Comunista y Socialista del Uruguay, reunida en La Habana, “declaró la validez de la vía armada para acceder al poder y las organizaciones armadas uruguayas recibieron el espaldarazo internacional para continuar sus acciones”.

Añadió que justo es decir que el entonces secretario general del PCU, Rodney Arismendi, se opuso a la moción aprobada.

“Centenares de jóvenes uruguayos concurrieron a recibir cursos en Cuba, así como en la Unión Soviética, información no solo divulgada por las autoridades democráticas de la época, sino también confirmadas por las propias organizaciones involucradas”, añadió.

Manifestó que el saldo de una década de violencia política es “devastador y sorprende que los actuales textos de estudios, en los capítulos sobre historia reciente, omitan hablar del mismo”.

“Un centenar de personas, entre ellas, decenas de civiles, 33 policías y 17 militares, fueron asesinados. Secuestros, heridos, robos a bancos, y a privados, arsenales descubiertos, liberación de dos secuestrados en una de las cárceles del pueblo en donde estuvieron más de un año en condiciones infrahumana. Esta fue la realidad que vivió el país en democracia durante más de una década, nadie puede negarlo sin mentir groseramente”, remarcó.

Fecha trágica

Dijo que el 14 de abril de 1972 “es una fecha trágica en nuestra historia. A primera hora de la mañana fueron asesinados: el ex subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara; así como el subcomisario Oscar Delega; el agente Carlos Leites y el capitán de Corbeta, Ernesto Motto. Asesinatos que dieron lugar a la reacción de las Fuerzas Conjuntas, conjunción de las Fuerzas Armadas y policiales creada hacía unos meses para combatir a las organizaciones armadas en nuestro país, y a la tarde de ese mismo día encontraron la muerte de ocho integrantes de la organización sediciosa”.

“Estos hechos sangrientos provocaron una tremenda conmoción en el pueblo uruguayo y la sensación de que se había ido demasiado lejos. En la tarde de ese día, desde el Poder Ejecutivo remitieron a la Asamblea General un proyecto de Ley solicitando la suspensión de las garantías individuales por 90 días, a los efectos de la aplicación del artículo 31 de la Constitución, y la declaración del estado de guerra interno, a efectos de aplicar el artículo 253 de la Constitución que daba lugar a la intervención de la Justicia Militar ante el estado de amedrentamiento en que se encontraba la Justicia ordinaria, después de una ola de secuestros y amenazas sufridos por su integrantes”, indicó.

La sesión de la Asamblea General comenzó a las 19:36 horas del 14 de abril y finalizó más de 20 horas después y contó con la presencia de todo el gabinete en pleno. “El diputado colorado Ángel Rat dijo en su intervención que la sesión de aquella noche era de una ‘especial gravedad porque habían muerto 12 orientales, 12 uruguayos. La Asamblea General se reúne poco menos que en un baño de sangre que cubre al país, es una contienda de carácter ideológico, una lucha entre la violencia, entre la barbarie y la democracia. Es una guerra, se vive un estado de conmoción y guerra interior, y la peligrosidad para las instituciones que significan los grupos terroristas hace que la Asamblea General tenga que tomar las posiciones más lógicas en defensa de un Uruguay democrático y pluralista’”, citó Manini Ríos. La suspensión de garantías se aprobó por 97 votos en 118 de la Asamblea General y regiría por 30 días. También se aprobó la moción del Partido Nacional sobre el estado de guerra interna.

“Al expirar el plazo en la sesión del 15 de abril, el 15 de mayo se aprobó por 68 en 124 votos una moción del Partido Colorado que extendía el estado de guerra interno hasta la sanción de una Ley de Seguridad del Estado o en su defecto hasta el 30 de junio. Ese día resuelve prorrogar el estado de guerra interno hasta el 22 de julio. Esta prórroga quedó sin efecto al aprobarse ante la Ley de Seguridad del Estado, a partir del 5 de julio de 1972”, añadió.

Dijo que todos estos hechos “contribuyen a conocer la verdad histórica y esta situación debe llamar a una profunda reflexión, dado que la esencia de la democracia descansa en reconocer los derechos de todos, incluso de aquellos que piensan diferente”.

“Realmente creemos que es necesario mirar hacia adelante como país y dejar atrás ese pasado de enfrentamiento, y ese espíritu debe asentarse en el conocimiento de nuestra historia real, desprovista de las pasiones que se viven medio siglo después. Una mirada objetiva del pasado, que no oculten y tergiversen los hechos, que no transformen en héroes a quienes atentaron contra la democracia y que reconozca a aquellos que dieron o arriesgaron sus vidas para defender a la sociedad de esa agresión”, comentó.

Aseguró que los hechos de abril del 72 fueron la culminación de una década de sucesos sangrientos que conmocionó la apacible vida de los uruguayos.

En tanto, aseguró que “no acepta” que se simplifique la historia a un escenario con dos actores, es decir, los agresores a la democracia y quienes la defendieron, porque se deja afuera a la gran mayoría de los uruguayos como “simples espectadores”.

En esta situación hubo “muchos actores, internos y externos, que apostaron o provocaron o permitieron ese deterioro constitucional. A veces con la intención de lograr beneficios o por la notoria incapacidad”. Agregó que “hubo actores que nunca fueron señalados con el dedo y les cabe responsabilidad”.

“La historia mutilada que se cuenta solamente para uso y provecho de ciertos grupos no debe hacernos olvidar que esta decisión de declarar un estado de guerra interno para dar el marco jurídico necesario para la defensa del país contra el ataque deliberado contra nuestras instituciones fue declarada por un Parlamento democrático elegido pocos meses antes en elecciones libérrimas”, dijo.

Para que las actuales generaciones alcancen a comprender mejor cómo se dieron los hechos hace “un siglo y medio, el 6 de abril de 1872 se firmaba la llamada Paz de Abril que ponía fin a la Revolución de las Lanzas, movimiento armado encabezado por el legendario caudillo blanco floridense Timoteo Aparicio contra el gobierno del general Lorenzo Batlle, ese día los orientales decidían mirar hacia adelante, mediante un acuerdo en que los dos partidos beligerantes decidían co-participar en la conducción pública. Quedaban atrás los tiempos de odio y división ante el intereses de la patria”.

Agregó que a medio siglo, y a un siglo y medio de hechos tan significativos de nuestra historia es hora de reflexionar profundamente y dar los pasos necesarios para superar los desencuentros del pasado, anteponiendo antes que nada el verdadero interés del país.

“Eso es lo que las actuales y futuras generaciones de uruguayos reclaman y lo que debe buscar un sistema político que esté a la altura de la hora en que vivimos. Que los uruguayos volvamos a resolver nuestros problemas sin la intromisión de intereses de los que le sirve el estado de fragmentación que alimentan en los más diversos aspectos de la vida de nuestra gente”, sentenció.