Gandini: “La LUC es una buena ley, habla por sí misma y contrasta con lo que se dice”

 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en la defensa de mantener los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC)?

El 27 de marzo los ciudadanos tendrán que ser legisladores por un minuto, y comparecerán ante las urnas, no para elegir a alguien, sino para derogar o confirmar una ley. Los 2.200.000 habilitados serán legisladores y tienen que estar bien informados ¿Qué fortalezas? La LUC cumplió 19 meses de vigencia, ya ha generado efectos positivos y los hechos son nuestros mejores aliados. La LUC es una buena ley, habla por sí misma y contrasta con lo que se dice. Las debilidades es que hay gente informada, hay gente desinformada que no accedió a la información y que no encuentra con facilidad tener opinión, sobre una ley compleja, como toda ley. Y luego hay gente mal informada, que ha recibido información engañosa, que no se condice con la realidad. Esto nos obliga a levantar afirmaciones que se han hecho, demostrar su falsedad, y en contraste, los efectos positivos del texto de la ley. Ojalá podamos revertir una tendencia que se está generando y se transforme en un debate de ideas, con la postura legítima de cada parte, pero con una información leal, para que no tome opinión sobre aspectos que no son verdaderos. Esto es lo que estamos haciendo pueblo a pueblo, barrio a barrio, recorriendo más de 300 localidades de todo el país, con la primera línea del Partido Nacional y en coordinación con el resto de la coalición.

La intención es generarle al gobierno una derrota, no es contra la LUC es contra el gobierno, es contra los cambios del gobierno que la gente puso con su voto.

Si se caen estos 135 artículos no se cae la ley que es más que esos 135 artículos ¿Es así?

Los 135 artículos son muy importantes, si repasamos cada uno, seguridad, educación, inclusión financiera, adopciones, portabilidad numérica,  ir para  atrás genera desandar un camino, genera un problema legislativo muy grande. Parte de los 135 artículos sustituye artículos anteriores. Cuando cae un artículo, no nace automáticamente el que derogó, queda un vacío, fue derogado. Ahora el referéndum podría derogar el nuevo artículo pero no se sustituye con el anterior. En el 92 cuando la Ley de Empresas Públicas, después que el referéndum derogó aquella ley, el Parlamento debió llenar esos vacíos con la labor legislativa, que fue sencillo, ahora es más complejo, nos sometería a un trabajo legislativo más complicado, más allá que muchos avances concretos quedarían sin efecto. Tendrá efectos más allá del que subyace en el debate referido a 135 artículos. La intención es generarle al gobierno una derrota, no es contra la LUC es contra el gobierno, es contra los cambios del gobierno que la gente puso con su voto. Por lo tanto, tiene otras consecuencias más allá de la LUC el resultado derogatorio o confirmatorio después del 27 de marzo.

Hoy el FA va contra artículos, que no solo votó, sino que ayudó a redactar, saludó y defendió en el ámbito parlamentario.

Desde el Frente Amplio se argumenta que producto de la LUC han ocurrido los sucesivos incrementos de los combustibles, porque ahí está incluida la nueva concepción. Se señala que el gobierno por la existencia del referéndum no aplica los Precios de Paridad de Importación (PPI). El gobierno ha argumentado que no se aumenta porque ANCAP “tiene espalda”, pero eso no tiene que ver con la LUC. El mecanismo es aplicar los PPI como está incluido en la LUC ¿qué responden a esas críticas?

Se tendrán que poner de acuerdo consigo mismos que quieren ¿Qué no suba el combustible o que lo subamos? Además, reposa sobre una falsedad intencional, la ignorancia se cura estudiando, la mentira supone una intención de engaño de inducir  a una conclusión falsa. Recordemos como es el tema. El Poder Ejecutivo, envió en la LUC, un solo artículo referido a combustibles, que era la desmonopolización, es decir, que cualquiera pudiera importar combustible refinado, traerlo al país, incorporarle los impuestos y venderlo directamente. No pasar por ANCAP, ni refinar en la refinería, vender directo las naftas y el gasoil. Ese artículo no salió porque no había votos ni en la oposición, ni en la coalición de gobierno. Que hizo el Parlamento, nos pusimos creativos y generamos dos artículos que determinan este nuevo procedimiento. El Precio de Paridad de Importación (PPI) es como si un importador imaginario, trajera el combustible refinado lo pusiera en la Planta de La Tablada, se le agregaban los costos y el precio del combustible fijado tiene que ser igual, a ese precio de paridad de importación. Esto lo tiene que informar la URSEA mes a mes, con un procedimiento técnico y objetivo, y el Poder Ejecutivo luego de conocido públicamente ese informe, fija el precio. Ese tema lo negociamos entre todos, del FA participó muy activamente la senadora en aquel momento Carolina Cosse y el senador (MPP) Alejandro Sánchez. Está en las versiones taquigráficas, su acuerdo y su “saludo” a esta nueva manera de fijar el precio de los combustibles y se aprobó por unanimidad. Hoy el FA va contra artículos que no solo votó, sino que ayudó a redactar, saludó y defendió en el ámbito parlamentario. Porque ocurrió esto, porque quisimos evitar que el precio del combustible encubriera una recaudación por encima del precio real, esto sucedió entre 2014 – 2019, el precio del combustible y del petróleo estaban en este punto, el petróleo empezó a bajar y el del combustible subía por inflación, sin recoger y seguir la caída del precio del petróleo que es el principal insumo para el precio final. El precio del petróleo luego empezó a subir y en 2019 volvió a su lugar. Ahora en este triángulo, precio del combustible, precio del petróleo, ANCAP recaudó más de 900 millones de dólares ¿qué es lo que se quiere con la LUC? Que cuando el petróleo baje, baje el precio del combustible y cuando el petróleo suba, también suba el precio ¿Qué nos pasó? Que esa discusión se dio mientras el precio del petróleo estaba en 42 dólares, a fin de año ya aprobada la LUC y antes que el FA resolviera incorporarse a la recolección de firmas, el precio del  petróleo estaba a 70 dólares y ahora está a 92 dólares. Esto es con LUC o sin ella, con gobierno de coalición o con gobierno del FA, cuando sube el petróleo, el precio del combustible lo sigue. Más allá que el Poder Ejecutivo puede hacer lo que hizo, ante el aumento coyuntural del petróleo, que tiene que ver con la oferta y demanda y muy condicionado por la Pandemia en el mundo, el último envión del 15% condicionado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobierno utiliza recursos que también obtuvo de modo coyuntural porque la sequía en Brasil hizo que UTE le exportara mucha energía, generada por sus centrales termoeléctricas que hace funcionar a gasoil, le compró mucho gasoil y no estaba previsto, no es un ingreso estructural, ANCAP tuvo ganancias extraordinarias y UTE “ni que hablar” fruto de esa exportación ¿Qué hizo el gobierno? En vez de hacer caja, Rentas Generales con ese ingreso extraordinario, dejó las ganancias en ANCAP y las va usando como “colchón” para regular ese aumento extraordinario. El precio del combustible en Uruguay está igual que en España, Canadá, porque a todos nos subió el precio de un “comodities” que es el petróleo.

Nos interesa que el combustible esté lo más bajo posible.

¿Y cuando el argumento es “no aumentan el combustible porque está el referéndum del 27 de marzo de por medio”?

Si fuera así, no habríamos aumentado los tres pesos ahora, colchón para no subir hay, cuando pudimos no subimos y cuando “nos pegó” este aumento del 15% por el conflicto Ucrania – Rusia que afecta el precio del petróleo y de los fletes, subimos una parte, usamos un poco de “colchón” y vamos a seguir usándolo. Si fuera un tema electoral, lo dejábamos “planchado” y no estaríamos hablando de esto, y lo estaríamos aprovechando electoralmente y después del 27 (marzo) subíamos lo que había que subir y a “llorar al cuartito”. No estamos haciendo eso, estamos regulando, más allá de intereses electorales, el precio real. Nos interesa que el combustible esté lo más bajo posible. Hablaré de algo que no se habla, el Supergás está subsidiado más que antes, por cada kilo de Supergás el Estado pone $ 50. Cuando compras a $ 59 el kilo de Supergás, deberías pagarlo $ 109, y pagas $ 59 porque ANCAP pone $ 50. Eso significa un subsidio de 100 millones de dólares por año. Lo estamos sosteniendo porque es el energético de uso popular más importante para la calefacción y para la alimentación. Lo usan otros sectores, como el comercio. Está totalmente subsidiado y se mantiene el precio, el Estado se sigue haciendo cargo y ahora un poco más, porque estos aumentos se han preferido no reflejarlo en el precio del Supergás, es una política pública pensada para colaborar con el desarrollo del país, no trasladar, teniendo en cuenta el impacto que tiene en la competitividad, en el uso de estos insumos por el sector productivo y por el consumo social.

Tenemos una economía con buenas señales, que nos permiten augurar caminos de salida.

¿Estás 100% conforme con el manejo de la política económica?

Dentro de las limitantes que hay sí, miro las variables veo que el camino elegido es el correcto, falta, pero hay etapas para todo. Tomamos el gobierno con el país en recesión, dos trimestres con crecimiento 0. El gobierno del FA había previsto 3% de crecimiento y fue cero, había previsto un déficit fiscal de 2.5%, el último año le iban a faltar 1.400 millones de dólares para pagar sus cuentas, le faltó 2.800 millones de dólares porque el déficit fue del 5%, y lo pagamos nosotros, y como se paga, como se pagan los déficit contrayendo más deuda, que exige más pago de intereses. El desempleo consecuente con la recesión económica estaba en 10.5%, hoy está en 7%. El déficit fiscal subió de 5% a 6% en el peor año de la Pandemia producto de gastos extraordinarios en el frente sanitario y social, además cayó la recaudación porque la economía se planchó, el déficit subió al 6% y ahora en 2021 bajó, está en el 4%. Es decir, tenemos menos déficit fiscal de lo que había antes de la Pandemia, nos faltó menos que al FA a pesar de la Pandemia, tenemos récord de exportaciones, tenemos caída de la pobreza y caída de la pobreza infantil. Hay que ir al 2006 para encontrar números parecidos, tenemos caída de la indigencia,  tenemos una economía con buenas señales, que nos permiten augurar caminos de salida. Lo que se afectó y sabíamos que iba a ocurrir, era la caída del salario real. Aumento del empleo y aumento del salario no van de la mano en tiempos de crisis. Los Consejos de Salarios fijaron para el 2020, hubo un acuerdo muy maduro incluido el movimiento sindical, para aceptar no tener toda la recuperación salarial necesaria a cambio de generar empleo, se generaron 50 mil puestos de trabajo nuevos, pero hubo un atraso de más de un punto de salario real. Lo mismo ocurrió en el sector público, artículo 4º fija formas nuevas para el ajuste salarial. COFE aceptó en el diálogo, que en 2020 hubiera correlato salarial, iba a ver pérdida y lo aceptó, y el artículo 4º del Presupuesto dice que “debe recuperarse la pérdida salarial en 2020” en los sucesivos años para equilibrarse en 2024, y el movimiento sindical reclamaba que se dijera cuanto cada año, pero esto no se acordó, lo que sí se aceptó fue la caída salarial, todo el mundo quiso colaborar. Esas dos variables salario público y privado perdieron más de un 1%, eso repercutió en el Índice Medio de Salarios (IMS) que disminuyó y que impacta en las jubilaciones. Esta es una de las asignaturas pendientes, hay que seguir recuperando empleo, pero hay que comenzar a recuperar salario, es importante para el “bolsillo” de los trabajadores, pero también lo es para el funcionamiento de la economía. Reposa buena parte de la recuperación en esas dos variables, la inversión y el consumo, y en la medida que hay más dinero en el bolsillo de los trabajadores y jubilados, el consumo se recupera y la economía se recupera. Este es el camino. Dentro de lo que hay, Uruguay lo está haciéndo bien, con estabilidad y credibilidad, está recuperando inversión y va a haber inversión pública importante, hay buenas “luces” en el horizonte para confiar que estamos saliendo de lo peor de los efectos económicos de la Pandemia.

Se ha criticado los cambios que introduce la LUC al régimen de alquileres ¿Una persona se atrasa en el pago del alquiler y puede ser desalojada?

 

Eso es falso. El régimen de alquileres no ha cambiado. La ley de alquileres es de 1974, que es nuestra columna vertebral, se mantiene y no se cambió una coma. Había un problema, personas que tienen ingresos, que pueden pagar un alquiler, pero no tienen la garantía exigida, quién va a contratar un alquiler y no tiene garantías se encuentra que tiene que contratar un seguro o hacer un deposito importante si no, no puede alquilar, y que alternativas tiene, vivir con un familiar, vivir de ocupante o vivir en una pensión. Quienes son los más afectados, las familias más vulnerables, parejas jóvenes que buscan su primera vivienda, los que alquilan por primera vez y jóvenes del interior que cuando vienen a estudiar sus padres les pagan el alquiler pero les piden una garantía radicada en Montevideo y a lo mejor los padres la tienen en Tacuarembó, donde viven. Esto que genera, un régimen opcional aparte, que se llama “alquiler sin garantías regulado en la LUC”. Si usted quiere poner su casa en alquiler, y le alquila a alguien que no pone garantía, y contrata con esa regulación que tiene plazos ¿Y que tiene el propietario que no tiene garantía para cobrarse si el inquilino no le paga? Tiene un régimen de desalojo que no es ni de uno, ni de dos años, tampoco son veinte días, sino un par de meses. En 19 meses de vigencia de la LUC ¿conocemos alguna familia que la hayan sacado a patadas en 6 días? Eso es lo que se está diciendo, pero no pasa, no sucede, no es para eso, sino para tratar que tengan vivienda sectores que tienen ingresos formales o informales, pueden pagar 15.000 un alquiler, pero no tienen garantía. Puedo asegurar que el régimen está funcionando y que hay mucha contratación bajo esta modalidad. Como se hacía antes, sin garantía alguna, sin papeles, ahora funciona regulada, lo tienen las inmobiliarias y lo dan como opción y el inquilino puede elegir, puede optar por el sistema de la ley de 1974 o puede elegir contratar bajo este régimen. Con el tiempo lo puede convertir en algo mejor obteniendo un método de garantía. Esta idea está funcionando bien, se han dicho cosas para preocupar a la gente, si fuera como se dice, en 19 meses ya tendríamos muchos casos de los que se anuncian y eso no ocurrió.