Crysol pide a la Corte de Justicia que priorice casos de violaciones a DD.HH en dictadura

Crysol se dirigió por nota al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. John Pérez, deseándole éxitos en su gestión.

A la vez, la asociación de ex presos políticos del Uruguay solicitó tenga a bien incluir entre las prioridades a resolver las recomendaciones formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso “Maidanik y otros vs Uruguay”, del pasado 15 de noviembre de 2021.

El caso se refiere a la desaparición forzada de Luis Eduardo González González y de Osear Tassino Asteazu, así como las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Laura Raggio Odizzio y Silvia Reyes (caso conocido como Las muchachas de abril) en el marco de la dictadura cívico – militar en Uruguay, en cuyo período se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales.

En este sentido, se alude a que el Estado “violó los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Asimismo, se argumenta que la aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado constituyó un obstáculo para la investigación de los hechos en distintos momentos, dado que tuvo el aparente efecto de procurar la impunidad, así vulnerando las garantías judiciales y a la protección judicial.

Derecho a la justicia

Crysol manifiesta en su carta al presidente de la Corte de Justicia que una vez derrotada la dictadura cívico militar, al retornar a la democracia, durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, el Parlamento uruguayo, mediante la Ley 15.737, ratificó la adhesión a la Carta Interamericana de DD.HH y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de DD.HH.

“La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad de acuerdo a los compromisos internaciones ratificados por Uruguay, es una potestad exclusiva del Poder Judicial”, remarca Crysol.

La organización expresa también que “el derecho a la justicia es un derecho de todas las víctimas y una necesidad social para afirmar la democracia, el Estado de derecho y generar las condiciones que impidan la repetición de tan luctuosos sucesos”.