FA expresa profundas diferencias con las propuestas de reforma de la seguridad social

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio recibió este viernes 29 de octubre a sus representantes ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), José Luis Baumgartner, Ernesto Murro y Jimena Pardo.

Los delegados del FA ante la comisión se refirieron al proceso de trabajo y recomendaciones para la reforma del sistema previsional elaboradas por los nueve miembros del oficialismo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social.

En dicho marco, el FA expresó en una declaración, que el envejecimiento de la población y el impacto del cambio tecnológico en el mercado de trabajo (junto a otros factores, como por ejemplo la pandemia), “hacen necesario abordar, periódicamente, reformas y revisiones, estudiadas y consensuadas, del régimen de seguridad social”.

Pero, como ya lo ha manifestado el Frente Amplio, “estas reformas no deben tener en cuenta exclusivamente la sustentabilidad financiera”.

Además, “deben contemplar que el sistema siga teniendo y mejore la cobertura y la protección que brinda a las personas, o sea, que tenga sustentabilidad social. La inversión social contribuye a generar sociedades más justas e igualitarias, lo que se traduce en una mayor confianza en las instituciones y en su democracia”.

El FA recuerda que durante los 15 años del gobierno de izquierda se concretaron “muchas e importantes reformas”, tales como: “en la seguridad social, la salud, laboral, tributaria, entre otras”.

“Reformamos las jubilaciones del BPS facilitando su acceso y mejorando lo que se cobra, el seguro de paro, las asignaciones familiares, las licencias por maternidad/paternidad y medio horario para recién nacidos, mejorando sustantivamente todas las prestaciones. También reformamos las Cajas bancaria, policial, militar y notarial (todas ellas, salvo la notarial, pendientes de reformarse desde 1997). Otorgamos derechos a monotributistas, pequeños empresarios y trabajadores por la cuenta, personas con discapacidad, deportistas, artistas, trabajadoras domésticas y rurales. Y en muchas de esas importantes reformas para la gente y el desarrollo del país, sin los votos de quienes actualmente integran la coalición de gobierno”, cuestiona el FA.

La oposición remarca que en la actual Comisión, sus delegados también aportaron ideas y estudios sobre los temas analizados.

El FA asegura que la forma de trabajo en la primera etapa de la CESS, sobre el diagnóstico, permitió a su delegación “participar activamente del proceso, aportando mejoras sustanciales a los borradores que se fueron elaborando, lo cual fue reconocido públicamente”.

A pesar de ello, el Frente Amplio finalmente no acompañó la aprobación del diagnóstico, porque mantenía y mantiene importantes diferencias con aspectos centrales del mismo.

En la segunda etapa de trabajo, relativa a las propuestas de reforma, “lamentablemente la delegación del gobierno ante la CESS cambió radicalmente la forma de trabajo, y excluyó de la discusión a los representantes del Frente Amplio, y a los representantes de los trabajadores, empresarios y jubilados y pensionistas”.

“Resolvieron que el informe de recomendaciones sería elaborado por los nueve miembros nombrados por el Poder Ejecutivo y por los partidos integrantes de la coalición de gobierno, y que una vez finalizado, recién se presentaría para la consideración de los otros seis integrantes de la Comisión”, cuestiona la izquierda.

Manifiesta, asimismo, que dicha decisión del gobierno se apartó del espíritu de la convocatoria y rompió unilateralmente un ámbito que había funcionado de manera correcta.

“Insólitamente, luego de haber sido elaborado durante casi tres meses en forma exclusiva por los nueve miembros oficialistas, el documento aclara que ‘no representa necesariamente la posición de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, ni la del Poder Ejecutivo’”, cuestiona el FA.

Para el Frente Amplio resulta “totalmente inaceptable que nadie se haga cargo de las propuestas presentadas”.

La izquierda expresa que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha dicho que “no son vinculantes”. Propuestas que “impactarán directa y profundamente en la calidad de vida de la población”.

“Es una manera de rebajarle y esconderle a la sociedad uruguaya el debate serio y responsable que requiere un tema trascendente, que no puede ser nunca objeto de especulaciones políticas. Además, se trata de presentar las recomendaciones como si fueran sólo supuestamente técnicas, cuando tienen claras definiciones políticas e ideológicas”, considera el FA.

Promesas electorales

El FA remarca que tiene diferencias respecto de la forma en cómo se ha desarrollado el trabajo de la Comisión de Expertos y, más allá de ello tiene “profundas diferencias con el contenido de las recomendaciones presentadas por los representantes del oficialismo”.

Agrega que significan un “notorio debilitamiento de principios rectores fundamentales que deben estar presentes en cualquier reforma de jubilaciones y pensiones”.

En la declaración del FA se indica que las recomendaciones de la Comisión “proponen algunos cambios que buscarían una reforma genérica para todas las cajas. Hay algún cambio que buscaría apuntar a fortalecer las prestaciones para los sectores más desamparados. Tiene algunos aspectos específicos que podrían compartirse. Pero este apuntalamiento se hace a costo de aumentar, al barrer, la cantidad de años de trabajo exigidos para jubilarse y pensionarse”.

“También a costa de la fuerte rebaja de las prestaciones, incluidas las de discapacidad, en particular para los sectores de ingresos medios y medio-bajos”, cuestiona la izquierda.

El FA asegura que “la promesa de campaña electoral del presidente de la República de mantener las edades de jubilación para los actuales trabajadores, es dejada de lado cuando se aumenta indiscriminadamente la edad de retiro y de acceso a pensiones de viudez, sin contemplar determinadas realidades: no todos tienen las mismas condiciones, lo que amenaza con dejar gran cantidad de personas sin protección en edades donde no tendrían posibilidades de reinsertarse en el trabajo”.

Los cambios considerados en su conjunto “no sólo cargan el ajuste sobre las clases medias, sino que tampoco contemplan a cabalidad la situación de los trabajadores a los que dice asegurárseles un mínimo ingreso, dadas las exigencias que fija la propuesta, ya que tendrán acceso al mismo varios años más tarde que en la situación actual”.

Por tal  motivo, el FA discrepa con “la concepción que inspira el borrador de recomendaciones, donde poco y nada se dice de la justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza, la solidaridad, elemento central de la seguridad social, además de evitar la pobreza y sustituir los ingresos que las personas cobran en actividad”.

El documento sugiere que la única redistribución del ingreso deseable es “aquella que sea estrictamente indispensable para garantizar ciertos mínimos vitales de subsistencia al tiempo que se promueve un autofinanciamiento injusto y se equipara la responsabilidad individual a la responsabilidad superior del Estado”.

Asimismo, “la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, aparece fuertemente cuestionada en general”, indica la oposición.

Además, “contrariamente a lo anunciado por los representantes del oficialismo, la propuesta no es integral, ya que no sigue avanzando como se hizo desde 2018, en revertir la enorme desigualdad e injusticia que supone el actual Servicio de Retiros o Caja Militar, sino que mantiene beneficios costosos e injustos para la alta oficialidad en actividad y en retiro”.

Para el Frente Amplio, los cambios propuestos para el régimen de ahorro individual lo empeoran: “incorporan las propuestas que hicieron las AFAP privadas, que aumentan la inseguridad y la incertidumbre para las personas y lo hacen más complejo y de más difícil comprensión”.

Asimismo, considera que parte de las reformas planteadas, además, “acarrearían mayores costos, impactando en un aumento de las comisiones que las AFAP cobran. En forma errónea, hay una confianza en que la mayor ‘competencia’ contribuirá a lograr mejores resultados para los afiliados, y que solucionará muchos de los problemas del sistema”.

“Aún no se conocen los importantes costos de transición que implica que todos los nuevos aportantes de todas las cajas ingresen al sistema mixto, que amplía el mercado de las AFAP”, se expresa en la declaración del FA.

A la vez, cuestiona que las recomendaciones planteadas “reducen excesivamente el pilar administrado por el BPS, que tiene un rol fundamental especialmente para los trabajadores de menores ingresos, tornando de hecho obligatorio el pilar de ahorro individual (AFAPs) que empeora su actual diseño en varios aspectos que impactan sobre la jubilación y las pensiones”.

Incompleto, injusto y negativo

El FA manifiesta que no acompaña la aprobación del documento presentado, por considerarlo “incompleto, injusto y fuertemente negativo en varios aspectos centrales de su contenido”.

Encomienda a su delegación en la CESS, la elaboración del documento de fundamento de voto a presentar en dicha Comisión.

No acompaña las recomendaciones y reafirma su disposición a continuar trabajando “intensa y seriamente en las necesarias reformas del sistema de seguridad social con sustentabilidad financiera y social”, y con un “gran diálogo nacional a desarrollar una vez que el Poder Ejecutivo se comprometa y formalice en un proyecto de Ley su propuesta”, sin perjuicio de la labor que desempeñarán sus legisladores.