Ignacio Álvarez: La Justicia liberó una peligrosa orden que atenta contra la libertad de prensa
El periodista y comunicador, Ignacio Álvarez, expresó que la Justicia liberó una “peligrosa orden que atenta contra la libertad de prensa y de información” al pedir el allanamiento de Azul FM y de su domicilio particular por la emisión en su programa radial “La Pecera” de los audios con contenido íntimo referidos al caso de violación grupal de una mujer 30 años, cuyos acusados fueron imputados en las últimas horas.
Este viernes, la fiscal Sylvia Lovesio logró la imputación con prisión por 180 días, de tres hombres mayores de edad, de entre 18 y 19 años, por el delito de “abuso sexual especialmente agravado”, y uno de ellos, además, fue imputado por la difusión del material de contenido íntimo y sexual sin autorización de la víctima.
Por otro lado, la Justicia ordenó a la Policía el allanamiento de los estudios de Azul FM y del domicilio del periodista Ignacio Álvarez, a raíz de que el comunicador difundió en su programa radial audios de contenido sexual, que apuntan a que no se trató de una violación, sino de un encuentro sexual grupal consentido.
Libertad de prensa
En su cuenta de Twitter, Álvarez dijo que “después de la inédita denuncia que le realizaron los legisladores del Frente Amplio, hoy la Justicia liberó una peligrosa orden que atenta contra la libertad de prensa y el derecho de todos a estar informados”.
Aseguro que, por tal motivo, no entregó su celular y recurrirá la sentencia.
“Hoy de mañana una fiscal y una jueza ordenaron allanar Azul FM y mi casa, e incautar celulares y todo dispositivo electrónico de uso personal y del programa ‘La Pecera’, para de esa forma acceder a ‘comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado’”, detalló el periodista.
Agregó: “Es decir que mandaron a la Policía confiscar toda la información que tiene mi equipo periodístico, entre la que hay denuncias contra políticos y gobernantes, identidad de fuentes, de víctimas de delitos, etc. Así, con esa orden ilegal e inconstitucional pretenden forzarnos a revelar nuestras fuentes, un derecho fundamental consagrado en la Ley e, incluso, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene mayor valor que la Constitución”.
Álvarez dijo que “una orden que si se cumpliera sentaría un precedente grave e inédito que pondría en peligro el trabajo de todos los periodistas uruguayos, y en consecuencia el derecho de la gente a estar informada”.
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