MSP asegura que decisión de la Justicia de cerrar Casa de Galicia es inconveniente e inoportuna

Salud Pública remitió en las últimas horas un escrito al juez letrado de concurso de primer turno, Dr. Martín Thomasset, referido a la decisión de clausurar Casa de Galicia a excepción de los Institutos de Medicina Altamente Especializados (IMAE), lo cual implica el cierre inmediato de la institución mutual, una decisión que forma parte de las potestades del juez de Concurso.

De todos modos, Salud Pública expresa que “no comparte la decisión”, porque Casa de Galicia es un actor clave dentro del escenario mutual que cuenta con recursos materiales y personal imprescindible para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud, razón por la cual se brega por la continuidad en su funcionamiento y el respeto de los derechos de los usuarios, asociados y trabajadores, objetivo que la secretaría de Estado “procuraba tutelar a través de la intervención administrativa”.

El MSP asegura que el fallo de la Justicia “no es ilegal (causal que haría admisible impugnarlo)” per insiste en que no lo comparte por “inconveniente e inoportuno”.

“Es inoportuno al punto que previó lisa y llanamente la clausura de toda actividad con excepción de los IMAE, no teniendo presente que había cientos de personas internadas que necesitaban, como mínimo, ser estabilizadas previo a su traslado, omisión corregida a instancias de gestiones del MSP”, destacó la secretaría de Estado.

De todos modos, indica que la decisión “no sorprende”, en la medida que los IMAE constituyen la principal fuente de ingresos actual y porque la actuación concursal se basa en parámetros economicistas y está orientada al pago de acreedores, “mientras que la tutela del Poder Ejecutivo a través del MSP, reconoce además el inherente fin social de estas instituciones por su vocación de tutela de los derechos humanos más esenciales, la vida, salud e integridad física y mental”.

Responsabilidad de gestiones anteriores

La secretaria de Estado comparte que las acciones y decisiones que derribaron en esta situación económico-financiera deficitaria “no son responsabilidad de la sede judicial ni del MSP, ni de los síndicos”.

“La responsabilidad de esta situación proviene de la gestión de las entonces autoridades naturales de casa de Galicia que, a pesar de los reiterados y millonarios apoyos económicos brindados por el Estado, continuaron con un déficit altamente superior al del promedio del resto de los prestadores y sin dar cumplimento, al menos en forma parcial, de sus planes de reestructuración”, señala el MSP en su documento.

También indica que si bien inicialmente la sede judicial desplazo al MSP, consecuencia de las sentencias interlocutorias, “nuevamente asumirá la gestión asistencial, aunque en esta ocasión con Casa de Galicia ya cerrada y con una problemática aún mayor en la medida que repercute en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud”.

El MSP el principal preocupado

Sobre los fundamentos de la clausura de la mutualista, el MSP asegura que le “sorprende que no sitúen el foco de atención en la situación económico-financiera de la institución, sino en una inusual defensa (públicamente muy cuestionada) de la actuación  de la sindicatura y principalmente en dirigir críticas al Poder Ejecutivo y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que son las instituciones que se están haciendo cargo de la situación asistencial”.

La secretaría de Estado rechaza que el juez aluda a la “‘falta de compromiso del MPS’, cuando ha sido el principal preocupado y ocupado por mantener en funcionamiento a Casa de Galicia y fue por eso que dispuso la intervención administrativa”.

La cartera de Salud aclara que tampoco se retiró por voluntad propia, sino que a los 34 días de dispuesta la intervención fue “desplazada” por la sede judicial entre otros argumentos porque la continuación del concurso hacía imposible la participación de la secretaría de Estado

En el escrito se argumenta que mientras el MSP durante la intervención había “priorizado la situación y adoptado un rol negociador y conciliador, lo cual fue reconocido públicamente, tanto por la Federación Uruguaya de la Salud, como por el Sindicato Médico del Uruguay, la sindicatura propuso a las interventoras una serie de decisiones que no se podían compartir, algunas que implicaban el aumento del ya elevado pasivo e incluso que el MSP pasara a un rol de asesoría no vinculante. Obviando por completo la liga de defensa comercial”.

El Poder Ejecutivo y el MSP son los “principales interesados” en la estadidad económica de los prestadores de salud en la medida que el financiamiento de estas instituciones proviene de las arcas públicas y, por ende, debe estar dirigido a atender como principal prioridad las necesidad asistenciales de la población”, señala la secretaría de Estado.