Amnistía Internacional advierte a Uruguay que tiene una agenda pendiente de derechos humanos

Este 1º de abril se conoció el Informe de Amnistía Internacional 2021/22, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

En el estudio se ofrece un panorama crítico sobre el estado de situación de los derechos humanos en 154 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en 2021.

Con respecto al capítulo de Uruguay, Amnistía Internacional indica que la gestión de la emergencia sanitaria en materia de vacunación contra el Covid-19 estuvo signada por “un inicio tardío, pero con un ritmo constante, alcanzando a una amplia proporción de la población”. Remarca que los primeros meses del 2021 fueron los “más críticos en términos epidemiológicos”, porque “Uruguay estuvo casi medio año en la zona roja según el Índice de Harvard y casi tres meses en el primer lugar en el subcontinente en materia de nuevos contagios diarios”.

También se indica que el cierre de actividades por ciertos períodos generó una “crisis económica y social profunda de la que Uruguay aún no se ha recuperado completamente. Si bien las cifras de pobreza vienen reduciéndose, el salario real se vio afectado y la recuperación del empleo está siendo lenta”.

A pesar de los múltiples desafíos que se enfrentaron debido al contexto sanitario, “se alcanzaron las firmas para someter a referéndum la nulidad de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (N° 19.889)”. En tal sentido, Amnistía asegura que dicha consulta popular “marcará uno de los eventos políticos más significativos del año”.

Libertad de prensa

Por otra parte, la agenda pública tuvo varios momentos de “cuestionamientos a la libertad de prensa y dificultades en el acceso a la información pública”. En el informe se recuerda que la Cámara de Diputados expresó su “rechazo a una nota periodística publicada por un medio internacional, en la que se sugerían algunas dificultades en el cumplimiento al derecho de libertad de expresión en el país”. En el mismo sentido, “se incrementaron los casos de judicialización contra periodistas por parte de actores políticos”, en ese sentido se hace mención a que Google “desindexó del motor de búsqueda dos artículos de un medio uruguayo por denuncias anónimas”, los niveles de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 18.381) “se redujeron y se instalaron cambios en esta ley de manera inconsulta, lo que se suma a la negativa por parte del gobierno de acceder a información estadística, así como información sobre los acuerdos con laboratorios”.

Sistema penitenciario

Otro de los aspectos a los que hace referencia el artículo es que Uruguay “continúa en deuda con el sistema penitenciario”. El número de personas privadas de libertad “sigue creciendo a un ritmo acelerado”. El país se mantiene “primero en América del Sur y en el puesto 14 del mundo en cantidad de presos por cada cien mil habitantes”. En 2021 se observó un “mayor incremento de la población femenina privada de libertad asociada al microtráfico de estupefacientes y hubo un aumento sustantivo de las muertes bajo custodia, sea por causas naturales o violentas”.

Pasado reciente

Asimismo, Amnistía Internacional expresa que “a pesar de la histórica deuda del Estado con la justicia, la verdad y la reparación de los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos del pasado reciente, la Justicia uruguaya culminó varios procesos en curso, alcanzando la cifra de un total de 17 militares, exmilitares y expolicías sentenciados por tales delitos”. Sin embargo, como contracara, “no se obtuvieron avances en nuevos hallazgos de evidencia, ni restos de personas desaparecidas”.

Recuerda, asimismo, que el Parlamento inició el debate sobre el proyecto de Ley sobre Régimen de prisión domiciliaria, que propone que “se otorgue esta pena para los imputados o condenados mayores de 65 años, y entre los beneficiarios se encuentran más de 20 presos juzgados por crímenes de derecho internacional perpetrados en el pasado reciente”.

Embarazo en menores de edad

Amnistía indica que el embarazo en niñas menores de 15 años “sigue siendo una problemática estructural e invisibilizada en Uruguay”. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2020 “fueron 60 las niñas menores de 15 años que fueron madres y 47 las que accedieron a procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo. Existe un vínculo muy estrecho entre los embarazos en menores de 15 años y la maternidad temprana en relación con la violencia sexual y el maltrato infantil”.

Femicidios

“En un año de escalada de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, las organizaciones sociales denunciaron retrocesos y omisiones de las autoridades en términos de prevención y atención de esta población, faltando a lo establecido por la Ley Nº 19.580 sobre Violencia de Género. Según datos del Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia, hubo 30 femicidios en 2021, nueve más que en 2020”, remarca Amnistía en su capítulo sobre Uruguay.

En tal sentido, se expresa que la pandemia “ha expuesto problemas estructurales que enfrenta el país en torno a la salud mental. El aislamiento social motivó un intenso debate sobre las herramientas existentes, las que hacen falta y las perspectivas sobre las que debe abordarse esta problemática en Uruguay”.

Suicidio

Otra de las problemáticas que enfrenta Uruguay y a las que se refiere en el informe es que el país “tiene una de las más altas tasas de suicidio del continente y, a pesar de que se mantuvo estable durante 2020, los especialistas estiman un aumento de entre 18% y 23% para el primer semestre del 2021”.

Por un lado, Uruguay “continúa cumpliendo un rol importante en ámbitos multilaterales de derechos humanos como fueron los posicionamientos frente a las resoluciones relativas a derechos ambientales” y lo mismo ocurrió con las “permanentes denuncias sobre la crisis humanitaria en varios países”. Sin embargo, “el país no apoyó resoluciones clave sobre conflictos armados, así como actos de discriminación, racismo y xenofobia, exigiendo la rendición de cuentas a los responsables”.

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