Ediles del FA llevarían a la justicia contrato de intendencia de Paysandú a fundación A Ganar

La bancada de ediles del Frente Amplio de Paysandú analizan los pasos a seguir para llevar a la justicia la contratación de la fundación A Ganar por parte del gobierno departamental de Paysandú (a cargo del nacionalista Nicolás Olivera), entendiendo que en el proceso “se ha cometido una serie de irregularidades que ameritan el pase de todas las actuaciones a la Justicia penal, al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva”.

Las conclusiones de los frenteamplistas saltan a partir de la comisión investigadora puesta en funciones por la Junta Departamental sanducera en mayo de 2021, que analizaron supuestas irregularidades en la adjudicación de una licitación para manejar los recursos humanos de ocho Centros CAIF y un Centro Siempre.

Por la comisión pasaron una importante cantidad de personas a brindar explicaciones, entre los que destacan el encargado de la fundación, el secretario general de la intendencia y el director general de administración, pero el FA dice que ni ellos ni los demás pudieron explicar “el entramado que se generó para la contratación de esta fundación, la que fue duramente cuestionada por el Tribunal de Cuentas (TCR) de la República en un informe lapidario”, que “ha pretendido ser invisibilizado por el oficialismo”.

El informe del TCR al que hacen alusión es del 9 de junio y resolvió en mayoría observar los gastos en que se incurrió en la contratación. Entre otros particulares, el tribunal indicó que en cuanto a la erogación estimada por concepto de salarios, “debió tramitarse como licitación pública y darse cumplimiento a todas las normas inherentes a dicho procedimiento”.

“Lo dijimos y lo reiteramos aquí: la contratación de la fundación A Ganar es completamente irregular, violatoria del orden jurídico y, como también sostuvimos, sólo se persiguió con ello evadir a un órgano del Estado”, concluye el FA.

Trabajo precario y evasión de aportes

Agregan que el gobierno departamental sanducero validó un mecanismo de “precarización del trabajo municipal, el que ya no es contratado en función pública ni como eventual sino como trabajador” de una entidad que no es estatal (la fundación), a fin de ahorrarse aportes a la seguridad social.

“Pero lo que es peor, sometiendo a estos trabajadores a un régimen de absoluta precarización, de contratos basura, de inestabilidad laboral permanente, todo lo cual ha significado para estos sanduceros un profundo cambio regresivo en sus condiciones de vida y de estabilidad laboral e incluso emocional”, agregaron desde el FA.