COFE denuncia cambios metodológicos en medición de indicadores del INE
La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) manifestó preocupación por la “autonomía política del Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que a pesar de tener autonomía técnica, depende institucionalmente de Presidencia de la República, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), lo que hace que esté en riesgo de verse sujeto a lineamientos políticos allí definidos”. Alerta por “cambios” en las metodologías de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) y en la medición del Índice de Precios al Consumo (IPC).
“Dicha dependencia hace que debamos ser extremadamente celosos de su defensa como organismo público y como institución del Estado que debe estar ajena a los vaivenes políticos”, alertó COFE.
Los funcionarios estatales denuncian que en la actual administración, la Dirección Técnica del INE “ha definido y aplicado cambios en las metodologías de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) y en la medición del Índice de Precios al Consumo (IPC)”.
Encuesta de hogares
“Los cambios en la Encuesta de Hogares se implementaron a partir de 2021. Se pasó de entrevistar aproximadamente a 3.800 hogares por mes, con un formulario único y de manera presencial, a realizar un panel rotativo de seis meses de duración que implica que se entrevista a un hogar presencialmente una vez (con un formulario de implantación con un número de variables similar a la anterior ECH) y se lo sigue entrevistando durante cinco meses más, de forma telefónica, con un formulario con menos variables, donde ya no se pregunta, por ejemplo, por educación e ingresos”, detalló COFE.
Para la Confederación, “ese cambio importa a la hora de publicar y generar los indicadores que brinda dicha encuesta, nada más y nada menos que los de mercado laboral, empleo, desempleo, los de ingresos de hogares de personas y, especialmente, las estimaciones de pobreza e indigencia que han sido utilizadas por diferentes actores políticos en estos últimos tiempos para justificar o promover sus posturas ante la opinión pública, realizando comparaciones asociadas a metodologías y períodos de tiempo que no son idénticos”.
El sindicato de funcionarios públicos cuestionó, asimismo, que desde la Dirección del INE “se han negado a brindar información al gremio del organismo respecto a la cantidad de encuestas efectivamente realizadas en este período (que dan origen a los indicadores que se publican), y paralelamente ha sometido a los trabajadores a un fuerte y negativo impacto en las condiciones de trabajo y salariales”.
Denunciaron también que en el organigrama institucional de la encuesta “desapareció una sección entera dentro de un Departamento del Instituto que es la de Control de Calidad”.
“En el proceso de reestructura de esta División los nombramientos directos y discrecionales, sin concurso, siguieron siendo la tónica de la administración. No así la transparencia para brindar información en el marco de la negociación colectiva ni a la población, a la cual, por ejemplo, no se la ha informado del objetivo de solicitar el documento de identidad a la hora de ser entrevistada”, compara COFE.
Medición del IPC
Paralelamente a estos cambios en la Encuesta de Hogares, COFE denuncia que “se han comenzado a instrumentar cambios también en la metodología y las bases para la medición del IPC”.
COFE señala que el IPC es un elemento fundamental a la hora de negociar y definir, por ejemplo, “pautas salariales a nivel público y privado”.
Sobre estos cambios, la Dirección del INE “también se ha negado a proporcionar información al gremio del Instituto, con el argumento de que no tenía aún definido su alcance y forma”. Sin embargo, “en los hechos se han ido ejecutando acciones para conformar una nueva base para la medición de este índice, que según se ha comunicado a los trabajadores implicados en el relevamiento de datos, significará una reducción de sus cargas de trabajo, tanto por la disminución de la cantidad de unidades a relevar (comercios en este caso), como por la implementación de un sistema de formularios auto administrado para determinadas empresas donde las mismas registrarían la información y la enviarían al INE vía web”.
Desde COFE y también los trabajadores del instituto, desconocen “si hay previsto un control de la veracidad y calidad de los datos así obtenidos”.
“La información que sí tenemos es la que ha sido transmitida por la Dirección a los trabajadores en instancias funcionales, y es que las cargas de trabajo disminuirían en promedio en el entorno del 50%, lo que implicaría que el relevamiento directo de precios para calcular el IPC, realizado por funcionarios del Instituto, disminuiría en la misma proporción”, cuestionó Confederación.
El sindicato manifestó que al día de hoy se generan “grandes dudas acerca de los resultados que se están obteniendo a partir de estos cambios metodológicos, en un marco donde más allá de los elementos técnicos, el modelo de gestión en una Institución de suma importancia en la vida del país se ha distinguido por la exposición pública permanente, mientras al interior de la misma hace de la discrecionalidad y la opacidad una marca distintiva de su accionar”.
COFE manifiesta que el proceso de aplicación de estos cambios ha sido “por lo menos accidentado, en el afán de la Dirección del INE de imponer un nuevo modelo de gestión dentro del Instituto, sin negociación colectiva, con nombramientos directos y discrecionales y sin respetar la carrera administrativa; todo lo cual ha sido y es denunciado por el sindicato del Instituto”.
Se mostraron preocupados ante “el desconocimiento de la negociación colectiva establecida por Ley, pues hace a las condiciones en las que trabajadores realizan su tarea, y esas condiciones impactan en el desarrollo de la tarea”.
Denunciaron también “una situación de precariedad e inestabilidad en los ingresos de los funcionarios” que consideran “inaceptable” para quienes son los encargados de relevar y manejar información oficial y confidencial en el inicio de los procesos.
Alertaron “a estar vigilantes en la defensa de las estadísticas públicas de calidad, defendiendo para ello la institucionalidad y la normativa que garantizan la transparencia y los derechos, y que han hecho del INE una Institución reconocida por su trabajo y productos y por ser independiente de lineamientos políticos de los diferentes gobiernos”.
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