Senadores del FA presentaron denuncia penal por “entrega” del puerto de Montevideo a Katoen Natie

Este miércoles 29 de septiembre, los senadores frenteamplistas presentaron una denuncia penal contra Heber, Olaizola, Ferrés y Curbelo, por su participación en el proceso de celebración del acuerdo extrajudicial entre el Estado uruguayo y Katoen Natie, por “irregularidades y hechos con apariencia delictiva cometidos en todo el proceso”.

Beneficio indebido

En la denuncia, el FA indica que “los denunciados perpetraron una serie de estratagemas y actos engañosos varios, que evidencian una clara simulación para conferir un beneficio indebido a la empresa, en perjuicio de otras empresas y del país, abusando de los poderes conferidos por el cargo que ostentan, violando una multiplicidad de leyes con conciencia y voluntad”.

Los legisladores expresan que “resulta difícil de calificar, en cuanto a su grosera y rampante ilegalidad, el hecho de que el gobierno tomó semejante decisión sin asesoramiento jurídico y económico alguno, actuando como ‘dueños del Estado’”.

“¿Acaso a alguien se le ocurriría, siquiera, la idea de suscribir una transacción valorada en 1.500 millones de dólares y simultáneamente otorgar una concesión monopólica por la friolera de 50 años sin un solo asesoramiento jurídico y económico como insumo de semejante decisión?”, se pregunta el FA en la denuncia penal.

Por otro lado, expresan que no se está ante un mero expediente de trámite de compra de insumos para el funcionamiento diario de una oficina pública. “Estamos ante un acto administrativo de una trascendencia mayúscula, consistente en la prórroga de una concesión portuaria, nada menos que por 50 largos años”.

Denuncian, asimismo, que la normativa vigente ordena, a texto expreso, que debe existir asesoramiento preceptivo de la ANP, el que no existió. “Al punto que resulta público y notorio, mediante declaraciones públicas de actores políticos integrantes de la coalición de gobierno, que jamás tuvieron conocimiento del punto. Tal escandalosa violación de una norma expresa de derecho positivo, en un tema tremendamente trascendental para el futuro de nuestro país, resulta de una arbitrariedad indiscutible y contundente”.

Accionar ilegal y delictivo

“Hubo un accionar ilegal y delictivo de parte de quienes participaron en el perfeccionamiento de este acuerdo y de quienes, luego de suscripto el mismo, trabajaron en la elaboración del ordenamiento jurídico reglamentario ilegal también, para hacer que el mismo pudiera cumplirse. Que por el secretismo que celosamente se cultivó por los perpetradores increíblemente ni siquiera sabemos a ciencia cierta quiénes fueron. En forma secreta, y a escondidas hasta de los propios integrantes de la coalición de gobierno, se firmó un acuerdo que es ilegal porque contravenía las normas jurídicas, desde la Constitución de la República hasta la Ley de Puertos y la Ley que creó la concesión de TCP, entre otras”, se argumenta en la denuncia

Delitos muy graves

El senador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera dijo a la prensa que la tesis del Frente Amplio es que “se han configurado una serie de delitos muy graves en perjuicio del país y de la administración pública, abuso de las formas jurídicas, incumplimientos de la Constitución de la República y de la Ley de Puertos, que traen perjuicios a 700 familias que perderán sus ingresos”.

Agregó que el país inició a partir de este acuerdo que se firmó en febrero pasado “un derrotero en materia de política portuaria”, y aseguró que “hay varias figuras penales y un perjuicio económico enorme para el país, además de beneficiarse a una empresa privada en más de mil millones de dólares, hay usurpación de funciones y falsificación ideológica. Se trata de un acuerdo inadmisible”.