Institución de DDHH insta a investigar el centenar de denuncias de abuso policial

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH presentó días pasados su informe y recomendaciones para fortalecer las garantías en los primeros momentos de la detención.

Propone iniciar investigaciones administrativas por un centenar de denuncias de presunto abuso policial realizadas por la Asociación de Defensores Públicos. Plantea crear un registro de casos de tortura y/o malos tratos y rechaza la ampliación hasta 4 horas del tiempo en que los detenidos pueden ser interrogados sin que la policía deba notificar a fiscal o juez, como así lo establece en la Ley de Urgente Consideración (LUC). Las recomendaciones están dirigidas al Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y la Fiscalía General de la Nación.

El objetivo es contribuir a la prevención de la tortura reduciendo los factores de riesgo y eliminando las posibles causas.

Informe

Del monitoreo surge que el Estado uruguayo “incumple la obligación de garantizar el acceso a abogado a todas las personas detenidas”.

En el informe se reitera la recomendación realizada en 2019 y 2021 respecto al cumplimiento de la garantía de asistencia jurídica.

Por otro lado, la INDDHH recomienda “modificar la tipificación del delito de tortura incorporándola al Código Penal como un delito autónomo, en consonancia con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Convención contra la Tortura y en general con los estándares internacionales de derechos humanos”.

En dicho marco, propone “crear y poner en funcionamiento un registro nacional de casos de tortura y/o malos tratos”.

Por otro lado, la institución de DDHH “reitera la necesidad de regular y ampliar la incorporación de cámaras corporales de vídeo para filmar operativos policiales en respaldo a los derechos de las personas detenidas y del propio personal policial”.

Se propone “implementar medidas de prevención indirecta como la denuncia, la investigación y documentación de los casos ocurridos, el enjuiciamiento, la comparecencia en juicio y el castigo de los autores, así como la reparación a las víctimas”.

Procedimientos irregulares

Asimismo, se integra en el estudio el informe presentado por la Asociación de Defensores Públicos ante la SCJ sobre situaciones que se habrían producido en 2020 y parte de 2021.

“Se trata de un centenar de procedimientos policiales presuntamente irregulares en los que se habrían violado las garantías de los detenidos. Estas situaciones, fueron reiteradamente calificadas como: abuso policial, maltrato policial, detención ilegal, allanamiento sin orden judicial, lesiones y falta de atención médica”.

Todas las situaciones fueron puestas en conocimiento de los magistrados.

la INDDHH insta a las autoridades competentes del Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación y Ministerio del Interior a disponer “investigaciones administrativas a efectos de abordar las presuntas irregularidades denunciadas por la Asociación de Defensores Públicos”.